El bloqueo de migrantes en Canarias empuja a la huelga de hambre a más de 170 senegaleses

Khalifa Ibrahima Ndiaye estudió Derecho en la Universidad Cheikh Anta Diop, en Dakar. Hace ya tres meses llegó en un cayuco a Tenerife, con la ilusión de desplazarse a la Península. Sus expectativas en España eran altas, incluso en una de sus últimas fotos publicadas en redes sociales posa junto a la Constitución Española. Sin embargo, permanece bloqueado en Canarias. Hasta el momento, está alojado en un hotel de Puerto de la Cruz, pero insiste en que su propósito no es comer y dormir a diario de forma cómoda, sino trabajar o desplazarse junto a sus familiares que residen en otras comunidades autónomas. Los obstáculos impuestos a este propósito han empujado a Ibrahima y a 175 senegaleses más a iniciar una huelga de hambre que comenzó el sábado. Este lunes, Cruz Roja ha confirmado a Canarias Ahora que el grupo ya ha abandonado la protesta y que su reivindicación era viajar a la Península. La ONG no ha ofrecido más detalles sobre si sus peticiones han sido atendidas.

En un vídeo publicado por la agencia de producción audiovisual senegalesa Widish Vision, y bajo el título “El calvario de los senegaleses en España”, Khalifa Ibrahima denuncia que muchos de ellos cuentan con pasaporte y que han intentado viajar dos veces, pero en ambas ocasiones han sido parados en el aeropuerto por la Policía. “Antes con pasaporte podías viajar, y estos días nos dijeron que tampoco se puede viajar con pasaporte”, cuenta Ibrahima en el vídeo.

El colectivo que inició la huelga de hambre en Tenerife también ha exigido al Gobierno de Senegal, liderado por Macky Sall, que alcance un acuerdo con el Ejecutivo español para “proteger a sus ciudadanos” y facilitar su desplazamiento al territorio continental. Todos ellos insisten en que comprenden que existe una crisis sanitaria, pero subrayan que con una prueba PCR negativa y el pasaporte tienen derecho a viajar.

En los últimos meses de 2020, el Ministerio del Interior reforzó los controles de documentación en los puertos y aeropuertos españoles. El propósito era frenar los viajes de migrantes desde las Islas, tal y como confirmaron fuentes policiales a elDiario.es, aprovechando los controles sanitarios para controlar la propagación de la COVID-19. Después de ser interceptados, algunos inmigrantes acaban detenidos o liberados, pese a que pueden moverse por todo el territorio nacional mientras se resuelve su expediente de devolución. La Delegación del Gobierno en Canarias y el Ministerio del Interior defienden que “lo que se está haciendo es comprobar que se cumplen los requisitos de movilidad impuestos por las comunidades autónomas frente a la COVID-19 y que limitan a una serie de supuestos las entradas en otras autonomías”. Además, insisten en que estas comprobaciones se hacen “para todas las personas”, no solo para migrantes.

Este enero, la Comisaría Provincial de Policía Nacional abrió un expediente disciplinario al inspector responsable del puesto fronterizo del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, para determinar si es el responsable de “no identificar a los ciudadanos magrebíes” que llegaron en un vuelo desde Canarias el pasado 14 de diciembre. El Sindicato Unificado de Policía pidió el archivo del caso y señaló que días antes el inspector había recibido una nota interior que instaba a la comprobación de la existencia “de posibles conexiones criminales” en los flujos de personas llegadas al aeropuerto. 

El agente expedientado comprobó la presencia de ciudadanos con rasgos magrebíes en el vuelo, pero se fueron del aeropuerto en transporte público como otros viajeros, sin que ningún vehículo privado fuera a recogerles. “No se producían elementos objetivos que permitieran llevar a cabo actuaciones de identificación y control documental por la posible comisión de delitos”, concluyó el SUP.

La imposibilidad de viajar a la Península ha provocado incidentes en otras islas. En Gran Canaria, la Policía Local de Mogán recibió un aviso la noche del 17 de noviembre por un altercado en uno de los complejos turísticos habilitados para la acogida. Un hombre magrebí se había autolesionado. Cuando los agentes llegaron el migrante presentaba heridas en los brazos y en la frente, y manifestó que se sentía muy nervioso porque había intentado volar en dos ocasiones a la Península, pero no se lo permitieron y perdió todo el dinero.

Derivaciones oficiales

En el marco del Programa de Atención Humanitaria del Ministerio de Migraciones, habían sido derivadas a la Península a fecha de 11 de diciembre 2.035 personas. Según los datos obtenidos por el abogado Daniel Arencibia a través de la Unidad de Transparencia, el 70% de los traslados tuvo lugar entre septiembre, octubre y noviembre, mientras que durante la vigencia del estado de alarma no se realizó ninguno. El resto de personas que no han sido derivadas permanecen en algunos hoteles de las islas y también en dos de los siete campamentos que el Ministerio de Migraciones prevé instalar en las Islas. Hasta el momento, solo han entrado en funcionamiento el CEIP León y el Regimiento Canarias 50.

El programa de atención humanitaria tiene como objetivo “atender el estado de necesidad de las personas migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad”. Este perfil incluye a quienes presenten deterioro físico, carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos. También quienes formen parte de “asentamientos que sufran graves riesgos sociales y sanitarios y precisen de actuación inmediata para su subsanación”. 

A esta cifra se suman las salidas de centenares de personas que pudieron salir el año pasado de Canarias por sus propios medios. Por su parte, el Ministerio del Interior ha tratado de agilizar las deportaciones a Marruecos y a Mauritania. El 10 de noviembre fueron expulsadas a Mauritania 22 personas, de las que solo una era nacional del país. También a finales de noviembre, una veintena de personas fue deportada a El Aaiún desde Gran Canaria, días después de la visita del ministro Fernando Grande-Marlaska a Rabat.