El TSJC anula la autorización ambiental integrada otorgada al proyecto básico del complejo de residuos de Los Morenos
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en sentencia emitida el pasado 22 de mayo de 2014, ha estimado “en parte” el recurso interpuesto por la Asociación Montaña Azufre contra la autorización ambiental integrada otorgada al proyecto básico del complejo ambiental de tratamiento de residuos de Los Morenos, ubicado en el municipio de Mazo. En consecuencia, anula “el acto impugnado, sin imposición de costas”. Como parte demandada se personó “la Administración de la Comunicad Autónoma de Canarias y el Cabildo de La Palma”.
LA PALMA AHORA no ha podido confirmar si el Cabildo ha recurrido, en el preceptivo plazo, el fallo. El portavoz de la citada asociación, José Gaite Anaya, por su parte, ha señalado a este digital que “están intentando legalizar algo que es ilegalizable”.
El complejo ambiental de tratamiento de residuos de Los Morenos se puso en marcha el 2 de julio de 2012. Desde esa fecha recoge toda la basura que se genera en La Palma. Según José Gaite, el vertedero del recinto “está lleno”. Apunta que “se vendió como paradigma del compost y no se hace; ahora se llama materia bioestabilizada, un eufemismo para esconder el desastre que han hecho”. También sostiene que “no existe el proyecto definitivo del complejo, sólo el básico”.
En los fundamentos de derecho de la sentencia, se indica que el recurso contencioso-administrativo se impuso contra “la resolución de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, de 28 de septiembre del 2011”, por la que se otorga la reseñada autorización. Los demandantes, entre otros motivos, expusieron que “el estudio de evaluación de impacto ambiental no fue sometido a información pública y su contenido está desfasado”.
La Sala, al efecto, en cuando a lo primero, arguye que “no nos consta que dicho estudio no estuviera a disposición de las personas que desearan consultarlo”. Por lo que “se refiere” a si está “desfasado”, subraya que “es evidente que lo está y es inconcebible que se haya pretendido utilizar un estudio elaborado en el año 2000”. Señala que “discrepamos totalmente de las conclusiones” del informe y “con la manga ancha que se pretende dar a los proyectos promovidos por las administraciones públicas”. Por tanto, “estimamos en este punto el recurso y ordenamos que se proceda a elaborar un estudio de impacto ambiental actualizado”.
