El portavoz adjunto del grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, ha planteado “la necesidad de analizar alternativas posibles para darle solución a los precios del carburante en La Palma que en reiteradas ocasiones ha despertado un importante malestar entre los consumidores debido al precio que deben abonar comparado con las islas capitalinas”, se indica en una nota de prensa del PP. El objetivo, destaca, es que la medida repercuta en “un abaratamiento” para los palmeros
Cabrera ha recordado que “el Cabildo de La Palma recauda anualmente en torno a 870.000 de euros debido a la aplicación de una tasa que corresponde al 0,02 céntimos por litro de combustible que se abona por el consumo de gasolina 95, 98 y gasóleo, siendo la más elevada que permite la norma y que se aleja considerablemente del 0,0017 que correspondería aplicar si no existiera ordenanza reguladora por parte de la Administración insular”.
En esta línea, los populares apuntan que “se observa como en La Palma el precio del combustible está también viéndose afectado por la doble insularidad y los costes adicionales que esa realidad lleva aparejado” por lo que entienden que “los diferentes partidos políticos con representación en el Cabildo deben sentarse para entre todos y de manera consensuada buscar una solución a este asunto; por lo que han pedido la celebración de una comisión urgente”.
El consejero del PP señala que “cada vez que un palmero va a repostar en su coche paga una media de 1 euro al Cabildo como tasa y que con esa realidad se deben tomar medidas para intentar ajustar los precios especialmente de cara al sector del transporte que se está viendo claramente perjudicado por este asunto”. Añade que “el Cabildo no debe comportarse únicamente como sujeto espectador pasivo sino tomar medidas, que pueden hacerlo dentro de sus competencias, para que el precio del carburante sea inferior y repercuta en el bolsillo de los palmeros. No se trata de tomar medidas improvisadas, sino que sean contrastadas y se les haga un seguimiento para que el beneficio del abaratamiento le repercuta a los ciudadanos”.
“Si queremos de verdad tener una isla competitiva no podemos ante la continua demanda de un sector como el del transporte seguir haciendo oídos sordos y más cuando hay posibilidades económicas en la administración para tomar medidas”, concluye.