El Gobierno de Canarias destinará hasta final de año más de 50 millones de euros a combatir el desempleo. Así lo anunció la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento, a petición propia, para informar de la situación actual del empleo, los objetivos y acciones a desarrollar en esta materia por su departamento, intervención en la que dio cuenta de la hoja de ruta de la Consejería para dar cumplimiento al Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, en materia de empleo, en base a cuatro ejes: planes especiales de empleo; apoyo y asesoramiento; formación y flexibilización y flexibilización y modernización administrativa.
En materia de planes de empleo, Máñez explicó que se contará con una parte de los fondos del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y de otros del Servicio Canario de Empleo (SCE) “que hemos reconducido, en un tiempo récord, para ponerlos a disposición de la nueva situación generada por la COVID-19”. Entre las principales medidas que se activarán, y que estarán incluidas en el futuro Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, se encuentra un plan de empleo turístico en los municipios de mayor afluencia más afectados por la pandemia, dotado con 10 millones de euros y enfocado a actividades como el embellecimiento de zonas turísticas, vigilancia y concienciación de la ciudadanía sobre medidas sanitarias. Además, se destinarán otros 10 millones de euros para planes de empleo COVID-19, dirigidos a personas desempleadas afectadas por la crisis sanitaria, principalmente con cargas familiares y familias monoparentales sin empleo.
Asimismo, se dotarán otros 5 millones para un plan de transición ecológica que se ejecutará a través de los cabildos, de manera alineada con la Agenda 2030 y que estará vinculado a las nuevas economías azul y circular. Por último, la consejera informó de otra medida, dotada con 20 millones, para reeditar los planes de empleo social con los ayuntamientos de Canarias, en coordinación con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para atender a las familias más vulnerables y a las personas paradas de larga duración.
Como señaló la consejera, la búsqueda de “soluciones compartidas y consensuadas” a esta crisis ha llevado a la Consejería a mantener contactos permanentes con todos los agentes implicados, en especial las organizaciones sindicales y empresariales, con cuatro convocatorias del Consejo General de Empleo; la reactivación del Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y las Pymes Canarias y más de 50 reuniones con administraciones y organizaciones “para hacer un frente común contra las consecuencias sociales y económicas de la crisis de la COVID-19”.
Apoyo y asesoramiento a pymes y personas autónomas
Elena Máñez avanzó que, en el marco del Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y a las Pymes Canarias, se han constituido dos mesas de trabajo que se encargarán, respectivamente, de abordar la elaboración del Plan de Apoyo al Emprendimiento y de analizar una mejora de la Ley Canaria de Emprendimiento. Como apuntó la consejera, el Plan de Emprendimiento “debe ser aprobado por este Parlamento” y “tiene que dar respuesta a las necesidades de pymes y autónomos en los próximos años, en los que todavía se notarán los efectos de esta crisis”.
Sin embargo, hasta que este Plan se apruebe, la consejera señaló que se reforzarán las medidas de apoyo a las pymes y personas autónomas con dos nuevos gabinetes, uno de análisis y asesoramiento sobre los ERTE, dotado con 190.000 euros, y una unidad de apoyo en el Servicio Canario de Empleo para el asesoramiento a personas autónomas y pymes, dotada con 120.000 euros. Ambos se suman a los Servicios Integrales a Empresas del SCE, dotados con 1.900.000 euros, y al servicio de asistencia y asesoramiento a empresas de la Red Cide, dotado con 2.521.122 euros para el periodo 2020-2022. Por otro lado, insistió en la importancia de adaptar los planes especiales de formación a la realidad insular y comarcal, en coordinación con las corporaciones locales, agentes económicos y sociales, aprovechando las nuevas oportunidades que ofrecen los sectores emergentes vinculados a las economías azul y circular.
Máñez también aludió a una nueva medida dirigida de manera específica a trabajadores y trabajadoras afectadas por un ERTE motivado por la COVID-19, por un importe inicial de 500.000 euros ampliables, para incentivar la mejora de sus condiciones contractuales una vez finalice el expediente.
Además, los compromisos del Pacto destacan la lucha contra la economía sumergida. Así, por primera vez, el Servicio Canario de Empleo pondrá en marcha una medida específica, dotada con 100.000 euros ampliables, para impulsar la contratación de personas desempleadas para la prestación de servicios domésticos, lo que permitirá aflorar empleo irregular en este sector, una situación que afecta especialmente a las mujeres.
Otro de los pilares del Pacto es la modernización y flexibilización de la administración. Por ese motivo, el SCE trabaja en estos momentos en el diseño de un plan de modernización con base tecnológica para, dijo Máñez, “avanzar en los procesos de gestión de la demanda y virtualización de servicios, incorporando el potencial de las nuevas tecnologías a los servicios de atención a la ciudadanía” y que tendrá como objetivos ofrecer servicios de valor añadido a la ciudadanía o entidades colaboradoras; mejorar los sistemas de soporte a la gestión para incorporar medidas de simplificación en la tramitación y mejorar la infraestructura tecnológica y garantizar la seguridad de la información.