El 25 de diciembre de 2021, el portavoz y consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, convocaba a los medios de comunicación para dar por finalizada, de forma breve pero solemne, la erupción volcánica en Cumbre Vieja tras 85 días.
“Lo que quiero hoy decir se dice con muy pocas palabras, con cuatro palabras, la erupción ha terminado”, decía en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma tras una reunión del Pevolca en la que se certificaba que el volcán, que se había apagado unos doce días antes, dejaba de rugir.
Tras un año de trabajo de las administraciones públicas por ir recuperando poco a poco la normalidad en la isla -el volcán obligó al desalojo de 7.000 personas, cubrió más de 1.200 hectáreas de lava y arrasó casi 1.700 edificaciones en total, entre ellas más de 1.300 viviendas-, la situación ha mejorado poco, advierten los afectados.
“Seguimos con mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, la cosa está igual o peor”, resume a Europa Press Fátima Ramos, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Erupción de La Palma, quien reconoce que “uno de los mayores problemas” es la vivienda, con muchas personas aún en casas prestadas, viviendo con amigos o acogidos en tres hoteles de la isla -aún siguen así algo menos de 150 personas-.
Ramos asegura que “hay muchas familias sin nada” y aunque ha habido dinero para los afectados y la reconstrucción -se han movilizado más de 600 millones-, cree que no se ha repartido de forma adecuada.
Además señala que falta mucha concreción en toda la legislación relacionada con el volcán pues aún no se ha aprobado el decreto que pretende regular el urbanismo en la zona de las coladas --“quizás para enero pero no nos han dicho nada”--.
Ante este contexto asume que hay que “seguir viviendo, mantener esperanzas e ilusiones vivas” pero “se nota en el ambiente” que la Navidad, en la comarca oeste de la isla, no es muy feliz.
“No tenemos un hogar como el que teníamos y la incertidumbre de lo que va a pasar”, señala, al tiempo que busca “fuerza para luchar” y que sus derechos y dignidad como afectados “se consigan”.
Juan Vicente Rodríguez, de la Asociación social volcán Cumbre Vieja, critica que los afectados no tienen “valor ninguno” porque no se les tiene en cuenta, ni siquiera por “el dolor” que han sufrido a raíz de la erupción.
Asume que “las ayudas son las que son”, según la ley, pero lamenta que no haya una ley específica para la isla que les “compense” de verdad por más que nunca vayan a tener lo que tenían.
Juan Vicente señala que se sienten “desprotegidos” porque “todo va muy lento”, la entrega de viviendas “a cuentagotas” -aunque se han entregado 140 viviendas más 126 modulares y 537 familias reciben una ayuda de alquiler- lo mismo que las obras en vías y servicios, si bien reconoce diferencias entre los que tienen su casa en Puerto Naos y La Bombilla, cerrados por ahora por gases, que los que la perdieron arrasada por la lava.
“Lo que esté debajo del volcán no existe y búscate la vida”, detalla.
Con respecto a las ayudas afirma que las de emergencia han cubierto las necesidades básicas de los afectados, aunque aún faltan los 30.000 euros por vivienda del Gobierno de Canarias que asegura llegarán, pero pone un ejemplo de la dificultad para rehacer su vida.
Juan Vicente subraya que ha recibido 60.000 euros por su vivienda más otros 10.000 euros en concepto de ayuda de enseres y ante el decreto del Gobierno canario que permite edificar en suelo rústico o agrario, destinó 20.000 euros a la compra del terreno.
“Solo en el solar y roturar ya llevo 35.000 euros y no hecho las paredes, cuando empiece con los cimientos ya me gasté la ayuda y yo tenía una vivienda valorada en 300.000 euros y un confort. Ese dinero no es suficiente para hacer una vivienda”, indica.
Admite “buena intención” entre los gobernantes públicos por más que “la gestión no es la más adecuada” y cree que es mejor apoyarse entre todas las partes que darse “leña”, al tiempo que valora los planes de empleo especiales para la isla dado que son un “balón de oxígeno” para la economía.
Otra de las consecuencias de la erupción es que Puerto Naos, el pulmón turístico del oeste de La Palma, está cerrado con unas 3.000 camas turísticas inoperativas, a lo que se suman muchas primeras y segundas viviendas.
Juan Vicente cree que cuando se retiren las desaladoras provisionales a partir del mes de marzo habrá más suelo disponible y Fátima cree que “hay que tomar cartas en el asunto” y acelerar la vuelta de los afectados a sus casas porque cuando las viviendas se airean y corre el agua, “los gases bajan considerablemente”.
Cara al futuro, el Parlamento de Canarias aprobó esta semana el dictamen de la comisión de estudio que ha estado analizando el futuro de la isla y que aboga por alcanzar un equilibrio entre protección ambiental y reactivación económica para evitar el empobrecimiento de la población y el progresivo despoblamiento de la isla.
También se aboga por la necesidad de buscar soluciones eficaces para las segundas viviendas, las viviendas turísticas, casas rurales, comercios e industrias, que haya un modelo claro de ocupación del territorio, la posibilidad de crear un consorcio para pilotar la reconstrucción o que se implanten más estudios universitarios en la isla.