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Torres anuncia que el convenio de carreteras se resolverá en su totalidad durante la presente legislatura

La Palma Ahora

Santa Cruz de La Palma —

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El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este martes 8 de febrero, durante la sesión de control del Gobierno en el Parlamento autonómico, que el convenio de carreteras se resolverá al 100% en lo que queda de legislatura entre los gobiernos estatal y canario. El anuncio del jefe del Ejecutivo autonómico se produjo tras una pregunta sobre la comisión bilateral Canarias-Estado que tendrá lugar el día 23 de este mes de febrero, cita a la que seguirá la comisión mixta de transferencia de competencias, en la que las Islas aspiran a recibir las materias de costas, tutela financiera y el servicio de defensa de la competencia. 

Torres recordó que Canarias ya ha recibido 300 millones del convenio anterior y que antes de que concluya la actual legislatura se resolverán los fondos pendientes: “Acabaremos esta legislatura con un acuerdo cerrado”. 

El presidente recalcó que se trata de la primera vez que se reunirá la comisión bilateral Canarias-Estado tras la aprobación, en octubre de 2018, de la reforma del Estatuto de Autonomía y del Régimen Económico y Fiscal (REF). Aunque admite que la negociación sobre la transferencia de costas “no ha sido sencilla”, subraya que su Gobierno nunca hubiese aceptado menos competencias que las ya cedidas a otras comunidades autónomas, y de ahí la prolongación del diálogo hasta esta comisión mixta. Asimismo, insiste en que cualquier diferencia o controversia “debe plantearse y resolverse”. En esta línea, volvió a reclamar que la gestión del fenómeno migratorio no recaiga solo en territorios fronterizos como Canarias. “Esto hay que abordarlo e introducir los cambios legales necesarios”, indicó. 

Sobre las restricciones sanitarias fijadas por la COVID a los viajes de niños británicos hacia España, el presidente también anunció que el Gobierno central, en los próximos días, facilitará la llegada de esos menores gracias a la modificación de las exigencias sanitarias actuales. Con ello, se dará un nuevo impulso al sector turístico del Archipiélago. Este además se verá reforzado por la eliminación de otras restricciones por parte de los gobiernos de Reino Unido, Dinamarca y otros países desde el 11 de este mes. 

El proceso de recuperación en la isla de La Palma 

Sobre los efectos de la erupción en La Palma, Torres reiteró que la recuperación requiere tiempo y se hará desde la lealtad institucional y con escucha activa de la sociedad palmera, tal y como ha ocurrido desde el principio. Según recordó, desde la misma semana de la erupción se comenzó a ayudar a las familias afectadas con hospedaje gratuito y han llegado hasta ahora unos 252 millones de euros desde las distintas administraciones o del Consorcio de Seguros (89 millones, con una media de 117.000 euros por familia). El presidente remarcó que se han entregado 65 viviendas, que los 60.000 euros estatales de indemnización por casa perdida se completarán con otros recursos, que se han repartido 7,2 millones de las donaciones, que ha habido ayudas para autónomos, empresas y sector primario, y que nunca antes se había actuado con tanta celeridad ante una catástrofe así. 

El presidente se refirió también a la situación en el Hospital Insular de Gran Canaria y señaló que se ha elaborado y aplicado un plan de contingencia en este para reforzar los equipos de urgencias debido a la gran presión por la sexta ola de la COVID, que ha multiplicado los casos positivos por 45 respecto a la suma de las etapas previas. Este plan, según afirmó, es temporal y le quedan unos días de implantación, pero dejó claro que “nadie ha dejado de operar para hacer una guardia”. Lamentó que se critique esto desde las descalificaciones y sin hacer ninguna propuesta. 

Una Ley de Vivienda “necesaria y progresista” 

Torres cree que la próxima aprobación de la primera Ley de Vivienda del país es un “acontecimiento importantísimo porque se hace para responder a un derecho constitucional y para los más vulnerables. Es una norma de corte progresista que impedirá que el parque público de viviendas acabe en manos de fondos buitre y que las casas protegidas no se desprotejan ni se pueda especular con el suelo en 30 años”. El presidente recordó el Pacto y Plan de Vivienda de Canarias hasta 2026 y consideró esa ley estatal como “necesaria, tal y como lo era la reforma laboral, y más ante la crisis desatada por la pandemia”. 

Respecto a la gestión de la dependencia en las Islas, el presidente subrayó que, pese a la complejidad de esa área y la incorporación de muchos expedientes en la actual legislatura, en diciembre de 2021 se había tramitado el doble de peticiones que en ese mismo mes de 2018. Por eso, pide que se analice cómo recibió este Gobierno esa prestación social y cómo la dejará al acabar el mandato. Afirmó que las cifras corroborarán la mejora en la gestión pública de este servicio social. A su juicio, no se debe olvidar los 3.000 millones de euros que los gobiernos de Rajoy recortaron en relación con ese derecho, lo que contrasta, por ejemplo, con los nueve aportados a Canarias para dependencia durante la pandemia por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. 

En varias fases del pleno de este martes Torres se mostró optimista con la evolución de la economía canaria en 2021 y con las perspectivas para 2022, año que considera que será el de la consolidación de la recuperación tras la histórica pérdida de casi el 20% del PIB regional por la COVID en 2020. Así, cree muy elocuente el incremento del 12% (90 millones de euros más) en la recaudación fiscal del ejercicio pasado, que el paro haya bajado ya del 19% de la población activa, que haya más afiliados a la Seguridad Social que en toda la serie histórica en las Islas, que hayan aumentado los fondos europeos, estatales y regionales, y que se llegase a casi siete millones de turistas en 2021. 

Torres aludió al informe del BBVA, que prevé una subida del empleo del 8% este año en Canarias y del 9,6 en el PIB regional, así como el 6% en ambos parámetros en 2023. Aunque no esconde los riesgos de la inflación, la subida de tipos, la posible crisis bélica entre Rusia y Ucrania, los problemas de suministro de material y el elevado coste de los fletes, considera que lo que viene será mucho mejor que lo que se deja atrás en estos dos años y medio de legislatura.