Canarias y Euskadi remiten a las comunidades su propuesta para la distribución de menores migrantes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el Lehendakari, Imanol Pradales, han remitido a los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas su propuesta de acuerdo para una distribución extraordinaria de los menores migrantes no acompañados.

La finalidad de este reparto es, según el Gobierno canario, garantizar la atención de los niños y jóvenes al tiempo que se alivia la tensión en la red de recursos en el archipiélago, que tutela en la actualidad en solitario unos 5.600 migrantes menores de edad.

En un comunicado, el Gobierno de Canarias explica que la carta expone el texto íntegro de la propuesta que se presentó en la XXVII Conferencia de Presidencia y que también fue remitida al Gobierno español.

Los dirigentes de Canarias y Euskadi buscan seguir dando pasos que permitan avanzar en una respuesta “a la dramática situación que están viviendo las comunidades autónomas situadas en la Frontera Sur, Canarias y Ceuta, pero también Euskadi, Frontera Norte”.

El texto urge “a aplicar de forma efectiva la solidaridad y corresponsabilidad territorial, tal como está recogido en el ordenamiento jurídico”.

Aquí, Canarias y Euskadi defienden que “es un principio y una obligación que vincula tanto al Gobierno de España como a los gobiernos de las comunidades autónomas” y que tiene como objetivo “asegurar la cobertura de necesidades básicas y derechos fundamentales de los y las menores no acompañados”. Cabe señalar que la mayoría de las comunidades están gobernadas por el PP, en algunos casos, junto a Vox, que estos dos partidos rechazan la reforma de la Ley de Extranjería que propicia ese reparto entre las comunidades autónomas.

Activación de un mecanismo extraordinario

Canarias y Euskadi apuestan por la activación de un mecanismo extraordinario que permita “la distribución de menores migrantes no acompañados y garantice sus intereses superiores”, al tiempo que resolvería “la situación que viven Canarias, Ceuta y Euskadi”.

De igual modo, Canarias y Euskadi insisten en su propuesta que es el Gobierno español el que “tiene la responsabilidad de promover de manera eficaz la distribución equitativa de los y las menores, cooperando activamente y aportando los correspondientes recursos materiales y económicos”.

Por ello, buscan “garantizar que los y las menores tengan acceso a un entorno seguro, adaptado a sus necesidades y derechos” que reclaman sean financiados con fondos estatales y europeos y con la coordinación de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones“. Es decir, piden que sea el Estado, y nos los gobiernos autónomicos, quienes sufraguen esa atención.

Ejes de la propuesta Canarias-Euskadi

En la propuesta remitida a los líderes de los ejecutivos autonómicos, Canarias y Euskadi plantean un acuerdo de colaboración sobre la gestión migratoria en cuatro ámbitos de gestión de aplicación “inmediata”.

El primero es un Plan Estratégico de Migración que contemple desde la planificación, la previsión de diferentes escenarios, los indicadores de evaluación y una memoria económica real.

A este Plan se sumaría la consideración de Euskadi como Frontera Norte tras el cierre de la frontera decretada por el estado francés el pasado 1 de noviembre, acompañada “por una mayor dotación económica para atender con dignidad a las personas en tránsito”.

De la misma forma, tanto Euskadi como Canarias abogan por “un reparto equilibrado, coordinado y justo entre las comunidades autónomas” unido a una memoria económica que garantice y soporte la distribución extraordinaria de los y las menores no acompañados.

Por último, piden un modelo de distribución basada en un total de cinco indicadores. Concretamente, se refieren al modelo elaborado por el Gobierno canario y suscrito por el Ejecutivo vasco sobre los indicadores de población total, población acogida (media de menores acogidos por cada cien mil habitantes en los últimos seis meses), PIB per cápita, desempleo y solidaridad (número de menores acogidos en los últimos cinco años).

Tal y como plantearon en la Conferencia de Presidencias del pasado mes de diciembre ambos gobiernos, plantean que la medida extraordinaria debería ser aplicada en un plazo no superior a tres meses con la figura jurídica oportuna.

Inmediatamente después, plantean que sea la Conferencia Sectorial de Infancia la que retome un debate más sosegado sobre los coeficientes de distribución a aplicar en un futuro.

“No perder ni un minuto más”

En este contexto, el presidente, Fernando Clavijo, reconoció que esta carta remitida por Canarias y Euskadi a los ejecutivos autonómicos solo busca “no perder ni un minuto más y abrirla al debate y a las aportaciones de los presidentes y las presidentas de las comunidades y ciudades autónomas”.

Coincide, además, con el repunte migratorio en Canarias, que ha dejado en los últimos días a 2.000 personas más, elevando a 5.812 el número de menores no acompañados tutelados por la comunidad canaria.

Al respecto, Clavijo advirtió que la “situación es insostenible y no podemos seguir esperando a que el Gobierno español tome la iniciativa”. Cabe recordar que es el PP, partido con el que Clavijo cogobierna en las Islas, quien ha votado en contra de la reforma de la Ley de Extranjería para propiciar un reparto entre las comunidades autónomas, y también quien abandonó la mesa de negociación con el Estado. Y que es el PP quien gobierna en las comunidades autónomas que se comprometieron a recibir a menores migrantes en 2023 y en 2024 no habían cumplido el cupo acordado. De hecho, el propio Clavijo acusó al PP hace apenas unos días de bloquear “con excusas” el reparto de menores migrantes.

La propuesta defendida por los ejecutivos liderados por Clavijo y Pradales contempla también la necesidad de que vaya aparejada a medidas a medio y largo plazo como son “la cooperación con los países de origen” en el marco del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y el nuevo reglamento de extranjería.

El objetivo es que “niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en su país de origen”. Del mismo modo se solicita que se establezcan canales para el intercambio de información sobre proyectos piloto en curso en los países de origen, como 'Tierra Firme', liderado por el gobierno canario en Senegal.