El Grupo Socialista informa en nota de prensa que “se ha quedado solo en el pleno de la Corporación Insular para exigir al Gobierno de Canarias la retirada del proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, con la finalidad de poner en marcha con carácter urgente un procedimiento participativo con todos los agentes implicados para consensuar un procedimiento que garantice la igualdad en el acceso y los derechos de las personas en situación de dependencia, así como garantizar los medios humanos y materiales necesarios para el buen funcionamiento del sistema”.
La consejera socialista Susana Machín lamenta “el voto en contra tanto de CC como el PP a una moción que pretende salvaguardar los derechos de la ciudadanía en situación de dependencia y preservar los servicios que se prestan y se deben prestar a las personas reconocidas en situación de dependencia y sus familias”.
Susana Machín, recuerda que “en el pleno del mes pasado exponíamos el malestar de las familias palmeras con la gestión de los recursos de la Ley de Dependencia, al que ahora se suman los agentes implicados como FECAM, FECAI, personal de la Consejería, colegios profesionales, entidades sociales, etc. con el proyecto de decreto que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia”.
Machín destaca que “este proyecto de decreto muestra deficiencias que afectarán a los derechos de la ciudadanía canaria, empezando porque no cumple con la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ni mantiene los criterios establecidos en el Consejo Territorial de Servicios Sociales”.
“Creemos que con este nuevo sistema puede verse limitado el derecho de acceso al sistema o incluso expulsar del mismo a las personas solicitantes antes de ser valoradas”, subraya la consejera, quien añade que este sistema establece la revisión de la capacidad económica de la unidad familiar, cuando la Ley contempla solo a la persona solicitante.
También expone que “se produce el desestimiento de las solicitudes en el caso de que la persona no se encuentre el día acordado de la visita, sin tener en cuenta casos de fuerza mayor; si a los seis meses el expediente no se resuelve obliga a la persona solicitante a interponer un recurso contencioso administrativo; se extingue el derecho reconocido si no se hace uso efectivo del servicio o prestación asignado en el plazo de un mes”.
Asimismo, destacó que “se contempla un equipo de triaje, eliminando a los equipos multiprofesionales y concentra al personal sanitario en dicho trámite, incumpliendo la normativa actual vigente afectando a los derechos de la persona solicitante, puesto que, este equipo de triaje solo con los informes previos, sin haber visto a la persona y sin realizar una valoración integral tiene la capacidad para desestimar las solicitudes”.
Además, apuntó que “se generan dudas en la eficacia de la unificación de la resolución de valoración del grado y el PIA (Programa Individual de Atención) en una fase que se resume en una única visita domiciliaria eliminando así el carácter multidisciplinar, dejando la responsabilidad en el trabajador o la trabajadora social y sin que participe el personal sanitario en la valoración integral”.
“Tampoco entendemos que se permita la valoración de las personas fuera de su residencia habitual que es donde se puede conocer su realidad y las limitaciones que puede tener para realizar las actividades cotidianas del día a día”, concluyó.