Canarias habla de un “antes y un después” por supuestas “presiones” del Estado con los menores migrantes

El Gobierno de Canarias vuelve a arremeter contra el Gobierno central después de que fracasara en el Congreso de los Diputados la admisión a trámite de la reforma de la Ley de Extranjería gracias a los votos en contra del PP, Vox y Junts. Sin embargo, lejos de reprochar a su socio de gobierno, el PP, que dinamitase esta iniciativa para una mejor acogida de los menores, el Ejecutivo canario continúa con la estrategia que ya inició aquel mismo día de la votación (23 de julio): culpar al Estado. Este lunes, cuando se ha retomado la agenda política nacional, tanto el presidente canario, Fernando Clavijo, como el portavoz del Gobierno autonómico, Alfonso Cabello (ambos de Coalición Canaria), han afirmado que el Estado ha presionado, supuestamente, a las ONG que atienden a estos menores y que eso supone “un antes y un después” en sus relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, Clavijo ha afirmado que el Estado ha dejado solo al archipiélago e incluso ha anunciado que se abrirá “un debate jurídico” por la “dejación de funciones” en materia migratoria.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cabello ha detallado que durante la reunión del Pacto Migratorio Canario que se celebrará en la tarde de este lunes en la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria se debatirán qué acciones jurídicas se emprenderán ante esa situación.

Según el relato de Cabello, las ONGs recibieron “presiones” por parte de Policía y Fiscalía de Menores para que se hiciesen cargo de los niños y adolescentes que arribaron a El Hierro en los últimos días, si bien, según ha recordado el portavoz, esta isla cuenta con 150 plazas y ya acoge a 285 menores.

“Se ha producido un profundo debate en el Consejo de Gobierno sobre una serie de medidas jurídicas a adoptar a lo largo de los próximos días y cuyo detalle se conocerá tras reunirnos con los grupos políticos”, ha insistido Cabello, que ha asegurado que de esa reunión se saldrá con “una hoja de ruta para las próximas semanas”.

Preguntado por qué tipo de presiones se habían recibido, Cabello ha dicho que la Policía Nacional y la Fiscalía requirió a las ONG que emplazaran a los menores en infraestructuras ya colmatadas a sabiendas de la situación real de los centros, que “no pueden más”. Cabe recordar que la atención a los menores migrantes es competencia autonómica y que el propio Gobierno canario lleva meses anunciando que las llegadas se acentuarían tras el verano, cuando las condiciones meteorológicas mejoran. Pero pese a ello, no ha previsto ni preparado más infraestructuras de acogida, más allá de instalar carpas en los muelles para derivar allí a estos niños y adolescentes que llegan a las Islas solos, sin ningún familiar. Esta medida, la de instalar carpas, ya fue rechazada en julio por la Fiscalía de Extranjería.

“Cuando tienes una red para acoger a 150 y tienes 285, se está hablando de una situación muy tensa y compleja. Cuando sobre esa situación se siguen produciendo un número de llegadas de en torno a 70 menores, se tienen que producir derivaciones a una red que no puede sufrir más presión”, ha insistido Cabello.

El portavoz ha acusado al Gobierno de España y la Unión Europea de “dejación de funciones” con Canarias, que en su opinión ha sido “más sangrante que nunca en los últimos días” y ha dicho que cuando las instituciones europeas pusieron el foco en la ruta mediterránea y en Lampedusa (Italia), las llegadas se redujeron un 65%.

“Cuando se toman decisiones por parte de la UE se puede revertir una situación”, ha insistido Cabello, que se ha quejado de que en cuatro años el resto de comunidades autónomas han acogido menos menores, en torno a unos 500, que los que han llegado a Canarias tan solo en el mes de agosto (571).

Ante esos números, la comunidad autónoma, ha insistido, tiene una capacidad de 4.339 menores para acoger si bien hay actualmente 5.283, con “944 menores sobresaturando la red de acogida en los 80 centros que hay en Canarias”. Ni una palabra para su socio de gobierno, el PP, que no solo tumbó la reforma de la Ley de Extranjería, sino que plantó la visita a las instalaciones de acogida desbordadas cuando se celebró la Conferencia Sectorial de Infancia a principios de julio en Tenerife, y cuyos líderes autonómicos han puesto numerosas trabas a la distribución de los menores.

Viaje a Ceuta

También ha hablado Alfonso Cabello de un repunte del 120% en el número de migrantes que han alcanzado las costas canarias con respecto al mismo periodo del pasado año, y ha resaltado que el presidente canario, Fernando Clavijo, se desplazará a Ceuta para elaborar una hoja de ruta conjunta con la ciudad autónoma, que también está gestionando un repunte migratorio.

Para el Gobierno de Canarias, le corresponde al Gobierno de España dar respuesta a esta situación, especialmente tras haber “avisado” de que el flujo aumentaría en estas fechas, como se ha demostrado históricamente.

“A quien le toca mover ficha y acción de gobierno es al PSOE a nivel nacional”, ha subrayado Cabello, que ha concluido con que el Gobierno canario, “en algún momento” se “tiene que plantar” frente a una situación, ha dicho, que “ha quemado” al Gobierno de España. Cabe recordar, de nuevo, que la competencia sobre este asunto es autonómica.

El vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez (PP), ha negado que su partido esté “poco colaborador” pese a no haber apoyado la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería acordada entre su socio, Coalición Canaria, y el PSOE en el Congreso de los Diputados.

“El PP tuvo una serie de propuestas, que se rebajaron, y se adaptaron a las principales necesidades de Canarias. Con 50 millones no podíamos cubrir el coste que suponen los menores tutelados, por ejemplo. Las peticiones del PP ni son un capricho ni son imposibles de cumplir”, ha respondido Domínguez.

“Quien votó en contra fue el PP”

Tras conocer la amenaza de Clavijo a emprender “acciones”, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha respondido que quien votó en contra de la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso fue su socio en el Gobierno autonómico, el PP.

Así lo ha indicado en una entrevista en RNE, en la que ha criticado a Clavijo por estar “intentando proteger a su socio” mediante ataques al Gobierno, en lugar de salir “en defensa de los intereses de Canarias” pidiendo a los populares que apoyen la reforma de la Ley de Extranjería en la Cámara Baja.

“Le recuerdo al presidente Clavijo que quien votó en contra el 23 de julio fue el Partido Popular, por tanto, su socio en Canarias. Yo creo que está intentando proteger a su socio atacando al Gobierno, cuando tendría que ser en defensa de los intereses de Canarias”, ha expresado Torres, para después lamentar la decisión del presidente canario, con quien se comunica “permanentemente, casi a diario” por la llegada de migrantes a las islas.