El Ministerio para la Transición Ecológica ha trasladado al Cabildo de La Palma la reapertura del expediente sancionador al Consejo Insular de Aguas por la instalación de una tubería sobre la fajana del Tajogaite, elevando la propuesta de sanción a 2.132.760 euros, informa en nota de prensa.
Como ya advirtió el presidente insular, Sergio Rodríguez, en el mes de abril, “a pesar de caducó el expediente, la sanción no había prescrito, suponiendo esta reapertura de expediente la confirmación de que desde el Estado, a través de la Demarcación de Costas, se sigue con el proceso administrativo iniciado junto con la construcción de esa tubería”.
Con el inicio de este nuevo expediente sancionador, se ha enviado “un oficio que recuerda que el expediente se refiere a la 'ocupación y ejecución de obras para un acceso en dominio público marítimo terrestre y servidumbre sin la debida autorización, construyendo una tubería de casi 1.500 metros de longitud”.
El expediente está basado en “la ocupación y ejecución de obras en el dominio público marítimo terrestre, sin título administrativo, de 11.600 metros cuadrados y una longitud en la servidumbre de 300 metros lineales y 2.400 metros cuadrados, por la instalación de tuberías para regadío atravesando la fajana grande de norte a sur, en el término municipal de la Villa de Tazacorte”.
Por todo ello, se siguen imputando infracciones sobre esa ocupación, haciendo hincapié en que el Consejo Insular de Aguas “desatendió el requerimiento de paralización del Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife emitido con fecha 22 de julio de 2022”, lo que motivó la incoación del expediente sancionador y permite cualificar la infracción como grave“.
De ese proceso, como consecuencia de la infracción que se le imputa y de acuerdo a la ley 22/1988 de 28 de julio de Costas, “la sanción que se impone es de 2.132.760 euros”, informa el Ministerio. Además, se obliga al Consejo Insular de Aguas a restituir la fajana al estado anterior a la construcción de la tubería.
Ahora el Cabildo de La Palma dispone de un plazo para poder presentar alegaciones y poder trabajar para aminorar o conseguir extinguir la responsabilidad y evitar este perjuicio a las arcas públicas de la Institución insular, subraya.
Sergio Rodríguez lamenta que “este proceso heredado del gobierno anterior pueda lastrar el proceso de recuperación de la Isla, especialmente vinculado al sector primario”. Para ello, dice, “ya se han mantenido encuentros al más alto nivel para intentar reconducir la situación”.
Además, Sergio Rodríguez destaca que “ahora le toca al actual gobierno insular el venir a resolver otro problema más generado por el gobierno anterior por su inacción o dejadez”.
Sergio Rodríguez lamenta confirmar “lo que ya le fue comunicado en la reunión con la Dirección General de Costas nacional, y que afecta a fondos propios de la administración insular, en un momento clave en el proceso de recuperación de la Isla, también en el ámbito del sector primario”.
“El agua tenía que llegar a los agricultores, pero no entendemos cómo el gobierno anterior, lejos de sentarse con la Dirección General de Costas y buscar un acuerdo, que en aquel momento hubiera sido factible según la propia Dirección de Costas, optó por tomar decisiones de forma unilateral, siendo conocedores de que invadían el dominio público marítimo terrestre. Hoy tenemos que afrontar el pago de esta multa muy lesiva para las arcas del Cabildo”, apunta el presidente.
Del mismo modo, Sergio Rodríguez destaca que “seguiremos negociando con Costas nacional, apelando a lo extraordinario de la situación, para intentar encontrar una solución a este problema sin que afecte a los intereses de La Palma”.