Amnistía Internacional denuncia el fallido proceso de asilo en Canarias

EFE

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Amnistía Internacional ha denunciado la degradación del derecho al asilo en Canarias en los últimos 15 años, con un sistema que causa sufrimiento a miles de inmigrantes y refugiados.

En un nuevo informe que publica este viernes, la organización de defensa de los derechos humanos analiza la saturación de los centros de recepción, la falta de protección adecuada de niños y niñas no acompañados, la ausencia de mecanismos para la identificación de víctimas de trata, abusos físicos, detenciones arbitrarias y devoluciones en caliente. “Basta ya de excusas ante una situación que no es inesperada ni sobrevenida”, destaca la organización, que recuerda que lleva décadas denunciando que las deficiencias estructurales de este modelo son intencionadas.

Amnistía lamenta que no se mantuviera la infraestructura de acogida habilitada en 2006 con la “crisis de los cayucos” en la que Canarias vivió una situación parecida cuando hasta 32.000 inmigrantes y refugiados llegaron a las islas, y que tuviera que improvisar con las entradas de 2020 el Plan Canarias, “con un planteamiento que ha resultado claramente insuficiente”.

“Falta de acceso a información y a asistencia letrada, condiciones de acogida indignas y problemas estructurales para acceder a procedimientos de asilo”, son algunos de las denuncias que de manera insistente Amnistía lleva realizando a lo largo de este año, junto a la falta de un protocolo adecuado y temprano para identificar los perfiles más vulnerables, como los niños no acompañados.

La organización lamenta, tras un año analizando la situación en Canarias, que la gestión de los flujos migratorios esté diseñada sobre este “modelo fallido que tanto sufrimiento está causando, y que degrada el acceso a protección internacional de miles de personas”.

“Aunque las llegadas masivas plantean importantes retos, éstas no son inesperadas ni excepcionales, y las autoridades españolas se han enfrentado a situaciones similares a lo largo de las últimas décadas, pero la respuesta es siempre la misma: políticas basadas en la contención y la disuasión, que no solo no funcionan, sino que traen consigo violaciones de derechos humanos”, explica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Desprotección de los más vulnerables

Amnistía destaca la ausencia de un procedimiento que detecte los perfiles vulnerables.

Explica el caso de B. S, senegalés que huyó de la persecución y el rechazo que vivía en su país de origen por su orientación sexual, y que tuvo que esperar cinco meses en Canarias hasta que lo trasladaron a la península. “Ya he tenido tres entrevistas, pero todavía no me han dado la tarjeta roja. Estoy mal. He dado toda la información pero solo me dicen que espere. Mis amigos ya pasaron a la península hace un mes”, señalaba, además de añadir que había sufrido amenazas por parte de otros residentes en el macrocentro de Las Canteras (Tenerife) donde había sido enviado durante un tiempo, contó el joven a la ONG.

Mientras permanecen en las islas, a Amnistía Internacional le preocupa que en algunos centros de acogida no se haya incorporado un enfoque de infancia y que no cuenten con las condiciones adecuadas para atender sus necesidades, como la atención psicológica para aquellos menores que sufren estrés postraumático como consecuencia de los peligrosos viajes en los que se embarcan a edades muy tempranas.

Sobre los niños migrantes que llegan solos a la comunidad, expone como más de mil menores están pendientes de algún trámite como, por ejemplo, las pruebas que determinen su edad, después de más de un año de espera en algunos casos.

“El abandono que sufren se incrementa conforme cumplen los 15 años, y la consecuencia de los retrasos en las pruebas que determinan su edad puede ser la más grave: acabar en la calle. Pero también es preocupante el proceso de espera y desinformación al que son sometidos, que incrementa su ansiedad”, indica Virginia Álvarez, responsable de investigación y Política Interior en Amnistía Internacional.

Fabrice, que llevaba ya un año en Canarias, relató a la organización el traumático viaje en patera desde que salió de Camerún con tan solo 15 años hasta que llegó a España con 17, y como a su llegada le quitaron el móvil y no pudo hablar ni con su familia.

“Otros dos chicos y yo dijimos que éramos menores de edad, pero no me hicieron ninguna pregunta. Después de esas dos semanas me llevaron a un centro de menores. Cuando me hicieron la prueba de mi edad, no me explicaron qué me iban a hacer, me miraron la mano (radiografía de la muñeca), los dientes (prueba odontológica) y los genitales”.

Para Amnistía es necesario que existan mecanismos adecuados de supervisión e inspección de este tipo de centros, garantizando que aquellos que pueden sufrir abusos puedan denunciarlos sin miedo a ningún tipo de represalias.

Insiste en la urgencia de establecer un mecanismo de solidaridad interterritorial para garantizar una adecuada acogida a estos menores con independencia de la ciudad o comunidad autónoma a la que lleguen.

Apenas un 4,4 % de las personas que han solicitado asilo en España (3.083 del total de 88.826) lo han hecho en la comunidad canaria, a pesar del incremento en las llegadas, indica el informe, que lo atribuye a la falta de acceso a información, de asistencia letrada y de intérpretes, entre otros motivos.

“Prácticamente todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional en abril y en octubre de 2021 señalaron que los agentes de Policía no les informaron sobre sus derechos durante su estancia en los CATE (Centro de Atención Temporal para Extranjeros) y la asistencia letrada, cuando la hay, ha sido inadecuada e insuficiente, y en muchos casos realizada de manera grupal, atendiendo a seis o siete personas al mismo tiempo”, expone la investigación.

Además, los solicitantes sufren demoras de más de un año para la realización de la entrevista de asilo, falta de instrucciones y protocolos estandarizados que provocan diferencias en los procesos de asilo dependiendo de la isla donde se inicien; y formación especializada y de recursos humanos que, aseguren, como marcan las leyes internacionales, las evaluaciones individualizadas de las solicitudes de asilo son algunos de los problemas que se encuentran.

Respecto a los menores, recuerda que según Eurostat, en 2020 sólo se habían tramitado en España 45 solicitudes de asilo del total de menores que llegaron, realizadas por infancia no acompañada, 30 niños y 15 niñas. En 2021 se habrían detectado 300 menores en necesidad de protección internacional según la Directora de Protección a la Infancia de Canarias.