Adiós al campamento que vulneró durante cuatro meses los derechos de miles de migrantes

Adiós al muelle de la vergüenza. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció el 6 de noviembre en su visita a Canarias que “en las próximas semanas” disolvería el campamento. “No será una clausura parcial. No volverá a albergar migrantes”, aseveró. 23 días más tarde y después de casi cuatro meses de funcionamiento, el campamento para migrantes levantado sobre el puerto de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, ha sido desmantelado. Un retén de cribado sanitario será lo único que quede allí, según explicó el presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres. Todo comenzó el 3 de agosto. Bajo una carpa de Cruz Roja y a ras de suelo pasaron la noche 71 personas que llegaron a la isla en distintas embarcaciones desde El Aaiún, en el Sáhara Occidental. Quedaron a la espera de un lugar donde se procediera a su filiación y se les practicara la prueba PCR. “La verdad es que no es lo más ideal, pero es la única forma en la que han podido pasar la noche ahí”, reconocieron entonces desde Cruz Roja.

A partir de ese momento, la estampa comenzó a reproducirse a diario. En lugar de una sola carpa llegó a haber doce, y frente a los 71 migrantes que pernoctaron en el muelle ese lunes de verano, se hacinaron hasta 2.600, aunque la capacidad teórica del espacio era de 400 personas. El pasado viernes, después de una visita sorpresa, el Defensor del Pueblo pidió a Interior el cierre del campamento porque “se podrían estar vulnerando los derechos fundamentales”. Esta petición se sumaba a las de CEAR, Amnistía Internacional o del propio Ejecutivo regional.

La conversión del puerto de referencia de la Salvamar en un campamento precario pilló por sorpresa a todas las administraciones con competencias en la gestión de la crisis migratoria. Sin embargo, la alarma que saltó el 26 de mayo y que pasó inadvertida para las áreas de gobierno responsables ya había sentado un precedente. A la una de la madrugada de ese martes, Cruz Roja anunció que una patera había sido rescatada en las costas de Gran Canaria. Pasó la noche, y a las ocho de la mañana la entidad informó de que el grupo seguía en el muelle de Arguineguín. Por la tarde, el grupo fue trasladado a una nave del Puerto de Las Palmas habilitada ese mismo día.

La solución tampoco resultó la más acertada para las ONG, los profesionales del Servicio Canario de Salud (SCS) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El almacén no tenía camas, ventilación, ni duchas. Además, fueron los propios agentes de la Policía Nacional los encargados de barrer el polvo y los restos de cartón y madera del almacén “con una manguera y escobas”, tal y como denunció en un oficio emitido a la Delegación del Gobierno en Canarias el jefe superior de Policía. Con el tiempo, el establecimiento fue bautizado también como la nave de la vergüenza.

Este lugar estaba previsto como un espacio dedicado en exclusiva a la filiación de migrantes por la Policía Nacional, que custodiaba el almacén y que no podía mantener retenidas a las personas más de las 72 horas que permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que solo contempla como excepciones los casos de terrorismo. Sin embargo, este primer grupo llegó a pasar más de tres días. La reacción de la Policía Nacional fue dirigir un escrito al delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, y abandonar la nave. Los migrantes ya no estaban bajo custodia policial, pero tampoco sabían cuál era su situación administrativa ni a dónde podían dirigirse. Entonces, unas horas más tarde, fueron desplazados a recursos de Cruz Roja.

Derechos humanos

“Las condiciones no aseguran ni su dignidad, ni su salud”. La directora adjunta de Human Rights Watch para Europa, Judith Sunderland, se trasladó el 7 de noviembre a Arguineguín, y criticó la gestión migratoria de España: “El país podría dar un ejemplo más positivo con pleno respeto a los derechos de las personas, que en el muelle no se están respetando”.

El juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, también denunció que se haya permitido “que personas titulares de derechos humanos pasen dos semanas en estas condiciones”. El magistrado se sintió “avergonzado” con la estampa que se observó durante tres meses en este muelle: “Las Islas son las que dan la cara por toda Europa ante los pueblos colonizados que nos devuelven la visita. Canarias nunca ha sido así. Nunca nos hemos portado así con la gente”.

Según los testimonios de trabajadores del campamento y migrantes que estuvieron en él, la ausencia de carpas para todos en los momentos de más afluencia en el muelle conducía a las personas a pedir cartones para dormir y a atar mantas con cuerdas para no dormir a la intemperie. Para desayunar recibían un bocadillo de atún y millo o de pechuga de pollo y un zumo envasado. Lo mismo para almorzar y también para cenar. Los días en los que se multiplicaban los desembarcos en el muelle y había hasta 2.000 migrantes en el campamento, el personal de Cruz Roja no daba abasto. Las comidas se solapaban, y el reparto del almuerzo terminaba cuando llegaba la hora de comenzar a distribuir la cena.

Algo similar ocurría con el agua. Se daba una garrafa por grupos de ocho a diez personas, sin vasos. Uno de los migrantes que estuvo internado más de una semana explica que en su tienda de campaña había 110 personas, por lo que les repartían doce garrafas de ocho litros por la mañana y por la tarde. Menos de un litro por persona pese a las altas temperaturas que caracterizan a este punto de la isla.

