“El 96% de los residentes de los centros residenciales y del personal está ya vacunado en Canarias y las 17.000 personas, entre usuarias y profesionales de las residencias, cuentan ya con las dos dosis de las vacunas. A esta cifra hay que sumar otras 500 personas que están a la espera de la segunda dosis, lo que demuestra que los protocolos se han cumplido y se llevado a cabo con efectividad en los centros sociosanitarios”, aseguró este lunes la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en una rueda de prensa en la que hizo balance de la situación actual en las residencias de personas mayores y de discapacidad.
“En cuanto a los centros de atención diurna, calculamos que sobre mediado de junio, ya estarán vacunada la mayoría de usuarios de estos recursos”, adelantó Santana quien, enfatizó que “a día de hoy, en las residencias del Archipiélago tenemos cero positivos tanto en los usuarios de los centros como en el personal que los atiende, por eso, podemos decir que Canarias es un lugar seguro para las personas mayores y con discapacidad; una comunidad libre de Covid-19”.
En su intervención, la consejera lamentó la cifra de 80 personas fallecidas por el Covid-19 en las Islas, un dato “muy duro y dramático” que, sin embargo, sitúa a las Islas como “la comunidad autónoma que menos defunciones ha registrado por la Covid-19, lo que demuestra el buen trabajo que se ha hecho en cuanto a los protocolos de atención ya que, en comparación a otras comunidades, la cifra de defunciones es muy inferior”.
“No hay ninguna otra comunidad autónoma que está en esta situación”, subrayó Santana, quien señaló que, por este motivo, se ha decretado una orden conjunta de las consejerías de Sanidad y de Derechos Sociales que permitirá “flexibilizar el régimen de visitas, desplazamientos, salidas e ingresos en residencias de personas mayores y con discapacidad”.
En palabras de la consejera, “Canarias ha seguido un camino positivo en cuanto a la atención de las personas dependientes en relación a la situación de pandemia, por ejemplo, siendo la primera comunidad en realizar cribados masivos en las residencias, un camino que se refleja también en el número de fallecimientos”.
Canarias cuenta con 6.915 personas mayores en 133 residencias, en las que trabajan 6.092 profesionales que su atención. En cuanto a las residencias para personas con discapacidad, son un total de 95, con 1.777 residentes, atendidos por unas 2.000 personas técnicas.
Flexibilización del régimen de visitas, salidas y desplazamientos en centros
“Gracias a las medidas que se han adoptado en este año tan duro para los residentes mayores y personas con discapacidad y sus familias, y gracias a la vacunación, es escenario hoy es totalmente diferente y podemos comenzar a flexibilizar el régimen de visitas y salidas de los centros”, señaló la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, quien explicó la nueva orden conjunta de las consejerías de Sanidad y de Derechos Sociales por la que se actualizan las medidas de prevención aplicables al régimen de visitas, salidas y desplazamientos, retornos y nuevos ingresos en centros y demás establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad, públicos o privados.
En su intervención, Martínez explicó que a través de esta nueva Orden se aprueban las medidas de prevención aplicables a recursos de atención de personas en situación de dependencia y discapacidad, en función de la situación vacunal de la persona y el nivel de alerta de la isla.
La Orden regula el régimen de visitas, salidas y desplazamientos de las personas usuarias de residencias y hogares de ancianos, hogares, instalaciones de vida asistida, además de las viviendas tuteladas y hogares funcionales para personas con discapacidad, con problemas de salud mental o para personas mayores.
El régimen de visitas variará en función de la situación vacunal de la persona y del nivel de alerta en el que se encuentre la isla donde esté ubicado el recurso. De esta forma, en nivel de alerta 1 y 2, si la persona mayor residente visitada ha completado la vacunación se asegurará el derecho a recibir, al menos, tres visitas semanales; y si el residente visitado no ha completado la vacunación, mientras ésta no se complete, se asegurará una visita semanal de duración no superior a una hora. Por su parte, en el nivel de alerta 3 y 4, si el residente visitado ha completado la vacunación se permitirán hasta dos visitas semanales de duración no superior a una hora, y si el residente visitado no ha completado la vacunación se mantendrá el mismo régimen de visitas que en los niveles de alerta 1 y 2 aunque con la supervisión de un trabajador.
En cuanto al régimen de salidas y desplazamientos de las personas usuarias, en el caso de las residencias de personas mayores que hayan completado la vacunación se contemplarán las salidas de residentes en todos los niveles de Alerta conforme a las recomendaciones de protección mientras que, en el caso de los centros residenciales de personas con discapacidad o con problemas de salud mental estará permitida la salida de las personas residentes a cualquier vía o espacio de uso público, en los términos que se establecen según el nivel de alerta y su estado vacunal, procurando siempre que sea posible la participación en la comunidad de manera autónoma.
Retorno y nuevos ingresos
En relación al retorno y nuevos ingresos de personas usuarias a los centros y demás establecimientos residenciales, se establece que, de forma general, no se realizará la prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) a la salida y reingreso de residentes vacunados.
Para el residente no vacunado, se realizará la prueba de PCR teniendo en cuenta el perfil de la salida (duración, actividades realizadas…) y la situación epidemiológica de la isla.
Al reingreso, se mantendrá una vigilancia activa de síntomas y se extremarán las medidas de prevención, procediendo a un aislamiento preventivo y PDIA inmediata ante cualquier síntoma sospechoso de COVID-19.
Viviendas tuteladas y hogares funcionales
En cuanto a las viviendas tuteladas y hogares funcionales para personas con discapacidad, con problemas de salud mental o para personas mayores, dado que son recursos integrados en la comunidad, quedarán equiparados y sujetos a la normativa vigente en cada momento para la población en general según el nivel de alerta existente en cada momento, particularmente en lo relativo a las medidas referidas a las relaciones sociales y familiares.