Los activistas del grupo local de Amnistía Internacional han recogido firmas este sábado en la Calle Real de Santa Cruz de La Palma para reclamar al Gobierno de España la adopción de un protocolo marco sobre desalojos que garanticen la coordinación entre juzgados y autoridades municipales, orientando a asegurar alternativas de vivienda a las personas que no dispongan de recursos.
Amnistía internacional asegura que el Estado en lugar de tomar medidas de protección a las personas más vulnerables, han dado pasos atrás al liberalizar el mercado del alquiler y flexibilizar los contratos de arrendamiento y los procesos de desahucio como consecuencia de las distintas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estos hechos, según Amnistía, violan el derecho a la vivienda en España. Las principales víctimas de esta situación son las mujeres, sobre todo las que encabezan hogares monoparentales y las víctimas de la violencia machista.