El pleno del Parlamento de Canarias ha votado este miércoles a favor de la convalidación del decreto de medidas agrarias para la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica, que ha contado con el apoyo de los grupos que respalda al Gobierno y Vox y con la abstención de PSOE y NC-BC.
Los grupos parlamentarios sí han sido unánimes a la hora de decidir que el decreto se tramite como proyecto de ley, lo que abre la oportunidad de introducir cambios a partir de la presentación y aprobación de enmiendas parciales.
El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, dijo que el decreto persigue la recuperación de las explotaciones agrarias y ganaderas preexistentes, con la máxima superficie posible y con el mayor número de agricultores que retome la actividad.
También se busca mantener la protección económica de los afectados hasta que puedan recuperar sus parcelas y actividades mediante ayudas con cargo al Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), que se mantendrán hasta 2025 y se va a pedir a la UE su extensión hasta 2027.
La recuperación puede llevarse a cabo tanto en el ámbito agrario como ganadero y se garantiza el pago del valor real de la reconstrucción, dijo Narvay Quintero.
Indicó que por ahora se han aceptado 120 licencias y hay otras 20 en trámite.
Los afectados que no quieran reconstruir sus explotaciones serán compensados por el valor económico preexistente, y las parcelas serán adquiridas por la administración para asignarlas a aquellos que no puedan reconstruir en sus parcelas originales.
En el caso de áreas a reconstruir con menos de diez metros de lava se permite comenzar la reconstrucción de inmediato; mientras que para aquellas de más de diez metros, se requerirá de informes del Cabildo.
También se abre la posibilidad a aquellos que no puedan reconstruir de trasladarse a otra ubicación en La Palma, así como la permuta y compraventa de las parcelas ubicadas bajo el volcán para facilitar la concentración parcelaria.
La más crítica con este decreto fue la diputada del PSOE Alicia Vanoostende, quien aseguró que esta normativa altera el consenso que se había alcanzado en el anterior gobierno con los agricultores del Valle de Aridane.
La modificación ha suprimido un acuerdo “ilusionante” que buscaba indemnizar a aquellos que optaran por retirarse para establecerse en las áreas periféricas y a la vez planteaba “un proyecto conjunto, altruista y generoso” para una reparcelación conjunta que conllevara una modernización viaria y de riego para beneficio general, liderada por la administración, que se ocupaba de las infraestructuras y de proveer la tierra vegetal.
El nuevo decreto, expuso la diputada, aunque sí mantiene la indemnización por cese de actividad, que es positiva, supone que los afectados tendrán que asumir por su cuenta la contratación de un técnico para la elaboración del proyecto, obtener licencias, pagar un contratista, buscar por su cuenta la tierra vegetal y solventar la infraestructura de caminos, riego y electricidad.
“No todos podrán afrontar este proceso, especialmente aquellos con menos recursos económicos”, advirtió Vanoostende.
Para la representante del PSOE, se frustran las expectativas de los afectados, se fomenta el abandono de la actividad agrícola y se abre la posibilidad de que unos afectados compren las tierras de otros, lo que “plantea interrogantes sobre los intereses que motivan este decreto”.
El portavoz de Nueva Canarias Bloque Canarista, Luis Campos, justificó la abstención de su grupo por las dudas que genera la segregación de parcelas en terreno rústico.
Tampoco está de acuerdo en que en ningún caso se exigen informes de impacto ambiental, ya sea en parcelas ocupadas por la lava o en aquellas que se encuentran bajo protección paisajística.