Es un reconocimiento a su trayectoria de firme compromiso social y de defensa de los Derechos Humanos. La decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, Milagros Fuentes, ha sido designada por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a propuesta del Consejo General de la Abogacía, vocal del Consejo Asesor del Mecanismo de Prevención de la Tortura, un cargo que desempeñará por un periodo de cuatro años. “Estoy muy orgullosa de este nombramiento porque mi deber es servir a la ciudadanía; es una satisfacción entre tantas amarguras que uno se lleva en la profesión, y más en estos tiempos que estamos viviendo”, ha manifestado a LA PALMA AHORA. “Agradezco que se tenga en cuenta el esfuerzo que hacemos desde una isla periférica como La Palma para estar presente en esa institución”, ha añadido.
Fuentes, que es miembro del Consejo General de la Abogacía y presidenta del Consejo Canario del Colegio de Abogados, ha explicado que “tras la ratificación por el Estado español del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York el 18 de diciembre de 2002, las Cortes Generales atribuyeron al Defensor del Pueblo las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en noviembre de 2009”.
Entre las funciones de este Consejo Asesor, que se reúne, como mínimo, dos veces al año, se encuentra, fundamentalmente, la de realizar propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentren internas en centros penitenciarios así como impulsar programas de formación en materia de prevención de la tortura y de los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. “Mi tarea consistirá en examinar el trato que reciben los privados de libertad y hacer recomendaciones”, ha precisado la decana, que no percibirá retribución alguna por su cargo de vocal del citado organismo.
Milagros Fuentes, que lleva más de 30 años ejerciendo la abogacía, se muestra preocupada por “la falta de derecho judicial” que existe en estos momentos con la nueva Ley de Tasas que ha promulgado el Ministerio de Justicia y que “está restringiendo el acceso de los ciudadanos a los tribunales”. “Hay estadísticas que dicen que la gente no accede a la justicia, que no va al juzgado y que se ha producido un incremento en la solicitud de justicia gratuita, pero esos datos no están siendo valorados por parte de los organismos competentes”, ha asegurado. La decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma manifiesta asimismo preocupación “por las restricciones en los derechos de las personas con discapacidad o en la víctimas de violencia de género”.
Fuentes también lamenta que el Ministerio de Economía tenga entre sus planes suprimir el 80% de los colegios de abogados de España, dejando solo uno por autonomía. “El Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma tiene 135 años de existencia, es más antiguo que el de Tenerife y que el de Lanzarote”, recuerda. “Los colegios están dando un servicio a los ciudadanos, y su cierre supondrá más paro y menos derechos”, afirma. “En este colegio tenemos un continuo movimiento de personas solicitando justicia gratuita y asesoramiento, es un servicio que se presta las 24 horas del día, pero es un trabajo que no se ve porque no estamos en un escaparate”, dice.