Los casos que desmienten al ministro del Interior, que asegura que ningún migrante ha pasado más de 72 horas en Arguineguín

“En el muelle de Arguineguín no están nunca (los migrantes) más de 72 horas. Luego pasan ya al régimen de acogida”. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes en el programa de Antena 3 Espejo Público que las personas llegadas en pateras o cayucos al sur de Gran Canaria nunca superan el máximo legal establecido bajo custodia policial una vez en la Isla. Sin embargo, desde que este muelle se convirtió en un campamento de emergencia para migrantes, los casos en los que cientos de africanos han pasado más de tres días sobre el asfalto se han sucedido.

Uno de los casos más sonados tuvo lugar el 5 de agosto. 71 migrantes pasaron más de tres noches durmiendo en Arguineguín, a la espera de un espacio en el que poder pasar la cuarentena obligatoria de 14 días que el Ejecutivo regional impuso a las personas llegadas en patera al país. El grupo fue trasladado al Aula de Naturaleza Virgen del Pino de Tunte, un pueblo ubicado en el principal municipio turístico de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana. Allí fueron recibidos con barricadas por parte de los vecinos, que trataron de impedir el paso de las guaguas en las que los migrantes eran trasladados. La convocatoria fue organizada a través de WhatsApp: “A ver si conseguimos que no se bajen ni de la guagua. No nos moverán”.

Entre ellos, había doce positivos de COVID-19, según confirmó entonces la Consejería de Sanidad. A pesar de ello, pasaron la noche durmiendo bajo las carpas que han dado ya la vuelta al mundo por las precarias condiciones en las que albergan a migrantes. “No son las condiciones ideales, pero era la única forma que tenían de estar en el puerto”, apuntaron fuentes de Cruz Roja.

El 2 de noviembre, el pediatra del Servicio Canario de Salud, Abián Montesdeoca, dio a conocer el caso de un menor de 17 años que pasó nueve días perdido en Arguineguín sin que nadie lo localizara. El joven vio morir a 16 personas en la patera en la que llegó a Gran Canaria desde Dajla. Además, según el propio menor, tras pasar por el muelle fue desplazado a un centro sanitario, y desde el hospital volvió a ser enviado a Arguineguín, a pesar de que los menores no acompañados no pueden permanecer en este espacio, sino que deben ser trasladados a espacios de acogida gestionados por el Gobierno de Canarias.

El pediatra Abián Montesdeoca explicó que la Policía les había enviado un oficio con el listado de menores que habían llegado. “Los tenían fichados como que habían llegado a Arguineguín y los habían derivado a un centro. Pero este chico no estaba. Llegué a pensar que quizá tenía redes familiares aquí y a lo mejor se escapó del muelle, cosa difícil, por no decir imposible”. Más de una semana más tarde, fue encontrado en un rincón del campamento. “Alguien tuvo que alimentarlo, porque si no podría haber muerto”, advirtió el sanitario.

El Ministerio del Interior ha justificado a Canarias Ahora que “el ministro se refería a las 72 horas de reseña policial, que no se sobrepasan”. “En el mismo Arguineguín se hacen las pruebas sanitarias y en algunos casos las cuarentenas, que no son competencia directa nuestra”, apuntan.

Precedentes

Durante el desconfinamiento ya saltaron las primeras alarmas entre las organizaciones especializadas sobre el tiempo prolongado que los migrantes pasaban en el muelle de Arguineguín. Treinta y cinco menores y 14 adultos aguardaron el 17 de mayo ocho oras en el puerto para ser filiados y conducidos a los recursos de acogida. El presidente de Cruz Roja en el Archipiélago, Antonio Rico, describió como “raro” el largo período de tiempo que tuvieron que esperar las personas en Arguineguín. La Policía Nacional los condujo después a la Comisaría de Maspalomas para proceder a su filiación.

Nueve días más tarde, el 26 de mayo, cincuenta personas pasaron la noche en el muelle a la espera de un lugar donde pasar la cuarentena. En ese momento, el juez de control del CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, Cruz Roja y CEAR ya lamentaron “la improvisación que se sigue ante la llegada de una patera o cayuco después de 26 años desde la primera llegada”.

Durante su visita a Gran Canaria, Grande-Marlaska anunció que el campamento de Arguineguín se desmantelaría en las “próximas semanas”. También la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, aseguró que se levantaría “lo antes posible”. Su sustituto será el campamento instalado en el antiguo polvorín de Barranco Seco, con una capacidad para 800 personas y en el que los agentes de la Policía Nacional procederán a la reseña de los migrantes.

Más de 72 horas en la “nave de la vergüenza”

Las inadecuadas condiciones de habitabilidad de las comisarías en las que los migrantes pasaban las 72 primeras horas después de su llegada y el hacinamiento en el que estaban en los calabozos provocó la movilización de la Policía Nacional. El Comité Regional de Canarias de la Confederación Española de Policía solicitó al delegado del Gobierno en el Archipiélago, Anselmo Pestana, que los migrantes dejen de pasar sus primeras 72 horas en España en comisaría, puesto que los calabozos tienen un aforo limitado para 78 personas y no reúnen las condiciones de habitabilidad para este tipo de detenidos, que no han cometido ningún delito sino una infracción administrativa. 

La solución del Ministerio del Interior fue la habilitación de una nave en el Puerto de Las Palmas, bautizada por algunos colectivos como la “nave de la vergüenza”. El 26 de mayo entraron los dos primeros grupos. Ese mismo día, los propios agentes de la Policía Nacional, encargada de custodiar el almacén y de efectuar el registro, procedieron a barrer “el polvo y los restos de cartón y madera” del suelo con “una manguera y escobas”, según un oficio emitido por el Jefe Superior de Policía a la Delegación del Gobierno. Desde entonces, los adultos llegados por vía marítima a Gran Canaria han pasado por esa nave, prevista en un principio como lugar dedicado en exclusiva a la filiación. Sin embargo, cuatro personas superaron el máximo de 72 horas retenidas que permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que solo contempla como excepción los casos de terrorismo.