Coincidiendo con el primer aniversario de la aprobación por parte del Parlamento de Canarias de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, parece aconsejable continuar, coincidiendo con los postulados de la referida Ley, dando a conocer aquellos hechos que tuvieron lugar en aquellos bárbaros y despiadados días posteriores al golpe de estado del 18 de julio de 1936 en la isla canaria de La Palma.
Es conocido los hechos de los republicanos llamados “alzados” “desaparecidos” y ejecutados al pie de los que sería una anónima tumba o fosa común, abierta por ellos mismos antes de ser fusilados. Ni tan siquiera tuvieron la oportunidad de ser oídos en público, si alguien les prestaba atención, ante un antidemocrático Consejo de Guerra y ni tan siquiera tampoco les fueron entregados sus cuerpos a sus familias.
El grancanario Francisco Rodríguez Betancor, y que bien se merece ser Hijo Adoptivo de Aridane, fue una de las víctimas de esos días de barbarie. El que ese momento, 18 de julio de 1936, era el alcalde democrático socialista y constitucional de Los Llanos de Aridane “desapareció” en los meses del verano de ese año. Ni tan siquiera fue detenido en la por entonces cárcel del partido judicial, no consta su nombre en el libro de registro del depósito de detenidos. Los ejecutores se cuidaron en no dejar huella de sus últimos días.
Dejaba atrás a una familia directa formada de siete miembros, su esposa Consuelo y sus hijos Juan, de nueve años, Maruca de ocho y Paquito de siete y a los más pequeños, Aquiles, Sifrido y Tina (Celestina, nombre de su abuela paterna). Con esas edades además de dar muerte, por fusilamiento, a su padre incluso les robaron cruelmente el recuerdo afectivo y físico del abrazo y de un beso de un padre.
En febrero de 1937 la aridanense Consuelo Acosta García, esposa de Francisco Rodríguez Betancor, ante el Ayuntamiento de la por entonces ciudad de Los Llanos y hoy Los Llanos de Aridane, comparece y pone en conocimiento lo siguiente:
“La que suscribe Consuelo Acosta García, de esta naturaleza y vecindad, mayor de edad, casada, de su casa, prevista de la correspondiente cédula personal ante V.S. comparece y en la forma más respetuosa expone:
Que hasta hace poco tiempo venía habitando con mi esposo en esta Ciudad hasta que el mismo ha desaparecido de mi domicilio ignorando su paradero y por esa causa me he visto precisada a reunirme con mis padres con el fin de poder atender mejor la manutención y educación de mis seis hijos menores, pero es el caso que los familiares de mi repetido esposo que se han domiciliado en parte de la casa que la exponente habitaba, me han ocultado a mis tres hijos mayores Juanito de nueve años, Maruca de ocho, y Paquito de siete años, con el fin de quedarse con ellos y embarcarlos para la vecina Isla de Gran Canaria, según tengo conocimiento por los mismos familiares de mi esposo“.
Consuelo demandaba con este escrito el no separar a sus hijos que le estaban siendo “ocultados”. Demandaba con coraje femenino el asumir ser madre y padre de sus seis menores hijos, el mayor con sólo 9 años. La crueldad que ya era pública, a la callada, sobre la ejecución y muerte de su marido en el Pino del Consuelo en Fuencaliente aumentaba con estás pretensiones.
Continua el escrito desgarrador de Consuelo diciendo: “La recurrente en vista de tal violencia, que es contra de la voluntad paterna quien además representa a su esposo en casos de ausencia acude a la autoridad Gubernativa de esta localidad por ser la que la Ley le reserva auxiliarle como tal madre, para que se digne ordenar que inmediatamente vengan a mi poder los tres indicados niños poniéndoos en mi domicilio, calle del Convento y que efectivamente se haga entrega de ellos en guarda y custodia de mi autoridad materna”.
A tal efecto se abrió un expediente administrativo municipal que se custodia en el Archivo Municipal de Los Llanos de Aridane. Ante ese expediente comparecieron los vecinos Nicolás Gómez Camacho y Leandro Ramos Rodríguez y ratificaron lo manifestado por Consuelo y haciendo constar lo siguiente: “Que saben que el esposo de Doña Consuelo Acosta García, llamado D. Francisco Rodríguez Betancor, se halla ausente de esta localidad hace más de seis meses e ignorando el paradero del mismo y por lo tanto ejerce la patria potestad cobre los citados menores, su madre”.
El expediente se resolvió en ese mismo día, 20 de febrero de 1937, con una resolución del alcalde Enrique Mederos Lorenzo, que decía: “Hágase comparecer inmediatamente ante esta Alcaldía a los menores Juan, Maruca y Francisco Rodríguez Acosta, ordenando para ello, al Agente Don José Lorenzo Brito”. Por posterior diligencia se entrega a los menores en el Ayuntamiento. Concluye el expediente con la siguiente acta: “En Los Llanos, a veinte de febrero de mil novecientos treinta y siete, siendo la hora de las quince y treinta, ante el Sr. alcalde Don Enrique Mederos Lorenzo, y mi asistencia, presente Doña Consuelo Acosta García del Guardia Municipal Don José Lorenzo Brito hice entrega a Doña Consuelo Acosta García, de sus menores hijos Juan, Maruca y Francisco, reclamados en instancia de esta fecha”.
Estos son los hechos documentados y no una novela, ni guion de cine. Ante su lectura no se nos escapa imaginar aquellos días en plena Guerra Civil de la doble angustia dramática de una valiente y fuerte mujer, Consuelo Acosta, que llorando la ausencia “forzosa” de su esposo, Francisco, desde hacía unos siete meses, debe enfrentarse a sufrir “la violencia” de “ocultarle” a sus tres hijos mayores en la misma localidad de su residencia con “el fin de quedarse con ellos” para ser trasladados por la familia paterna a Gran Canaria. Tampoco llegamos a imaginar el desgarro de tres niños, el mayor de 9 añitos, separados de su madre y de sus hermanos menores a la fuerza por unos extraños familiares. Estos hechos debieron ser imposibles de olvidar por Consuelo y sus seis hijos.
MARÍA VICTORIA HERNÁNDEZ, cronista oficial de Los Llanos de Aridane, ponente de la Ley de la Memoria Histórica de Canarias y abogada de las causas judiciales de exhumación de republicanos en La Palma., cronista oficial de Los Llanos de Aridane, ponente de la Ley de la Memoria Histórica de Canarias y abogada de las causas judiciales de exhumación de republicanos en La Palma.