La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, constituida por familias afectadas por las erupción volcánica en La Palma, denuncia en un comunicado la “indefensión” en que se encuentran por la “falta de transparencia y de participación ciudadana en que están incurriendo todas las Administraciones públicas (Gobierno estatal y canario, Cabildo y ayuntamientos) a la hora de la toma de decisiones para la reconstrucción de la zona destruida por este catastrófico fenómeno geológico”.
Esta asociación advierte de que “en un año preelectoral como este, la correcta gestión de esta emergencia corre el riesgo de asfixiarse en intereses electoralistas, ya sean de gobierno o de oposición, ”sin que esta batalla política realmente esté beneficiando a las familias afectadas“.
“Necesitamos saber qué pasará con nuestras familias, nuestros trabajos y nuestras vidas; queremos tener certeza de lo que va a ocurrir; nos tienen que informar de lo que se quiere hacer y hacernos partícipes, permitiéndonos plantear nuestras propuestas y necesidades, porque todas las administraciones públicas están siendo de todo menos transparentes, y no permitiremos que nos anulen como personas”, se queja este grupo de afectados.
Este colectivo ciudadano asegura que está siendo “ignorado de forma general por todas las instituciones públicas pues no ha recibido respuesta a la mayoría de las múltiples preguntas que ha formulado vía registros oficiales presenciales o por email, al no existir unos canales de información fluidos, lo que obliga a las personas afectadas a contratar servicios jurídicos para todo o en muchos casos, irse de La Palma, cansadas de esta situación, para intentar rehacer su vida en otro lugar”.
Entre las cuestiones en las que solo ha recibido “silencio oficial figuran la exigencia de información sobre los criterios de reparto de los fondos procedentes de las donaciones de particulares y empresas, pues hay personas que no han recibido ninguna ayuda, pese a su situación de necesidad, y otras que sí, pero que todavía no saben si van a tener más apoyo económico oficial”, dicen.
“Otra de las solicitudes que no han sido atendidas por los ayuntamientos es mantener una reunión con los técnicos municipales para colaborar en la definición de las alternativas y posibilidades de la reconstrucción sobre los terrenos destruidos”, afirman.
También se muestran “decepcionados por no tener respuesta del Consorcio de Seguros, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos, por qué hay familias afectadas que han recibido una compensación inferior al valor en que tenían aseguradas sus propiedades; o a si quienes han recibido la ayuda estatal de 60.000 euros por pérdida de su casa percibirán algún otro complemento, ya que unos sí lo han recibido y otros no”.
“Tampoco han respondido los organismos públicos estatales a la reivindicación de la cancelación del pago de hipotecas previas a la erupción volcánica, ya que, según denuncia esta asociación, resulta materialmente imposible para muchos afectados asumir el pago de esa deuda pendiente con los gastos que deberán afrontar para tener una nueva vivienda y rehacer sus vidas”, sostienen.
Una de las grandes “incertidumbres”, según apunta este grupo de afectados, es “con qué criterios y normativa se procederá a la nueva ordenación del territorio cubierto por la lava, qué parte será de expropiación obligatoria y cómo se gestionará con los afectados”.
Con respecto al Registro Único, esta asociación critica “el innecesario calvario que tienen que pasar las personas afectadas para entregar unos datos que en realidad ya obran en poder de la Hacienda estatal y de la canaria así como de las oficinas de recaudación de los ayuntamientos, por lo que bastaría con compartirlos mediante un sistema informático entre las administraciones públicas”.
En cuanto a la recuperación del sistema viario, protestan estos afectados por que “no se les ha dado ninguna información oficial sobre cuáles son las alternativas para los nuevos viales públicos, ni hay cauces para las propuestas ciudadanas en este sentido”.
Igual queja muestra la asociación en lo que se refiere a “qué soluciones se adoptarán para resolver los grandes problemas de la agricultura tras esta devastadora erupción, sector que es pilar fundamental de la economía palmera”.
Además, ponen de relieve que, como propietarios de la zona destruida, “nadie les ha pedido hasta ahora permiso para entrar y salir en sus viviendas o terrenos: no hemos firmado autorizaciones, ni hemos dado de baja propiedad alguna, ni nos han reunido como afectados, ni hemos recibido un tríptico o un pliego con pautas al al respecto”, lamentan estas personas damnificadas en esta catástrofe natural.
¡Llegados a este punto, la Asociación Social Cumbre Vieja llama a la población afectada a que “se asocie, para debatir y acordar con el adecuado asesoramiento peticiones y alternativas concretas, y que reivindique a las Administraciones Públicas ser escuchada antes de que aprueben y dicten medidas que afectan a sus vidas y a sus propiedades”.
Por tanto, según insiste la asociación, “un primer paso fundamental y urgente para la reconstrucción es el asociacionismo entre las personas afectadas, que cada familia no vaya por su lado, sino que seamos conscientes de que si queremos tener fuerza debemos agruparnos y tener voces colectivas, lo cual no significa que deba haber una sola asociación, sino que las que haya representen realmente la voluntad de los afectados de un modo honestos, sin injerencias partidistas ni intereses electoralistas”.