El joven que mató a golpes a la universitaria palmera Saray González, vecina que le recriminó el ruido que hacía mientras jugaba por ordenador en Las Palmas de Gran Canaria, ha negado este lunes ser responsable de sus actos, que su defensa achaca a un trastorno transitorio, asegurando al ser preguntado por lo ocurrido: “No era yo”.
“Sé que no me van a poder perdonar”, ha afirmado en la primera jornada del juicio al que se enfrenta acusado de un asesinato con alevosía por el que le piden entre 20 y 25 años de cárcel Alberto M.P., que ha reconocido ser el autor de la muerte de su vecina, una universitaria de 27 años, y ha dicho estar arrepentido de lo sucedido, pero ha insistido en que no pretendió acabar con su vida.
En esa línea, su abogada defensora ha sostenido que el encausado actuó influido por una adicción a los videojuegos y por una personalidad introvertida que le llevaron a confundir las luchas que libraba en la pantalla y la vida real, hasta el punto de que “se creía que estaba en un mundo paralelo” cuando propinó más de una decena de golpes en la cabeza con una cizalla a su víctima.
Su versión ha sido rechazada por el fiscal, que ha asegurado que el enjuiciado “quería matar” a la chica cuando acudió a la vivienda que ocupaba en el piso de arriba del suyo y, de hecho, procedió con alevosía porque, según él, le ocultó la cizalla que llevaba para que le abriera la puerta, y también por el representante de la acusación particular, ejercida por la familia de la fallecida.
El letrado contratado por sus parientes ha ido más allá que el fiscal, ya que, tras tildar su acción de “violenta, execrable, vil y cobarde”, ha planteado que el homicida llegó al ensañamiento porque provocó “un dolor inhumano” a la joven, a quien dejó moribunda en el suelo sin que llegara a fallecer hasta bastantes minutos más tarde.
La circunstancia de que abandonara la escena “consciente de que deja a una persona en una situación de dolor muy alto” y volviera a su casa, una planta más abajo, para limpiarse de sangre y cambiarse de ropa mientras “sabe que su vecina está agonizando” confirman, según las tesis del acusador particular, que hubo ensañamiento, incluso pese a que el fiscal considera que no se produjo.
El portavoz de la acusación pública sí ha dejado patente, en todo caso, su parecer de que “un hecho tan grave como este debe tener respuesta”, y que esa respuesta ha de ser que se le condene a 20 años de cárcel por un presunto asesinato con alevosía, así como a pagar una indemnización de 100.000 euros a cada uno de los padres de su víctima y otra de 50.000 euros a su hermana.
Y ha pedido a los miembros de un tribunal jurado que se ha constituido para juzgarle que no tengan en cuenta que el encausado es “un joven con aspecto inofensivo”.
Frente a esa recomendación, la defensora de Alberto M.P. ha destacado precisamente, al pedir al tribunal que califique los hechos como un homicidio atenuado por un “trastorno esquizoide transitorio”, que cuando ocurrió todo, en octubre de 2015, “él tenía 18 años recién cumplidos”.
Razón por la cual, “por poquito, podría haber sido juzgado por la Ley del Menor, y estaríamos hablando de otra cosa”, ha apostillado la letrada. La cual ha aludido de forma reiterada a que el acusado es un chico “absolutamente tímido” que, además, tuvo “la mala suerte de tener una adicción” a violentos videojuegos en los que mataba a enemigos de ficción con todo tipo de armas y a los que se entregaba en “sesiones de más de 8 horas diarias” que hicieron que acabara “sintiendo ese mundo virtual como propio”.
Si bien la acusación particular del caso ha rebatido en todo momento ese planteamiento y ha reclamado una y otra vez que se castigue con 25 años de prisión al homicida, sentenciando, frente a las demandas de comprensión de la defensora: “No nos da ninguna pena ni conmiseración, ni Alberto ni lo que le rodea”.
Tras la exposición hoy de los planteamientos de fiscal, acusación particular y defensa y de la declaración del acusado, que solo ha accedido a responder a la letrada que le representa y se ha negado a contestar a las demás partes, el juicio por la muerte de la joven universitaria, natural del barrio de San Telmo de Santa Cruz de La Palma, proseguirá este martes en la Audiencia Provincial de Las Palmas, con una sesión donde se interrogará a los testigos del caso.