“No esperaba esto”. A sus 20 años, Mohamed Sharqawi quiere pasar desapercibido en el sur de Gran Canaria. Tras recoger una bolsa de comida junto a un amigo en un comedor social de Cáritas, ambos almuerzan en el exterior, escorados en una esquina. Poco después, caminan por el arcén de una carretera para encontrar “cualquier sitio” en el que pasar la noche alejados de miradas. Hace días que fue expulsado del hotel en el que se alojaba durante dos semanas y no puede regresar. De familia de pescadores, Sharqawi obtuvo su consentimiento para cruzar la ruta atlántica en patera. Partió con la idea de buscar un trabajo que ayudara a mejorar su futuro y el de su familia: “Me gustaría trabajar en el campo”, dice. Sin posibilidad de salir de las Islas y en situación de calle, la repatriación es lo último que desea: “No quiero volver a Marruecos”. Sin embargo, las últimas decisiones anunciadas por las autoridades competentes permiten augurar que tanto para Mohamed como para 70 personas más que han sido expulsadas de la red de acogida en Gran Canaria, la deportación está más cerca.
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha asegurado que se priorizará la deportación de aquellas personas que hayan protagonizado incidentes, los altercados que están calentando el ambiente y haciendo crecer la crispación social en Gran Canaria durante las últimas semanas. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el segundo municipio que acoge más migrantes en complejos turísticos hasta el momento después de Mogán, ha asegurado que la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, transmitió en la última Junta de Seguridad que también se agilizará la repatriación de quienes abandonen de forma voluntaria campamentos y centros de acogida. El Ministerio del Interior ha desmentido el anuncio a Canarias Ahora. “No, no es un elemento que se tenga en cuenta”, explicaron desde el departamento de Fernando Grande-Marlaska.
Casi un centenar de migrantes que estaban en la red de acogida de las Islas han sido abandonados a su suerte, en torno a 70 porque han sido expulsados y una veintena porque han decidido abandonarla, según Cruz Roja, ONG encargada de la gestión en la mayoría de los espacios habilitados. En este último escenario se encuentran Ahmed Bouari y Adlib Mohammed, dos amigos de 26 y 29 años respectivamente que decidieron subirse a una patera en diciembre en Dajla para alcanzar las Islas. Solo aguantaron cuatro días en el albergue en el que fueron alojados: “Había muy poca comida, mucho alboroto y estábamos mal”, explica Ahmed. Salieron andando del norte de Gran Canaria y durante casi un mes erraron por diferentes enclaves de la isla hasta que, en el sur, encontraron una cueva en medio de un paisaje árido, donde aseguran que están mejor que en el espacio en el que fueron ubicados. “El único problema son los mosquitos”, añaden. Con mantas de Cruz Roja para taparse y unas garrafas de agua, muestran la pequeña entrada a la cueva en la que se resguardan durante las lluvias o para dormir.
Sus jornadas comienzan muy temprano para ir a desayunar a un comedor social de Cáritas. “Si no vamos, no nos dan el almuerzo”, explica Adlib. El día en el que hablaron con esta redacción, apenas habían comido porque el plato principal era cerdo. “Solo hemos cogido pan”, dice Ahmed mientras su amigo parte unos trozos para dar a las palomas que se acercan a la zona, sonriente. Al instante, su rostro se torna serio cuando se le pregunta por su familia. “Mi madre es diabética y antes la podía ayudar con 10 euros a la semana, ahora no tengo nada”, añade. No la avisó antes de partir, pero ha podido comunicarle que se encuentra bien. Adlib es el hermano mayor de su familia y tampoco les dijo nada.
En el mismo comedor social del sur de Gran Canaria, Mohamed Nadir espera para obtener su almuerzo en la cola. Durante un mes, estuvo alojado en un hotel, pero fue expulsado y ya no puede regresar. Desde hace semanas, mata el tiempo “paseando” o “hablando con conocidos”. A sus 27 años, decidió arriesgarse a cruzar la ruta canaria ante la falta de oportunidades en Marruecos. En diciembre llegó a Dajla para emprender un trayecto en patera que duró 4 días con el único objetivo de encontrar trabajo. Al llegar a Gran Canaria, fue trasladado al Centro de Estancia Temporal de Barranco Seco, donde permaneció tres días. De ahí a un hotel, del que no guarda buenos recuerdos. “A los marroquíes nos trataban mal”, afirma. “Paciencia” es la palabra a la que acude al ser preguntado sobre cómo afronta su situación. “Solo quiero un pasaporte y trabajar en el campo, no quiero volver a Marruecos”, concluye.
