El Consejo de Ministros ha acordado este martes la caducidad del expediente abierto contra el Consejo Insular de Aguas de La Palma por la instalación de tuberías para regadío atravesando una de las fajanas creadas por la erupción volcánica por la ocupación y ejecución de obras en el dominio público marítimo-terrestre sin título administrativo. La sanción a la que se enfrentaba el Cabildo era de 1,7 millones.
En febrero de 2023, el entonces presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, manifestó que “el interés del Cabildo ha sido dar prioridad a las necesidades de agua de regadío para una de las comarcas plataneras más productivas de Canarias, como es la zona comprendida entre Las Hoyas y El Remo, tomando decisiones valientes y apostando por los agricultores”.
La erupción volcánica sepultó la anterior tubería que suministraba agua a la comarca de Las Hoyas-El Remo, que se suplió con la instalación de tres desaladoras en el núcleo de Puerto Naos, la aportación de un buque cisterna en los primeros meses y la creación de nuevas conexiones que aportan agua desde otras partes de la isla.
El Cabildo de La Palma confiaba en que la Dirección General de Costas le diera la razón porque “la obra es jurídicamente y técnicamente viable”, manifestó entonces, aunque reconoció que el expediente sancionador abierto contra la administración insular es “económicamente importante”. Sin embargo, Zapata mantuvo que la tubería “se pondrá en funcionamiento pase lo que pase”.