El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, definió este miércoles en el pleno del Parlamento sus objetivos para el nuevo curso escolar, y el primero de ellos abrir las aulas “en septiembre”, sin especificar más la fecha, con clases presenciales y de forma segura.
Valbuena, en su primera comparecencia en el pleno del Parlamento desde su nombramiento, adelantó que la Consejería trabaja en tres escenarios sanitarios para el principio de curso, dos poco probables (normalidad absoluta y confinamiento total) y uno intermedio más factible con algún grado de control sanitario en función de la evolución de la pandemia.
El consejero adelantó que ha habido reuniones con la comunidad educativa, para conocer los diferentes puntos de vista y recabar aportaciones de todas las partes, y la semana que viene se creará una comisión general educativa para definir las más de 240 pautas que regirán el inicio de curso en todas sus facetas.
La seguridad de las personas, la adecuación de espacios y horarios, la gestión de tiempos, la digitalización, la adecuación curricular, la organización de los centros y los servicios complementarios son materias que hay que tener claras antes del comienzo de curso, explicó.
Esa comisión general se dividirá en subcomisiones específicas por niveles educativos y en todas ellas habrá representantes de la educación pública, concertada y privada, de los ayuntamientos y cabildos y de departamentos del Gobierno de Canarias, con el encargo de tener “la mayor parte del trabajo resuelto en junio”.
La comisión general se dividirá en subcomisiones de infantil y primaria, secundaria, formación profesional, centros concertados, enseñanza especialmente sensible y otros tipos de enseñanza.
En cada una de esas subcomisiones se trabajará en definir la organización y funcionamiento de los centros; plan de regreso a la actividad presencial; medidas para fortalecer la función tutorial; programas de refuerzo; acciones para las familias más vulnerables; planes de seguimiento intensivo del absentismo; y diseño de espacios adecuados.
En un segundo bloque de tareas, también se aportarán medidas para detectar los niveles de aprendizaje entre los alumnos tras el confinamiento; adaptaciones curriculares y programas de recuperación de materias pendientes.
Las subcomisiones habrán de trabajar además en planes de digitalización; regulación de la teledocencia; y fomento de las competencias tecnológicas.
También se enfocarán en el refuerzo del transporte escolar y la limpieza de los centros, en protocolos para los comedores, en reorientar las becas con criterios más sociales, en estrechar la relación con los servicios sanitarios de proximidad y en la acogida temprana.
“Va a ser un trabajo intenso, de reuniones constantes y continuas, para tener la mayor parte del trabajo resuelto en junio”, dijo Valbuena.
Subrayó que “las clases tienen que empezar en septiembre y deben ser presenciales”, porque las garantías educativas no son las mismas en la enseñanza en línea, aunque no pudo precisar aún en qué semana del mes se abrirían las aulas.
El consejero insistió en que en la faceta sanitaria la responsabilidad no es de los equipos directivos de los centros, sino de la Consejería, y afirmó que cualquier cambio que se haga en el próximo curso no debe suponer “una merma” ni en la calidad ni en la inclusión que supone la educación.
La crisis de la COVID-19 obliga a revisar procesos y metodologías, a mejorar herramientas docentes, a implementar nuevas estrategias educativas, así como a esforzarse en “proteger a los mas vulnerables”, según Valbuena.
La diputada de CC-PNC Beatriz Calzada reclamó que se acabe con la provisionalidad en la Consejería y el presidente de Canarias nombre cuanto antes un nuevo equipo, tras la dimisión de la consejera anterior, María José Guerra, y sus sustitución interina por Valbuena.
“Es usted un parche en una rueda que sigue perdiendo aire”, dijo al consejero, y aseguró que la sociedad ha perdido la confianza en la gestión educativa del Gobierno de Canarias a la vista de la falta de organización en el final de este curso.
Lorena Hernández, del PP, señaló que “toda la comunidad educativa sin excepción” ha cuestionado el trabajo del Gobierno y advirtió de que hay mucha preocupación ante el próximo curso después de ver que la consejera dimitida carecía de planes para finalizar este.
La diputada puso como ejemplo de la falta de gestión la ausencia de un protocolo unificado para las escuelas de hasta 3 años, de manera que unas han abierto y otras no, generando desigualdad entre los niños y las familias, cuestión a la que el consejero no respondió.
Carmen Hernández, de Nueva Canarias, admitió que hay gran incertidumbre y ansiedad en la sociedad ante el próximo curso escolar, aunque precisó que no hay soluciones mágicas ni simples y que toda la comunidad educativa debe involucrarse.
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