El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica este lunes un decreto de las consejerías de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias en el que se actualizan, en el ámbito regional, las masas de agua afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha contaminación. En el caso de La Palma, el Valle de Aridane-Tazacorte se mantiene como área con masas de aguas afectadas por nitratos utilizados en la agricultura.
El referido decreto recuerda que “con el objetivo de reducir la contaminación de las aguas por nitratos provenientes de la actividad agraria, así como de actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones, la Unión Europea aprobó la Directiva 91/676 del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.”
Subraya que “las normativas imponen a los Estados miembros la obligación de identificar las aguas que se hallen afectadas, o en riesgo de estarlo, por la contaminación por nitratos de procedencia agraria. Por otra parte, establecen los criterios a seguir para designar como zonas vulnerables a aquellos territorios cuya escorrentía o filtración afecte o pueda afectar a la contaminación por nitratos de las aguas. Una vez determinadas tales zonas, se deberán realizar y poner en funcionamiento programas de actuación coordinados con técnicas agrícolas adecuadas, con la finalidad de eliminar o minimizar los efectos de los nitratos sobre las aguas”.
Explica que “las zonas designadas como vulnerables deben ser examinadas y, en su caso, modificadas o ampliadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en un plazo adecuado y como mínimo cada cuatro años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2 del citado Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero”. Añade que “tras el proceso de planificación, mediante el cual se ha recopilado y valorado toda la información sobre el estado de las masas de agua superficiales y subterráneas, y habiendo transcurrido el plazo previsto en el Real Decreto citado, resulta necesario modificar tanto la relación de masas de agua afectadas, como la designación de zonas vulnerables existente, para ajustarlas a la realidad actual”.
En cuanto al programa de actuación, establece que “en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las Consejerías competentes en materia de agricultura y en materia de aguas, mediante Orden departamental elaborarán y establecerán conjuntamente, o en su caso, actualizarán, los programas de actuación a que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, con el objeto de prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario”.
Asimismo, especifica que “en el plazo de un año a partir de la aprobación de los programas de actuación a que se refiere la disposición adicional primera, y con el fin de modificar, en su caso, la relación de zonas vulnerables, así como para comprobar la eficacia de los programas de actuación realizados, los respectivos Consejos Insulares de Aguas elaborarán y realizarán los programas de muestreo y seguimiento que sean necesarios en materia de calidad de las aguas por contaminación de nitratos con origen agrario”.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias explica en su página web que “la contaminación de aguas subterráneas naturales por nitratos es uno de los problemas que han surgido en los últimos años a escala internacional. Esta contaminación viene generada por el aumento de la concentración de dicha sustancia en el acuífero, pudiendo ser originada en parte por el mal uso de fertilizantes en el campo y a la inadecuada gestión de los residuos generados por las explotaciones ganaderas. Al tratarse de un problema comunitario, la Unión Europea ha establecido una serie de normas que regulan la aplicación de fertilizantes nitrogenados y la gestión de residuos ganaderos. Uno de los aspectos más relevantes de esta normativa ha sido el establecimiento de código de buenas prácticas y la elaboración de programas de actuación para el control de las áreas afectadas por esta contaminación denominada zonas vulnerables. Para paliar este problema, se hace necesario concienciar a agricultores, ganaderos, técnicos del sector, administración y ciudadanía en general, de la gravedad del mismo, y difundir las medidas establecidas para su control”.
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