El Gobierno de España tiene la última palabra sobre las derivaciones de migrantes que no tienen derecho a protección internacional desde Canarias a la Península, según la Comisión Europea. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, asegura que la Directiva sobre el retorno otorga discrecionalidad a los estados miembros de la Unión Europea en lo que respecta al traslado dentro del territorio nacional de aquellas personas migrantes que no cumplen con el perfil de solicitantes de asilo.
De esta forma, la respuesta de Johansson a una pregunta formulada por el eurodiputado de Anticapitalistas y miembro del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Miguel Urbán pone en cuestión los argumentos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para justificar por qué descarta los traslados desde Canarias. “Las políticas migratorias son del conjunto de la Unión Europea y no solo de España”, aseveró en noviembre de 2020 tras su reunión en Rabat con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, para agilizar las expulsiones desde el Archipiélago a Marruecos.
''En contra de lo que afirmó Marlaska, y de lo que está haciendo el Gobierno, la Comisión Europea aclara lo que todos y todas ya sabíamos: no hay ningún impedimento legal por parte de Europa para trasladar a la Península a todas las personas que están llegando a las Islas Canarias, desmontando la coartada que hasta ahora había utilizado el Gobierno para retener a todas estas personas en Canarias“, ha declarado Miguel Urban ante las respuestas de Johansson.
Fuentes del Ministerio del Interior han recalcado a este periódico que la cartera de Marlaska no gestiona ni financia derivaciones de migrantes de Canarias a la Península, que corresponden al Ministerio de Migraciones en el marco del Programa de Atención Humanitaria. Sin embargo, Interior señala que “una devolución a su país de origen de una persona que ha entrado de forma irregular puede realizarse desde cualquier punto de España, independientemente de por dónde haya entrado”.
A pesar de que Interior no tenga la competencia sobre las derivaciones, sí ha reforzado la presencia policial en los aeropuertos de las islas para detener a los migrantes llegados en pateras y cayucos que intentaban viajar a la Península aprovechando los controles sanitarios. La Policía Nacional dio instrucciones en diciembre para intensificar el despliegue en los aeropuertos tanto en el origen como en el destino de los trayectos procedentes de Canarias, tal y como publicó elDiario.es. “Son órdenes internas de diferentes departamentos de la Policía Nacional para que los agentes estén pendientes de las llegadas de vuelos de Canarias, por si hay migrantes en situación irregular entre ellos”, confirmó el Ministerio del Interior.
Ylva Johansson ha resaltado que, en consonancia con el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, ''es importante que los retornos se realicen con rapidez y eficacia''. Para Miguel Urbán, la respuesta de la Comisión Europea deja entrever hasta qué punto la política del Gobierno de España de convertir a Canarias en “islas tapón” está en consonancia con las propuestas de este nuevo Pacto Migratorio. ''Unas políticas más centradas en expulsar y deportar a las personas migrantes y refugiadas que en cumplir las normas básicas de respeto a los derechos humanos“, concluye.
Este miércoles, un vuelo de deportación partirá desde Tenerife hasta Senegal. Las últimas expulsiones hacia Senegal desde el Archipiélago datan de 2018, cuando al menos 150 senegaleses fueron trasladados al país en cuatro aviones que partieron desde Gran Canaria (uno con 40 personas) y Tenerife (tres aviones con 110 personas).
En las últimas semanas han tenido lugar varios vuelos de deportación hacia Marruecos. Muchos de los hombres expulsados habían pasado sus últimos días en Gran Canaria viviendo en la calle después de salir de los recursos de acogida por las “malas condiciones” de estos establecimientos. Es el caso de Khalil*, que abandonó un centro de acogida de Tunte porque “estaba lejos de la ciudad, no había supermercado” ni lugar donde sacar el dinero que su familia le enviaba. Además, llevaba varios meses en la isla sin poder continuar con su proyecto migratorio.
Mientras se dirigía al hotel donde había sido acogido varios meses, a él y a sus 50 compañeros les sorprendió la Policía Nacional. Fue detenido y trasladado a la comisaría. “Era un sitio sin luz, donde nos daban de comer solo algunos zumos y galletas”. Después de tres días, fueron esposados y trasladados al aeropuerto para coger un vuelo con destino a El Aaiún. Said, otro de los jóvenes deportados, asegura que quiere volver a intentar llegar a España de forma legal. “Si me quedo aquí, me suicidaré”, contó a Canarias Ahora.
La Comisión Europea advierte que los estados miembros pueden restringir el desplazamiento de los solicitantes de protección internacional a una zona designada o asignarles un lugar de residencia específico, en virtud de la Directiva sobre las condiciones de acogida. Además, ha insistido en que “estas disposiciones del Derecho de la UE no implican una limitación de la capacidad de los Estados miembros para trasladar a los solicitantes de asilo dentro del territorio.
El Ejecutivo central, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, derivó en 2020 al menos a 2.035 personas desde Canarias hacia otras Comunidades Autónomas en el marco del Programa de Atención Humanitaria.
La solución planteada por el Gobierno de España a la permanencia de miles de migrantes en Canarias ha sido la instalación de siete campamentos de emergencia repartidos entre Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. De ellos, seis ya están en funcionamiento. El único recurso que aún no acoge a migrantes es el que se ha creado en una nave portuaria cedida por Bankia y ubicada en Las Palmas de Gran Canaria.
Según Miguel Urbán, el Gobierno tampoco está atendiendo a las necesidades humanitarias de las personas que han alcanzado las Islas por vía marítima y “deja la gestión a la solidaridad y buena disposición de los vecinos y vecinas”, que se están organizando en Canarias para atender a las personas migrantes pese a sus limitaciones económicas y de recursos. “Esta inacción gubernamental genera el caldo de cultivo para las respuestas más xenófobas de población local desatendida por la falta de políticas sociales”.
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