La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife acogerá la próxima semana un juicio con jurado contra un jefe de servicio y a un trabajador de Protección Civil en La Palma acusados de cobrar por la expedición de falsos certificados de prestación de servicios para anular penas a personas con condenas en firme.
Para el jefe de servicio, la Fiscalía solicita cinco años de prisión, 3.600 euros de multa e inhabilitación durante 11 años por el supuesto cobro de sobornos; y por el delito de falsedad de documento público, cinco años de cárcel y otros 3.600 euros.
Para el segundo procesado pide por el delito de cohecho cuatro años de prisión y multa de 2.700 euros, y de forma conjunta ambos tendrían que devolver 1.600 euros recibidos de un promotor deportivo.
El primer acusado ejerció de jefe de servicio de Protección Civil en La Palma a lo largo de 28 años de manera que, según el Ministerio Público, con la intención de obtener dinero ofrecía a vecinos con condenas firmes la posibilidad de firmar un certificado para anular sus penas.
En el documento se recogía que había prestado más servicios de los reales, que coincidían con los recogidos en sus condenas, por lo que se generaba un error en el Juzgado que archivaba la ejecución de las causas al entenderlas cumplidas.
En una de las ocasiones una mujer condenada a 48 días de trabajos en beneficio de la comunidad tras mantener una conversación con el procesado éste le ofreció certificar unas jornadas que nunca fueron reales.
En otro más uno de los condenados inició el cumplimiento de la pena y tras entregar 6 pares de botas cuyo valor era de 300 euros recibió el documento falso que dio lugar al archivo de su pena.
Junto con el otro acusado exigieron delante de varias personas 1.700 euros a los organizadores de un campeonato deportivo en Santa Cruz de La Palma para que se pudiera realizar la prueba.
Debido a las presiones ejercidas con la amenaza de suspender la carrera y el escaso margen de tiempo del que disponían se les hizo entrega al segundo acusado de 1.600 euros en un hotel, siguiendo las instrucciones del jefe de Protección Civil.
De esta manera se evitó un perjuicio económico a los promotores que habría tenido lugar en caso de que la prueba no se llevara a cabo.