Tanto él como los demás migrantes que viven ahora en infraviviendas repartidas por Gran Canaria tienen derecho a estar empadronados en Canarias. Un requisito fundamental para que puedan, por ejemplo, renovar su pasaporte en el Consulado de Marruecos. El abogado Daniel Arencibia recordó que la ley permite a cualquier ciudadano empadronarse incluso en una chabola o en una cueva, aunque algunos ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria o el de Mogán bloqueen estos trámites.
Adlib y Ahmed pagaron 2.000 euros cada uno y salieron de Dajla. Llegaron a un puerto del que solo recuerdan “que se veía el Teide”. “La pandemia nos afectó mucho”, explican. Ambos se conocen desde hace años porque sus familias viven de la ganadería en un pueblo cerca de Casablanca, pero la COVID-19 les obligó a subsistir con “30 euros semanales por cuidar el ganado de otros”. Desconocen cuánto tiempo podrán seguir sobreviviendo al tedio de la rutina de no poder hacer nada, dicen que solo aspiran a encontrar trabajo. “Nos gustaría poder ir a la Península, pero también a Francia o Italia”.
Pero conseguir desplazarse a otras comunidades autónomas es una misión imposible en la actualidad. El Ministerio del Interior ha reforzado los controles policiales en los aeropuertos canarios. Hace menos de una semana, Samba (nombre ficticio), un joven senegalés de 20 años procedente de la región sureña de Casamance, lo experimentó en primera persona. Con su pasaporte en vigor y su billete de avión se desplazó al aeropuerto a primera hora de la mañana. En el control policial fue detenido. Algunos amigos canarios que tiene en la isla no supieron nada más de él hasta esa misma noche, cuando les informó de que había regresado al recurso de acogida.
En Tenerife, Khalifa Ibrahima, que nació en Senegal y estudió Derecho en Dakar, cuenta que varios de sus compañeros no han vuelto al hotel después de haber intentado viajar a la Península. Además, asegura que algunos de ellos después han sido retenidos en el CIE de Hoya Fría. Esta isla ha recibido en los últimos meses menos presión migratoria que Gran Canaria. Fuentes de Cáritas explican que algunas personas que llegaron en los últimos meses a Tenerife en pateras y cayucos han acudido a sus recursos alojativos. Sin embargo, Cáritas no tiene plazas libres y vuelven a derivarlos a Cruz Roja. Según la organización, hay algunas personas migrantes en situación de calle en Los Cristianos, al sur de la Isla, y en Puerto de la Cruz. Pero insisten en que “el problema más importante está en la provincia de Las Palmas”.
Para los migrantes que acepten la única opción que España ofrece hasta el momento para que permanezcan en Europa quedan siete campamentos en diferentes islas del Archipiélago. Estos recursos de acogida de emergencia están siendo instalados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta solución tiene capacidad para albergar a 7.000 personas. Si bien, el ministro José Luis Escrivá especificó en noviembre que del total de migrantes que sobrevivieron en 2020 a la ruta canaria, solo un 10% no era susceptible de ser devuelto, por lo que pueden acogerse al programa de acogida humanitaria competencia de su cartera. Las personas vulnerables serán derivadas de forma paulatina a la Península. El Ministerio de Migraciones, a fecha 11 de diciembre de 2020, había trasladado a 2.035 personas. El 70% de las derivaciones tuvieron lugar en septiembre, octubre y noviembre, ya que durante la vigencia del confinamiento estado no se realizó ningún desplazamiento. Además, desde que el Gobierno canario pidió en noviembre la distribución de 500 de los de los 2.600 niños y adolescentes que acoge actualmente en la península, todavía no se ha producido ninguno.
Los proyectos migratorios se truncan y los planes de futuro se desbaratan, pero quienes han arriesgado su vida en el mar siguen buscando opciones. Como Abdelhaq ben Mohamed. Tiene 38 años y vive en una obra abandonada. Abdelhaq busca a diario un lugar en el que lavarse y ha cruzado el océano hacia Canarias en dos ocasiones. Ha descartado ya poder vivir en la Europa continental, pero en su mapa mental aparecen nuevas opciones. “Quiero buscar trabajo, me han dicho que en La Palma se puede trabajar en el campo. Quiero ir allí”.