En el muelle no había agua corriente para lavarse ni ducharse, por lo que a veces debían utilizar el agua potable para poder asearse antes del rezo. Tampoco tenían cargadores para poder cargar sus teléfonos e informar a sus familias de que habían sobrevivido a la travesía.

Sin asistencia jurídica

Algunos de los migrantes que entraron al muelle de Arguineguín salieron con una orden de devolución sin haber visto antes a un abogado. El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, abrió una investigación ante la queja elevada por el Colegio de Abogados de Las Palmas sobre la garantías en la asistencia jurídica de las personas migrantes que llegan a Canarias por vía marítima. Esta falta de asistencia letrada se produjo “de manera sistemática” en los últimos meses, por lo que el Consejo General de la Abogacía y los letrados del Colegio de Abogados reclaman que los migrantes cuenten con la “preceptiva asistencia jurídica que les informe de sus derechos y les guíe en todo el proceso”.

Fuentes de la Abogacía señalaron a este medio que algunos letrados se justifican apelando a la insalubridad del muelle de Arguineguín. Por ello, “se limitan a firmar el papel” que les da la Policía, sin entrevistarse con los migrantes tampoco en los hoteles donde son acogidos cuando los resultados de la PCR prueban que han dado negativo en coronavirus.

La jueza no vio delito

El Ayuntamiento de Mogán llevó a los tribunales las condiciones en las que estaban los migrantes en el muelle. Sin embargo, el caso fue archivado por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana. La magistrada que firmó el auto estableció que los hechos denunciados carecían “de relevancia a efectos penales”, aunque reconoció que la situación era “deplorable”. En el mismo escrito, la jueza determinó que los migrantes podían marcharse libremente de Arguineguín pasadas las 72 horas. “No ha quedado probado que los mismos estén en dicho recinto en contra de su voluntad, ni que se les haya impedido abandonarlo. No existe prueba alguna que acredite que los ciudadanos [...] al intentar abandonar las mismas hayan regresado por la fuerza”.

Sin embargo, algunos de los jóvenes que han pasado más de una semana sin acceso a duchas y durmiendo a la intemperie aseguran que nadie les informó de que podían irse. “Si lo hubiera sabido, no habría estado allí once días”, asegura Abdel (nombre ficticio), que llegó en patera desde Marruecos el pasado 7 de noviembre a Gran Canaria. “No hay información y, cuando nosotros la pedimos dicen que no nos pueden responder porque hay mucha gente”, recuerda. Por su parte, el Ministerio del Interior aseguró que “sí eran conocedores de ello”.

Tampoco la magistrada vio delito en la retención de migrantes más de 72 horas en el muelle. “El delito de detención ilegal exige un dolo específico, es decir, la voluntad de privar a otro de su libertad durante cierto tiempo. Si tal propósito no resulta evidente por las circunstancias del caso, no se cometería este delito”, matiza la magistrada en el auto. Además, explicó que la permanencia de personas en el puerto durante semanas estaba provocada también por la crisis sanitaria: “No se puede realizar labor alguna - ni administrativa, ni judicial - hasta obtener los resultados de las pruebas PCR realizadas a todos los migrantes que llegan a Canarias”.

Días de tregua

El delegado del Gobierno en Canarias ha explicado que las personas que permanecían hasta este domingo en el muelle han sido reubicadas en distintos recursos, algunos de ellos gestionados por el Ministerio del Interior, como el CATE (Centro de Atención Temporal para Extranjeros) de Barranco Seco, y otros por la cartera de Migraciones, como los complejos hoteleros del sur de Gran Canaria. Este fin de semana no ha llegado ninguna embarcación a la isla. Anselmo Pestana ha reconocido que estos “días de tregua” han permitido cumplir con el objetivo de levantar el campamento y ha justificado que el uso del muelle durante todo este tiempo se debe a la “falta de alternativas” para ubicar a las personas llegadas por vía marítima al Archipiélago. “Esperamos hacer una gestión mejor, pero recordemos la dimensión de lo que ha ocurrido. En tres días de noviembre llegaron a Canarias tantos migrantes como todo el año pasado”, apuntó. Entre el 6 y 8 de noviembre, casi 2.000 personas sobrevivieron a la ruta canaria.

El presidente canario celebró el fin de este campamento “insostenible”, pero insiste en que “aún queda mucho por hacer”. “Es importantísimo dispensar un trato humano digno a estas personas que se juegan la vida en la peligrosa travesía del Atlántico. También es necesario el control en origen, luchar contra las mafias, agilizar tránsitos y repatriaciones”, propuso. También aprovechó para lanzar un mensaje a la población canaria: “No lo olviden. A nadie le gusta dejar atrás a la familia. Como aquellos canarios y canarias, nuestros antepasados, que se vieron obligados a dejarlo todo y a buscar otras orillas. Lo llevamos en el ADN. En Canarias no cabe la xenofobia”.