La casa en la que viven los jóvenes migrantes extutelados de la calle

En un pequeño piso del sur de Gran Canaria cuelga una hoja en la pared de la entrada. Es un calendario de trabajo para organizar a quién le toca limpiar la cocina, el baño o el salón. Aparecen unos cuantos nombres: Cheik, Birahim, Said, Assane, Achraf y Khalid. Todos ellos nacieron entre el polvo desértico y las noches sin nubes de África. Todos ellos arriesgaron sus vidas para colarse en una pequeña embarcación y tocar, con suerte, suelo canario días después para empezar una nueva vida. Lo que no sabían es que estarían a punto de dormir en la calle de no ser por José Manuel Ramírez, un vecino del municipio de San Bartolomé de Tirajana que ha creado una asociación, Canoa Solidaria, y ha alquilado una vivienda para darles cobijo.

Canarias recibe un flujo de menores migrantes como nunca antes. La directora general de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno Regional, Iratxe Serrano, cree que el Archipiélago podría tutelar a cerca de 3.000 a final de año (en estos momentos hay poco más de 2.500), y la mayoría aún está a la espera de una prueba ósea que dirima de forma precisa la edad que tienen. Mientras algunos llegan con 13 o 14 y casi un lustro por delante para crecer en un centro de acogida y regularizar su situación, otros no tienen tanta suerte. Son los que aterrizan con un reloj de arena en la mochila. Son los que pisan el Archipiélago con 16 o 17 y pasan en cuestión de meses de ser tutelados por la Administración a estar desprotegidos y, en los peores casos, sin documentación cuando alcanzan la mayoría de edad.

Muchos de ellos terminan en los contextos más precarios que se pueden imaginar. Están prácticamente excluidos del sistema. En las Islas, especialmente en Gran Canaria, es habitual toparse con jóvenes migrantes que abren y cierran sus ojos en condiciones de sinhogarismo. Y ante esta realidad, José Manuel Ramírez, presidente del Club Deportivo Tablero, un equipo de fútbol de Maspalomas, y funcionario del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, sentía que no podía quedarse de brazos cruzados. En un pequeño piso del municipio ahora acoge a seis chicos. La mayoría de los gastos salen de su bolsillo. La intención, subraya, es seguir creciendo.

Todo empezó por el fútbol. Un amigo de Ramírez que trabaja en la asociación Quorum, una de las organizaciones que se encarga de la coordinación de los centros de menores extranjeros que hay en Canarias, le ofreció dar cabida a varios chicos en su equipo. Empezaron a entrenar y a jugar. Algunos fueron integrados en las plantillas. Pero un día, uno de ellos dejó de acudir a las sesiones. Había cumplido la mayoría de edad y debía salir del centro. A Ramírez le impactó la noticia. “No se puede quedar en la calle. Se viene aquí porque ya está integrado en el sur de la isla”, pidió.

En un piso donde vivía un amigo venezolano, Ramírez abrió la puerta a uno, luego a dos y al final hasta a seis jóvenes. Cuenta que varios compañeros le preguntan por qué hace lo que hace. Y él solo quiere seguir ayudando. “Voy a presentar en breve un proyecto al Cabildo, a ver si me dan una subvención para poder sufragar los gastos. Yo a ellos les puedo dar comida, casa y poco más. Pero necesitan ropa, también quieren salir. Que alguna institución pueda colaborar y echarme una mano”.

La desesperación por los papeles

Said es tímido y escucha con la mirada perdida, como si no estuviera. Él solo piensa en cuánto falta para obtener su permiso de residencia, por el que pregunta todos los días. Cuando llegó a Canarias dijo que era menor de edad, pero la prueba ósea dictaminó que tenía más de 18 y fue expulsado del punto de acogida en el que estaba. Solo quiere una cosa: trabajar, trabajar y trabajar; ayudar a su familia de Marruecos.

Birahim, por su parte, sueña con vivir del fútbol. Como entró indocumentado al Archipiélago, Ramírez le acompañó hasta el consulado de Senegal, situado en Madrid, y allí solicitaron los papeles de identificación al país de origen para poder ser federado. Es un trámite que no saben cuánto puede tardar. Dos semanas, un mes o medio año, ya no depende de ellos. Pero tuvieron suerte. “Hice amistad con el jefe de servicio de la sección de pasaporte. Pactamos un trato: yo les enviaba un equipaje de fútbol y ellos agilizaban la gestión”, explica.

El caso de Assane es el más sorprendente. Llegó en noviembre de 2020, pero el permiso de residencia, que están cerca de dárselo, tiene carácter retroactivo, por lo que en pocas semanas tendrá que renovarlo. Y es aquí cuando se levanta una muralla burocrática de requisitos. Según la normativa de extranjería, con los menores que fueron tutelados se sigue el mismo procedimiento establecido para la renovación de una autorización de residencia temporal de carácter no lucrativo. La cuantía a acreditar como medios económicos para su sostenimiento representa el 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), o lo que es lo mismo, unos 564,90 euros.

Assane no puede probar que gana ese dinero, y menos en el mes y medio que le queda para que expire su tarjeta actual. Habla cuatro idiomas: inglés, castellano, francés y wolof, la lengua nativa de Senegal. Y ha colaborado como traductor en proyectos de Cruz Roja. Ramírez explica que la única salida que le queda ahora es esperar a hacerse con el arraigo social, un permiso de residencia por circunstancias excepcionales que se concede a extranjeros que hayan estado mínimo tres años en España y se hallen integrados socialmente. Es un concepto un tanto abstracto, eso sí. Para atestiguar que existe una vinculación social se pueden presentar distintos documentos, como un certificado de empadronamiento, informes médicos, constancias de envíos de dinero o, como Assane, colaboraciones con entidades sociales.

El pasado mes de abril, el Ministerio de Migraciones propuso una reforma del reglamento de Extranjería para que chicos como Said o Assane no vivan con la incertidumbre de saber qué va a pasar con ellos. El texto pretende acortar plazos (a los menores extranjeros se les otorga la autorización de residencia nueve meses después de haber sido puestos a disposición de los servicios de protección) y reducir las trabas administrativas que, en la práctica, empujan a los jóvenes a la marginalidad.

Se incrementaría la vigencia de la tarjeta de residencia temporal, que pasaría a ser de dos años y no de uno. Y a diferencia de lo que ocurre hasta ahora, entre los ingresos a demostrar se tendría en cuenta las ayudas sociales obtenidas, como puede ser la Prestación Canaria de Inserción (PCI), a la que pueden acceder los que tengan entre 18 y 25 años y fueran tutelados por Canarias antes de alcanzar la mayoría de edad.

Hasta el momento no ha habido más novedades con este decreto que pretende impulsar la cartera dirigida por José Luis Escrivá. Y la vida en la casa de la Canoa Solidaria continúa, con Said, Assane, Cheick, Birahim, Achraf y Khalid organizándose entre ellos. “Yo les echo la bronca, porque, por ejemplo, me avisan de la comida que falta cuando ya no hay nada”, bromea Ramírez. “Me dicen: no hay nada, no hay nada. Y es cuando hacemos una compra en la que está el director jefe, Birahim, que mete en el carrito Nocilla, Pringles, pero claro, qué les vas a decir. Son chicos de 18 y 19 que tienen inquietudes como los que nacieron aquí”. Para la foto final, Birahim tiene algo de prisa. En poco menos de una hora juega un partido amistoso con su equipo, el Tablero. Su sueño es, como repite Ramírez, ganarse la vida jugando al fútbol.