La alcaldesa de Mogán ordena una inspección en los dos complejos turísticos que acogen a menores migrantes no acompañados

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), ha levantado este viernes un acta de denuncia de inspección urbanística a los dos apartamentos del sur de Gran Canaria que alojan a menores extranjeros no acompañados por “utilizar instalaciones turísticas -apartamentos- como albergue de migrantes”, tal y como especifica en el documento al que ha tenido acceso Canarias Ahora. La máxima responsable del municipio ha enviado al establecimiento este 27 de noviembre a un agente de la Policía Local para entregar un oficio, después de que este jueves ella misma amenazara a los hoteleros con sancionarlos a partir del 31 de diciembre si cedían sus establecimientos a fines humanitarios.

Noemí Santana, responsable de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias -que tiene las competencias directas sobre los niños y niñas migrantes que llegan solos a las Islas-, respondió este jueves a las amenazas de la alcaldesa de Mogán. “No eche gasolina al fuego con discursos xenófobos y cuasifascistas”, pidió la consejera. “Estamos ante un fenómeno sin precedentes, la Comunidad Autónoma nunca había tutelado a tantos niños y niñas”, más de 2.000, y la alternativa “no va a pasar bajo ninguna circunstancia” por dejarlos en la calle, subrayó Santana. “Que me diga la alcaldesa qué alternativas tenemos. Me gusta la gente que aporta soluciones y no problemas”. 

Bueno ha respondido este viernes exigiendo una inspección acogiéndose al artículo 372 de la Ley del Suelo, que recoge como tipo de infracción “la implantación y desarrollo de usos no amparados por los títulos o requisitos de intervención administrativa habitantes que correspondan e incompatibles con la ordenación aplicable”.

Según la alcaldesa, el Estado se está gastando unos 300.000 euros diarios en alojar a las personas que llegan en patera en complejos turísticos por no utilizar otro tipo de instalaciones. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que tiene las competencias en materia de Acogida Humanitaria, desmiente este dato. “No. No es cierto en absoluto. No ofrecemos información desgranada por tipo de recurso porque el gasto del Gobierno en Atención Humanitaria ya está registrado y público en las subvenciones del Ministerio en esta materia”, han respondido fuentes de la cartera que dirige José Luis Escrivá a este periódico.

Onalia Bueno dio de “plazo” al Estado hasta el 31 de diciembre para realojar a las personas ubicadas en distintas instalaciones turísticas. Sin embargo, ya el ministro de Migraciones aseguró en su visita a las Islas que antes de que acabe el año Canarias contará con siete grandes campamentos destinados a la acogida humanitaria y que los hoteles volverán a tener el uso previo a la pandemia.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, aseguró que destinar los hoteles a fines humanitarios no ha provocado pérdidas en el sector: “No tiene nada que ver, la caída se debe a que no hay flujo turístico por la pandemia”. Ante las previsiones de que el flujo turístico se reactive en los próximos meses, la patronal se ha sumado a las exigencias de la alcaldesa.

Onalia Bueno ha convocado además una manifestación vecinal para “recuperar el turismo” y exigir que se desaloje a los migrantes de los complejos hoteleros. El pasado 17 de noviembre, después de que 227 migrantes fueran sacados del muelle de Arguineguín sin una alternativa habitacional, sin comida, ni dinero, la alcaldesa fletó tres guaguas con destino a la Las Palmas de Gran Canaria, dejando a más de 200 personas migrantes a punto de pernoctar a la intemperie en la Plaza de la Feria. Finalmente, fueron reubicados por la Secretaría de Estado de Migraciones en complejos hoteleros para evitar que pasaran la noche al raso.