El Gobierno canario se desentiende de sus competencias y deja la acogida de menores migrantes en manos del Estado

El Gobierno de Canarias defenderá a partir de ahora que los menores migrantes que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y son competencia del Estado, por lo que ha pedido a las ONG que gestionan sus centros de acogida que no acepten a ninguno más sin el permiso expreso de la comunidad.

Al dar a conocer esta decisión, el presidente, Fernando Clavijo (CC), ha precisado que ello no significa que Canarias se desentienda de los menores en esta crisis humanitaria, sino que seguirá ayudando en su acogida siempre que tenga recursos disponibles, pero como forma de “auxiliar” al Estado en su competencia.

En la rueda de prensa de este lunes por la mañana, posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno autonómico, Alfonso Cabello, detalló que durante la reunión del Pacto Migratorio Canario en la tarde de este lunes en la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria se debatirán qué acciones jurídicas se emprenderán ante esa situación.

Según el relato de Cabello, las ONGs recibieron “presiones” por parte de Policía y Fiscalía de Menores para que se hiciesen cargo de los niños y adolescentes que arribaron a El Hierro en los últimos días, si bien, según ha recordado el portavoz, esta isla cuenta con 150 plazas y ya acoge a 285 menores.

Preguntado por qué tipo de presiones se habían recibido, Cabello ha dicho que la Policía Nacional y la Fiscalía requirió a las ONG que emplazaran a los menores en infraestructuras ya colmatadas a sabiendas de la situación real de los centros, que “no pueden más”. 

Llegados a ese punto, ha añadido, el Ejecutivo canario considera que no se están cumpliendo los protocolos, que no prevén que la Policía pueda remitir a los menores directamente a las ONG que gestionan los centros de acogida autonómicos, y que le corresponde tomar medidas para proteger a los trabajadores de esas entidades legales y de la comunidad autónoma de posibles riesgos legales.

El Gobierno de Canarias vuelve a arremeter contra el Gobierno central después de que fracasara en el Congreso de los Diputados la admisión a trámite de la reforma de la Ley de Extranjería gracias a los votos en contra del PP, Vox y Junts. Sin embargo, lejos de reprochar a su socio de gobierno, el PP, que dinamitase esta iniciativa para una mejor acogida de los menores, el Ejecutivo canario continúa con la estrategia que ya inició aquel mismo día de la votación (23 de julio): culpar al Estado.

Clavijo reunió este lunes por la tarde, en Las Palmas de Gran Canaria, en la mesa del Pacto Migratorio de Canarias, a los portavoces de todos los partidos representados en el Parlamento autonómico -incluido Vox, que no suscribió ese acuerdo ni forma parte de él- para darles cuenta de lo que ha aprobado este lunes su Consejo de Gobierno.

Ese acuerdo renueva la declaración de emergencia migratoria (lo que faculta a la administración a tomar decisiones de forma más ágil y rápida que por los procedimientos ordinarios) e “impulsa” como “máxima prioridad” la “concertación” de más plazas de acogida y la contratación de más personal para esas tareas, pero al mismo tiempo requiere al Estado para que cumpla el protocolo establecido antes de poner a su disposición a nuevos menores llegados en cayuco.

Otro de sus puntos es “comunicar a las entidades colaboradoras (las ONGs que gestionan sus centros de acogida) que no reciban nuevos menores migrantes con cargo a esta Comunidad Autónoma salvo la previa comunicación de conformidad o autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes”.

Y, además, faculta a sus servicios jurídicos para “iniciar estudios y, en su caso, ejercitar las acciones interadministrativas y judiciales, incluidas en su caso las penales, en defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, así como de las competencias de esta comunidad autónoma”.

En declaraciones a los periodistas, Clavijo ha explicado que se han cansado de oír hablar durante meses de este asunto “como un problema exclusivamente de Canarias”, cuando, a su juicio, la acogida a los menores extranjeros compete al Estado y así van hacerlo valer a partir de ahora con su posición.

Canarias se apoya en que la ley atribuye a las comunidades autónomas la tutela de aquellos menores que estén en su territorio en situación de abandono o desamparo, circunstancias que, bajo su criterio, no se dan con los niños y adolescentes de los cayucos, a los que filia, identifica y custodia a su llegada la Policía.

De hecho, Clavijo ha remarcado que la mayoría de esos menores llegan a tierra rescatados por un servicio del Estado, en alusión a Salvamento Marítimo, que los desembarca en Canarias “como podía trasladarlos a Cádiz”.

Todos los partidos políticos de la comunidad, incluido el PSOE y Nueva Canarias, en la oposición, han expresado su respaldo al Gobierno de Clavijo en la decisión de exigir que se cumplan los protocolos y de proteger a los trabajadores de los centros de acogida y de las ONG colaboradoras de posibles consecuencias penales.

A su vez, el presidente ha elogiado el apoyo que hasta ahora está recibiendo en este asunto de los socialistas canarios, a los que ha asegurado que no tiene ningún reproche que hacer.

Sin embargo, ese apoyo unánime tiene matices, pues el portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, ha remarcado que una cosa es proteger a los trabajadores de consecuencias legales y otra emprender una batalla judicial con el Estado con la que no están de acuerdo.

“La solución a este problema Clavijo la tiene a su derecha, en el PP, con el que gobierna, que votó en contra de la reforma de la ley de Extranjería”, ha dicho. Y el portavoz de NC, Luis Campos, ha criticado que, esta vez, el Gobierno de Canarias haya tomado una decisión sin debatirla antes con los firmantes del Pacto Migratorio.

Por su parte, el diputado de CC José Miguel Barragán ha indicado que se niega a creer que, por mucha “bronca” que esté suscitando la cuestión migratoria en el debate político nacional, no haya nadie en los principales partidos del país que esté buscando ya vías de entendimiento para sacar adelante una reforma de la ley.

Al respecto, la diputada del PP Luz Reverón ha indicado que su formación está dispuesta a apoyar medidas legislativas si se cumplen las condiciones que ha puesto desde el inicio: que el Estado garantice la financiación de la acogida, que se declare la emergencia migratoria para toda España, que se convoque una Conferencia de Presidentes Autonómicos para abordar este asunto y que en el esfuerzo se impliquen todos los territorios, sin excepción.