El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, que dirige Jovita Monterrey, ha dado a conocer los resultados del Informe sobre la Incidencia de la Pobreza y Exclusión Social en la Isla, señala en un comunicado. En la nota se indica que en la Isla “más de 4.300 personas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social”. Los datos desvelan igualmente que “alrededor del 47% de personas beneficiarias de ayudas de emergencia conviven con menores a su cargo”.
El estudio se realizó durante 2015 y se centró en datos del año 2014. “Los resultados cuantitativos”, se detalla en la nota, “revelan que en La Palma en este período alrededor de 1.590 personas dependían de ayudas de emergencia social para poder cubrir sus necesidades básicas, de las cuales el 73% eran mujeres y el 27% varones; la edad media está comprendida entre los 35 y 55 años y en torno al 66% cuentan con estudios básicos o carecen de estudios. De estas personas, un 26% no cuentan con ingresos de ningún tipo, mientras que el 44% tienen ingresos insuficientes que provienen de rendimientos de trabajo o subsidios o prestaciones por desempleo”.
Apunta que “teniendo en cuenta que las situaciones de pobreza y exclusión social se viven en familia, se elevan a más de 4.300 las personas en la Isla que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social”. Los datos también desvelan que “alrededor del 47% de personas beneficiarias de ayudas de emergencia conviven con menores a su cargo”.
El documento ha sido presentado a técnicos de Servicios Sociales de los ayuntamientos palmeros y a otras entidades de la Isla que colaboraron aportando datos para su elaboración.
La consejera responsable del Área de Asuntos Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía, Jovita Monterrey, ha señalado que “este informe pionero es el resultado del trabajo de la Comisión Técnica de Exclusión Social, creada en el marco del Consejo de Servicios Sociales de La Palma, y que ya se presentó el pasado 14 de abril ante el Pleno de este órgano”.
“Entendemos como un gran acierto la creación de la comisión y el resultado final de la misma: un informe que pone de manifiesto una importante realidad de la Isla sobre la que toda la sociedad debe reflexionar, a la vez que una importante herramienta de trabajo para los profesionales de los asuntos sociales, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades”, ha señalado Jovita Monterrey.
La Comisión de Exclusión Social se creó con el cometido de realizar el referido estudio y ha estado integrada por entidades sin ánimo de lucro -Cruz Roja Española, Cáritas Diocesana, Fundación Isonorte- y por los Ayuntamiento de Villa de Mazo y Villa y Puerto de Tazacorte, así como por la Consejería de Asuntos Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía del Cabildo de La Palma, se indica en la nota.
El documento de carácter “exploratorio y descriptivo sobre las situaciones de pobreza y exclusión en la Isla se centra en el estudio de una serie de aspectos macroestructurales, microsociales y cualidades del sujeto”.
Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta “datos cuantitativos extraídos de las ayudas de emergencia social (Cabildo, Ayuntamientos, Cáritas y Cruz Roja), perceptores de la prestación canaria de inserción y beneficiarios de empleo social”. Asimismo, el informe se completa “con datos cualitativos obtenidos a través de cinco grupos de debate, tres de los cuales han estado formados por personal técnico de diferentes administraciones y entidades sin ánimo de lucro relacionadas directamente con la intervención social, y dos grupos con personas beneficiarias de ayudas de emergencia social”.
Para la obtención de los datos “se contó con la colaboración los servicios sociales comunitarios de los 14 ayuntamientos de la Isla, Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Servicio Canario de Empleo, Servicio Canario de Salud, así como con Cruz Roja, Cáritas, Fundación Isonorte, Contramarea, Funcasor, Asociación Palmera para la Prevención y Tratamiento de Toxicomanías, AFA La Palma, AFEM La Palma, Asociación Española Contra el Cáncer, Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, Comisiones Obreras y usuarios de prestaciones sociales”.