La comunidad educativa del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Laguna (La Palma), afectado hace tres años por la erupción volcánica, ha pedido este viernes en el Parlamento de Canarias la reconstrucción del colegio por la vía de emergencia, a lo que el Gobierno regional ha respondido que no se puede hacer así porque estaría prevaricando.
Nohely Fernández, portavoz del grupo de Padres y Madres del CEIP La Laguna, ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de comparecer en la comisión de Educación para exponer las necesidades que percibe y sus propuestas para la reconstrucción del centro, que no se entiende por qué esta obra no ha sido declarada de emergencia, ya que en los tres municipios afectados, Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, se está trabajando de esa forma.
El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, le ha respondido que la obra no puede ser declarada de emergencia porque los informes técnicos y jurídicos indican que si se hace así, tres años después de la erupción, se estaría prevaricando, al tiempo que ha indicado que se tendría que haber hecho una vez hubiese finalizado la erupción, cuando el PSOE presidía el Gobierno.
La portavoz de la comunidad educativa ha propuesto dos soluciones “a este problema”, o bien que el Gobierno declare la obra de emergencia y contemple la financiación necesaria para su construcción en los presupuestos de 2025, o que traspase las competencias al Cabildo de La Palma, que, según ha dicho, se ha comprometido a financiar la reconstrucción con fondos propios.
“Estamos hablando de niños y niñas que han sido afectadas por volcán. Han perdido sus casas, han perdido sus parques, han perdido sus calles”, ha lamentado Nohely Fernández, quien señalado que si les preguntan a los menores todos quieren volver al conocido como “colegio azul”.
Asimismo, ha denunciado que los 164 niños del colegio La Laguna se encuentran reubicados en el centro sociocultural El Retamar, en unas aulas modulares que le cuestan al Ejecutivo unos 14.000 euros al mes, y se ha preguntado “¿cuánto más se va a alargar esta inversión?”, pues ya se llevan gastados 300.000 euros.
Ha precisado también que la licitación de la reconstrucción del colegio salió por trámite ordinario y, por ello, hasta el 30 de diciembre no habrá proyecto de demolición y de construcción.
De haberse declarado de emergencia, ha continuado, se hubieran acortado los plazos y en un mes, y no en un año, se hubiera decidido cuál es la empresa encargada de su construcción y se habrían empezado las obras.
Además, la portavoz ha criticado que lo técnicos de la Consejería de Educación no vean la emergencia porque consideran que los niños no corren peligro ni hay problemas de salubridad.
“El problema está en que hemos sufrido una erupción volcánica y que tenemos que tener las mismas condiciones al resto de la isla de La Palma”, ha zanjado Fernández, quien ha lamentado que el barrio está creciendo y se está reconstruyendo todo menos el colegio.
Sobre el diseño del nuevo centro ha pedido “voz” para que los padres puedan dar su punto de vista, y ha advertido de que la Consejería de Educación no les ha permitido contactar con la empresa redactora, que hace unas semanas publicó unas imágenes que “no tienen nada que ver ni con el que teníamos ni con el entorno rural en el que se va a situar”.
Aunque comprende que no va a poder ser igual al que estaba, ha reclamado que se mantenga su esencia y que no se construya un bloque “sin apenas ventanas”.
El consejero de Educación ha aclarado que la obra no se puede declarar de emergencia, tal y como le aconsejan los informes técnicos y jurídicos de los que dispone, si bien entiende “la desesperación” de las familias.
Poli Suárez ha comentado que el Gobierno dispone de los recursos para la financiación y que el Cabildo de La Palma también le ha ofrecido recursos para que el colegio “sea una realidad siguiendo, lógicamente, los ordenamientos jurídicos”.
Además, ha informado de que la redacción del proyecto del nuevo CEIP La Laguna se ha hecho por urgencia, cumpliendo así el compromiso que ha dicho que adquirió con las familias cuando llegó a la Consejería.
“No me pidan que me salte la ley, que me salten las normas, porque yo no voy a prevaricar por muchas emergencias que haya, que las hay”, ha aseverado el consejero, que ha recalcado que el no quiere ponerle trabas a esta obra, solo cumplir con la legalidad.
Respecto al diseño del nuevo centro, ha asegurado que ha solicitado a la directora que le haga llegar sus propuestas con el fin tener una mesa de trabajo con la empresa adjudicataria de la redacción del proyecto.
Aunque todavía no conoce el proyecto, ha agregado que le extraña que el colegio “no tendrá ventanas”.
“Yo insisto, entiendo la reivindicación, la comparto, pero no puedo actuar de otra manera”, ha finalizado.