La Plataforma de Personas Desempleadas de La Palma Alpende ha convocado una asamblea abierta para abordar la situación del servicio insular de guaguas, según se informa en nota de prensa. La reunión tendrá lugar este jueves, 1 de febrero, a las 19:00 horas, en el atrio del Edificio de Usos Múltiples de Santa Cruz de La Palma.
Esta asamblea, exponen, está justificada “ante la falta de publicidad del documento que pretende aprobar el Pleno del Cabildo de La Palma, y que afecta a la gratuidad necesaria que hasta hoy tienen reconocidos diferentes colectivos (pensionistas y mayores de 65 años, estudiantes, personas desempleadas, etc.) del transporte regular de viajeros por carretera”.
Los responsables de la plataforma invitan a “conocer de primera mano a las personas que la forman y la actividad que se desarrollan, ya que su esencia es la de ser una herramienta de la ciudadanía para hacer valer derechos fundamentales”, dicen.
“Actualmente, ya está suficientemente regulado el acceso a las mencionadas bonificaciones del 100%, según el acuerdo adoptado por el Cabildo en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 24 de febrero de 2014, y desde entonces, la desigualdad social y los índices de pobreza han aumentado en la Isla, según numerosas publicaciones, y como se desprende de los propios datos aportados por las instituciones públicas, llegando incluso a perder poder adquisitivo, además de los colectivos anteriormente señalados, las personas trabajadoras con rentas más bajas”, explican.
“Esto es una realidad objetiva, y por tanto, es necesario abrir la participación tanto a la ciudadanía como a las asociaciones o entidades de otra índole que aglutinen a personas que velan por el interés general, y la temática en cuestión”, señalan.
“Según el referido acuerdo tomado hace cerca de cuatro años, los ingresos anuales no podrán exceder de 1,8 veces el IPREM (968,1 euros). En caso de unidad familiar, los ingresos de la misma no deberán exceder del doble del IPREM (1.075, 68 euros)”, recuerdan
“Cabe recordar que se ha pasado de garantizar derechos individuales fundamentales, como es tener una vida digna, y por tanto el acceso a una vivienda y a un empleo o renta suficiente que haga efectivo este derecho, a incorporar El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), como mecanismo de regular una institucionalización de la pobreza, que condiciona la libertad de la persona, a los ingresos de la unidad familiar; obviamente esto no es nuevo y se sale de las propias competencias insulares, pero es necesario que se reflexione sobre ello para no seguir cayendo en el error de legislar anteponiendo la economía a las propias personas y el medioambiente”.
Añaden que “según se desprende de lo que se ha comunicado parcialmente desde el propio Cabildo, además de incrementar el precio de las tasas generales, hecho que requiere su propio análisis, se pretende que las personas de los colectivos señalados paguen hasta el 30% hoy, y quizás mañana sea un 50%, ya que al fin y al cabo, el proyecto ni siquiera atiende a que no haya una falta de liquidez económica o suficiente presupuesto para asumirlo por parte del Cabildo Insular de La Palma, sino que lo reduce al concepto de que se está dando (regalando), lo que en sí mismo constituye un derecho, obviando todo lo anteriormente expuesto”.
“Incluso los estudiantes, el próximo curso podrían verse en la situación de tener que pagar parte del billete, según las rentas de sus padres. En definitiva, esta tesitura no es la deseable, y es por ello que se espera que se tome buena nota de ello, y se abra un pertinente diálogo social que sea favorable a conseguir un transporte de calidad para todas las personas, pues, no en vano, es simplemente lo que se propone y lo que nos merecemos”, concluyen.