La Casa de la Cultura de Puntallana acoge este viernes, a las 19.00 horas, el acto Ciudades por la vida de Amnistía Internacional con el que se rechaza la pena de muerte.
Más de 2.000 ciudades de todo el mundo se han iluminado, un año más, para mostrar el rechazo de la sociedad a la pena de muerte, un castigo cruel, inhumano y degradante contra el que Amnistía Internacional lleva luchando desde hace décadas. Esta edición de Ciudades por la Vida, que impulsa la Comunidad de Sant'Egidio junto con Amnistía Internacional, se lleva a cabo poco después de que un total de 123 Estados miembros de la ONU -la cifra más alta registrada hasta la fecha- votarán en noviembre a favor de un borrador de resolución sobre una moratoria en el uso de la pena capital.
La jornada Ciudades por la Vida / Ciudades contra la Pena de Muerte se celebra en recuerdo de la primera abolición de la pena capital, en el Gran Ducado de Toscana en 1786. En 1977 sólo 16 países habían abolido totalmente la pena de muerte en su legislación y en la práctica. En la actualidad el mundo camina hacia la abolición: la mayoría de los países, 106, han abolido ya por completo la pena capital.
Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer: numerosos países siguen poniendo en práctica la pena de muerte sin restricciones y, al final de 2017, se tenía constancia de que había al menos 21.919 personas condenadas a muerte. En 2017 se ejecutó al menos a 993 personas (9 mujeres y 985 hombres). Estas cifras no incluyen a las miles de ejecuciones realizadas en China, donde los datos sobre el uso de la pena de muerte seguían estando clasificados como secreto de Estado.
Este año Amnistía Internacional está haciendo campaña por el caso de Mohammad Reza Haddadi, iraní condenado a muerte tras un juicio injusto por un delito cometido cuando solo tenía 15 años. Irán, uno de los mayores ejecutores del mundo, llevó a cabo un total de 507 ejecuciones en 2017, seis de ellas a mujeres y al menos cinco a personas acusadas de delitos cometidos cuando eran menores de edad. Además, todavía permanecen en el corredor de la muerte otras 80 personas que eran menores de edad en el momento en el que les atribuyeron los delitos.