La Palma Renovable dice que “nuevas aportaciones documentales” confirman que El Salto del Mulato es propiedad del Cabildo. Un grupo de acción de esta entidad “ha conseguido información relevante para retomar la revisión” de esta…, se informa en nota de prensa.
“La Palma fue elegida en 2019 isla piloto del proyecto de la Comisión Europea Energía Limpia para las Islas de la Unión Europea, y dentro de esta iniciativa se han ejecutado varias acciones y eventos”, señalan.
“Una de esas acciones tuvo lugar en septiembre de 2019 cuando La Palma Renovable, entidad financiada por el Cabildo Insular de La Palma, organizó 5 talleres sectoriales y uno de transversal para crear la Agenda de Transición insular y trabajar la urgente descarbonización de La Palma, es decir, que La Palma deje de depender de combustibles fósiles. El resultado de los mismos fue la creación de grupos de personas voluntarias llamados Grupos de Acción que han continuado trabajando en diversas temáticas alrededor de la descarbonización”, añaden.
“Entre los Grupos de Acción creados, hay uno que ha estado trabajando de forma voluntaria para lograr la necesaria reversión y puesta en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica del Salto del Mulato, en San Andrés y Sauces, continuando así el trabajo iniciado por miembros de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de La Palma”, explican.
“Las concesiones hidráulicas, como la del Salto del Mulato, son contratos temporales (que acostumbran llegar a los 75 años) y consisten en ceder el derecho a utilizar el agua pública a una entidad privada para generar energía renovable a cambio de realizar las obras necesarias, pagar un canon y entregar las instalaciones tras su finalización. A la finalización del contrato se le denomina extinción y a la entrega de las instalaciones reversión”, detallan.
“De acuerdo con las informaciones recopiladas por el Grupo de Acción, las instalaciones han estado sin generar energía desde el año 2003, incumpliendo con el objetivo principal de la misma. Además, dicha concesión finalizó el 22 de marzo de 2012 (el periodo máximo de explotación concedido). Por este último motivo, en el año 2017 el Consejo Insular de Aguas de La Palma inició un expediente de extinción que aún se encuentra sin resolver, ya que no incluía la reversión, pues un informe técnico indicaba que los bienes eran de titularidad privada”, subrayan.
Desde el Grupo de Acción se señala que “se han encontrado documentos probatorios de que la propiedad de los terrenos e instalaciones están vinculadas a la concesión, ya que en el año 1956 el Consejo de Administración de Riegos y Fuerzas de La Palma SA decidió crear una unidad orgánica de explotación, por lo que la extinción de la misma implica también la reversión de los bienes, que deberán encontrarse en perfecto estado de funcionamiento, igual que ocurre en todas las concesiones que han llevado a cabo el expediente de extinción en España”.
“Cabe destacar que la instalación fue construida y puesta en funcionamiento con dinero público, además de la adquisición de los terrenos que también fueron comprados por la empresa pública Riegos y Fuerzas de La Palma SA. Desde el 1 de enero de 1971 la concesión pasa a manos de Unelco (ahora Endesa), que la mantuvo varias décadas en explotación sin pagar ningún tipo de canon”, añaden.
“Esta nueva información contradice lo que Endesa ha estado declarando, ya que siempre ha afirmado que las instalaciones son de su propiedad. Esta misma posición ha sido mantenida hasta este momento por los informes técnicos del Consejo Insular de Aguas”, resaltan.
“Ante esta circunstancia nos cuesta entender cómo este expediente se encuentra en una gaveta. Llevamos más de 8 años sin realizar el trámite administrativo necesario. Ya toca exigir celeridad y que la administración haga el trabajo que le corresponda”, manifiesta Alexis Martín, miembro voluntario del Grupo de Acción del Salto del Mulato.
Según declara el Grupo, “en la situación de emergencia climática en la que nos encontramos, no se puede entender que una instalación de este tipo se encuentre en desuso. Es necesario que desde el Cabildo se destinen los mejores recursos, dejando a un lado los fines partidistas, para que se haga realidad la extinción de la concesión y la reversión de sus bienes lo antes posible. Otras concesiones en España han corrido mejor suerte y ya se encuentran en manos de la administración pública”.