Najat guarda en su pequeño bolso negro dos reliquias que la acompañan siempre. La primera, un portarretratos dorado con la foto de su hermano pequeño, Youssef. La otra, un recorte de periódico del día de su muerte, el 14 de febrero de 2010. Los dos forman parte de una familia humilde de Sidi Ifni, la antigua colonia española en la costa oeste marroquí. En octubre de 2008, el joven se fue de casa sin decir nada y tres días después llamó por teléfono. Había cruzado en patera hasta Lanzarote con algunos de sus amigos.
Najat recuerda ese día y aún se echa las manos a la cabeza. “Nosotros pensábamos que se había ido al campo con sus abuelos a trabajar”, cuenta. En una mano sostiene un álbum repleto de imágenes de su hermano. Con la otra carga a su hijo, el pequeño Youssef, que lleva el nombre de su tío.
Cuando llegó a Canarias, el joven saharaui tenía 16 años, por lo que fue trasladado a un recurso de emergencia para menores extranjeros no acompañados de Tenerife habilitado en plena crisis de los cayucos. En el Nivaria, situado en La Esperanza, apenas pasó 20 días. “Él estaba en el segundo piso. Un amigo suyo me contó que otro menor le estaba incitando a fumar y a tomar droga. Él no quería y después de esa discusión cayó por la ventana del edificio”. Najat aún llora cada vez que lo recuerda.
Él entró en coma y pasó un año ingresado en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife. Najat estaba en Sidi Ifni cuando desde el Consulado de Marruecos se pusieron en contacto con ella para que viajara a España a estar con su hermano. No se separó de él ni un solo día, mientras que sus padres seguían en Marruecos esperando una buena noticia.
Doce meses después de que Youssef entrara en el hospital, Najat viajó de nuevo a su casa para cuidar de sus padres. Pocos días después de aterrizar, llegó el jarro de agua fría. “Me llamaron y me dijeron que mi hermano había muerto. No lo entendía, cuando lo dejé seguía respirando. La muerte del joven saharaui copó los titulares de varios periódicos locales. ”Muere en el hospital el menor magrebí que sufrió una caída grave en Nivaria“.
“Ese mismo año, de la desesperación, mi padre murió también”, cuenta. Padre e hijo pudieron ser enterrados juntos en su lugar de origen. Tras el fallecimiento de su hermano, Najat regresó a España a “hacer justicia”. Son muchas las preguntas que se agolpan en la mente de la mujer. Entre ellas, si su hermano se cayó o si lo empujaron en una discusión. Ha tenido varios abogados en estos 14 años, pero aún no tiene respuestas. “Necesito que alguien me ayude a saber qué pasó con Youssef”, insiste.
El “infierno” del Nivaria
Un informe de la organización Human Right Watch describe al Nivaria como uno de los mayores centros de emergencia que se abrieron en Canarias en el verano de 2006, junto a un recurso instalado en Arinaga, en Gran Canaria. Tenía capacidad para 200 personas.
Las conclusiones de una visita de esta ONG al recurso de La Esperanza alertan de “abusos graves y malos tratos” en una de las alas del edificio. “Los niños a los que entrevistamos sugieren que durante los últimos cinco meses de 2006 se habrían producido palizas generalizadas y muy graves”, apuntó entonces la organización. “Los niños describieron como una celda de castigo la planta superior, donde recibían palizas y eran encerrados durante periodos de hasta varios días”, apuntó HRW.
Como consecuencia del clima “hostil” que envolvía a este centro, cien menores se escaparon del recurso en septiembre de 2006 como forma de protesta. “Fueron llevados de vuelta inmediatamente por la Policía”, cuenta el informe de Human Right Watch. “Estábamos tan hartos que todos dijimos que queríamos abandonar el centro. El director alertó a la Policía y al poco nos cogieron y nos devolvieron al centro. Después nos trataron como si fuéramos delincuentes”, contó un menor a la ONG.
En 2010, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pidió cien años de prisión para dos directivos del Nivaria por torturas graves en el complejo de La Esperanza entre 2002 y 2004, antes de que fuera un recurso de emergencia. La Fiscalía pidió además indemnizaciones de 10.000 euros para cada víctima por vejaciones, golpes y humillaciones.
Los medios de comunicación locales se hicieron eco entonces de las acusaciones a los directivos de este centro por tratar de forma discriminatoria a los menores extranjeros por su nacionalidad. “Obligaban a los menores a desnudarse y a hacer sentadillas, realizando acciones denigratorias, imponiendo castigos físicos como golpearles y engrilletarles las manos a la espalda y amarrar las esposas a una estantería”, recogió en su escrito el Ministerio Fiscal.