Vincular un testimonio oral con la tecnología. Es lo que se pretende realizar en La Palma con un georradar que pasará sobre las zonas por las que un testigo ha apuntado que fueron sepultadas víctimas de la represión franquista. Se trata de la zona volcánica de Fuencaliente, en una parcela muy cercana a otras en las que ya se han encontrado hasta la actualidad un total de 13 restos mortales. El proyecto de localización lo lidera la arqueóloga Nuria Álvarez, que lleva trabajando desde 2009 en la búsqueda de desaparecidos en la isla. La viceconsejera de Justicia de Canarias, Carla Vallejo, espera que en los próximos meses puedan realizarse ya los sondeos gracias a los fondos estatales que ha recibido el Archipiélago este año para impulsar la Memoria Histórica, y que en total suponen una cifra de 71.000 euros, con los que se pretenden avanzar también en otras actuaciones, especialmente en Tenerife.
Nuria Álvarez destaca que este proyecto permitirá cerciorarse de que la tecnología funciona en este tipo de trabajos. Explica que la orografía del terreno hace complicadas las labores y que, en ocasiones, las investigaciones que ha venido realizando en los últimos años junto a su compañera Laura Bencomo se asemejan a tratar de buscar “una aguja en un pajar”. No obstante, cada parcela sondeada y en la que no se encuentre nada también “es una menos que tocar”, por lo que es información positiva. El testimonio del hombre es clave para iniciar los trabajos en el punto más aproximado posible. “Acotar el terreno es de gran ayuda”, añade. Además, a las dificultades del terreno volcánico se suman las riadas que sufrió la zona de Las Breñas en el año 1957, en las que murieron 22 personas. Estos hechos “sepultaron y generaron un incremento de sedimentos”.
El impulso a los proyectos de memoria histórica de la isla, que cada año han ido dependendiendo de la financiación y que en 2020 se han visto ralentizados por la pandemia se reaviva en memoria de la que fue la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de La Palma, Aralda Rodríguez, fallecida hace un año y que dedicó su vida a la búsqueda de su padre, Segundo, que fue fusilado cuando tenía 30 años y ella era apenas un bebé. Su condena se produjo por llevar comida a un hermano suyo que estaba escondido huyendo de los falangistas.
La arqueóloga lamenta también que los testimonios directos como hijos y nietos de las personas represaliadas se estén perdiendo. El Cabildo de La Palma ha financiado proyectos en los últimos años precisamente para realizar entrevistas con los testigos que aún viven y documentarse de todo lo sucedido para poder tener más claro por donde realizar los sondeos. Álvarez recuerda que muchos de los represaliados no estaban vinculados directamente a una ideología política y que fueron asesinados por ayudar a otras personas que se encontraban huyendo o que tenían hambre o una necesidad.
Una isla que se movilizó antes de la ley
En 1994 los familiares de las víctimas promovieron la exhumación de una de las fosas, antes de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero aprobada en el año 2007, y se localizaron los restos mortales de cinco personas. Según se recuerda en la web dedicada a la Memoria Histórica del Gobierno de Canarias, la fosa se localizaba en el paraje conocido como Vaguada del Alcalde, a unos 100 metros por encima de la carretera LP-1 que une Santa Cruz de La Palma y Fuencaliente. Como referencia para su localización, se utilizó la presencia de un árbol denominado popularmente como el “Pino del Consuelo”. Tras el hallazgo de los restos mortales, se notificó al Juzgado de Instrucción 2 de Llanos de Aridane, así como a la Guardia Civil y se realizó la exhumación.
En el año 2005, cerca de la Fosa de la Vaguada del Alcalde, se encontró otra donde se creía que podían haber sido enterrados “los 13 de Fuencaliente”, un grupo de hombres detenidos en enero de 1937 y encarcelados en el Cuartel de San Francisco, para posteriormente ser llevados a algún punto del pinar y ser ejecutados. Al año siguiente, con autorización judicial y la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio y del Cabildo de La Palma, se realizó la exhumación de los restos mortales de seis víctimas. En 2007, en la parte inferior de esa vaguada se localizaron los restos de otras dos víctimas. En total, han sido localizados los restos mortales de 13 personas de unas 40 que desaparecieron en la isla tras el golpe de Estado.
Una nueva ley
La viceconsejera de Justicia explica que la nueva ley de Memoria Democrática será positiva para el Archipiélago ya que en la de 2007 se reconocía el derecho a que las asociaciones pudieran exhumar y la posibilidad de que el Gobierno las subvencionase, pero ahora la norma cambia el paradigma y es una “obligación del Estado llevar a cabo las exhumaciones”, apunta. “Lo primero que vamos a hacer es adaptar esa normativa a la nuestra”, remarca. Actualmente, Canarias está trabajando en su estrategia de Memoria Histórica, que estará lista en 2022 e incluirá proyectos concretos. Gracias a que las investigaciones de La Palma están avanzadas se espera que en los próximos meses se intervenga con el georradar. De hecho, la arqueóloga Nuria Álvarez asegura que ya hay una empresa dispuesta a realizar este trabajo y que solo se está a la espera de la financiación.
Tras aprobar el protocolo de exhumaciones recientemente, desde el Gobierno de Canarias se trabajará también en un banco de ADN como marca su propia ley y en otras fosas que se pretenden intervenir como la Sima de Jinámar, el pozo del Barranco de Arucas o el de la Vuelta del Francés, en Gran Canaria; y las de de San Juan y la Fuente de Cañizares, en el municipio de La Laguna, en Tenerife. Así mismo, está pendiente el catálogo de vestigios de la comunidad autónoma, que pretende incorporar el trabajo ya realizado por otros ayuntamientos y avanzar así en la retirada de calles franquistas y en el monumento en honor al dictador que aún se encuentra en la isla del Teide.