Migraciones ofrece a Canarias dos centros donde acoger a madres migrantes y sus hijos para evitar su separación tras llegar en patera

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha ofrecido dos centros en Gran Canaria para acoger a los niños migrantes y sus madres durante los trámites de comprobación de su filiación, con el objetivo de evitar la separación de estas familias producida en la isla tras su llegada en patera. Mientras la Fiscalía de Canarias continúa “evaluando” la decisión de la fiscal de Las Palmas de alejar a once menores de sus progenitoras, la Secretaría de Estado de Migraciones ha contactado con la consejería de Derechos Sociales, muy crítica con esta práctica, para comunicarle la disponibilidad de plazas estatales para este fin.

Después de la oferta de colaboración, la Fiscalía General del Estado se ha mostrado dispuesta a plantear la reunificación de estas familias. En un comunicado, la institución ha propuesto la “adopción de medidas” a las administraciones responsables para facilitar “espacios o centros en los que se garantice que menores y progenitores ”mantengan la situación de convivencia“, con el objetivo de priorizar el interés superior del menor.

Los centros planteados por Migraciones a la Consejería, ubicados en Gran Canaria, tienen un total de 90 plazas y forman parte del sistema de Atención Humanitaria . “Podrán disponerse para familias con sus hijos e hijas”, detallan fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones. Ambas instalaciones cuentan con “un equipo de intervención especializado que acompaña a las personas acogidas” y “mantiene un contacto estrecho con todas ellas”. Según destacan, estos centros están creados para generar “un espacio de confianza para que las personas acogidas puedan expresar ”cualquier necesidad que requiera de ayuda“, lo que facilita a los equipos ”la detección de situaciones de especial vulnerabilidad“, como la identificación de víctimas de trata.

La Fiscalía de las Palmas defiende que separar a las madres de sus hijos es una “medida de precaución” aplicada como consecuencia de sucesos pasados, en los que se localizó a personas que utilizaban a los niños para conseguir arraigos en Canarias o para llevarlos a Europa para traficar con menores. “Si el menor no puede decir que es su madre, se procede a la separación. Se toman muestras de ADN y se establece un régimen de visitas, que con la pandemia provocada por la COVID-19 ha pasado a ser más restringido”, defiende.

Sin embargo, las medidas de prevención de la trata de seres humanos y contra la utilización de menores, incluidas en el Protocolo Marco de Menores No Acompañados, no marcan esta pauta, pues solo contemplan la separación en casos excepcionales, cuando se perciba un “riesgo inminente para el menor”. El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, está revisando la interpretación del protocolo realizada por la fiscal de Las Palmas. “Estamos estudiando por qué se hace en Las Palmas y si esto es lo más adecuado. La prueba tarda, y si realmente son madre e hijo, esta separación durante tanto tiempo puede ser contraproducente”, subraya.

El colectivo Caminando Fronteras explica que esta práctica, que fue común en Andalucía, produce “mucho dolor” tanto para las madres como para los hijos y supone una “vulneración del derecho a la familia y la infancia” por el hecho de ser mujer, negra y llegar en patera.