El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha abogado este viernes en el Parlamento regional a seguir trabajando en afinar los protocolos de coordinación entre su área y la de Bienestar Social para seguir incrementando la escolarización de menores migrantes no acompañados pero sin “saturar” los centros educativos de las islas. En esa comparecencia ante la Comisión de Educación el consejero ha reconocido que estos menores representan apenas el 1% de las plazas educativas públicas de las islas. Y además, en la misma sesión ha comparecido un representante de la Plataforma por el 5% en la Educación, quien ha explicado que las deficiencias del sistema educativo canario se deben a la falta de financiación, que además ha sido recortada en los Presupuestos regionales tanto en 2023 como en 2024, aumentando el déficit presupuestario para esta partida en unos 700 millones de euros por debajo de lo que correspondería según la Ley canaria de Educación.
El consejero, sin embargo, ha señalado a los 2.400 menores migrantes escolarizados en las Islas, principalmente en educación secundaria obligatoria y ciclos formativos de grado básico. Aunque esto representa solo el 1% del alumnado en Canarias (de los que el 50% corresponde a menores bajo la tutela del Gobierno regional), desde la Consejería se indica que la constante llegada de estos menores, en muchos casos solos, está generando una “sobrecarga en el sistema educativo de las islas” y, por ese motivo, Poli Suárez entiende que el trabajo debe centrarse en “una respuesta para que se integren de la mejor forma posible en la sociedad canaria actual”. Por ello, considera necesario “una planificación rigurosa y una actuación que responda” a este desafío.
El consejero, del PP, ha afirmado también que “es necesario que otras comunidades autónomas compartan el esfuerzo que estamos haciendo a la hora de acoger menores”. Sin embargo, ese reparto por ahora permanece bloqueado después de que la dirección nacional de su propio partido rompiera las negociaciones con el Gobierno central para modificar la Ley de Extranjería, y después de que en julio votara en contra de modificar dicha Ley en el Congreso de los Diputados. Esa reforma, concretamente del artículo 35, habría permitido que la acogida de estos niños y adolescentes fuera compartida por todas las regiones del país cuando los recursos estuvieran por encima del 150% de ocupación, tal y como pide ahora el consejero canario de Educación, del PP.
Poli Suárez también ha pedido “una corresponsabilidad financiera del Estado a la inversión”, solo tres días después de que el Ministerio de Hacienda haya destinado una partida de 100 millones de euros a Canarias para la atención a los menores migrantes, que es una competencia autonómica.
Durante su intervención, Suárez destacó su “compromiso” con la atención a estos menores para cubrir sus necesidades, no solo sociales, sino también educativas, pero advirtió, de nuevo, del “grave colapso en la red de recursos”.
Para ello, el Gobierno canario subraya que ha implementado un Protocolo de escolarización, acogida y bienestar emocional que guíe la incorporación de estos menores a los centros educativos y facilite su plena inclusión en la sociedad canaria. Este protocolo, tal y como explicó el consejero, se centra en “acompañar al alumnado y a sus familias en su proceso de integración, con atención específica a las necesidades emocionales, lingüísticas y formativas”.
Recortes constantes en Educación
Tal y como explicó este viernes durante la misma comisión la Plataforma por el 5% de la Educación, la financiación educativa en el Archipiélago “ha incumplido la senda establecida” por la Ley Canaria de Educación de 2014, que establece que debe destinarse al menos el 5% del PIB regional a esta partida. Sin embargo, la Plataforma expuso que el presupuesto de 2024 es del 4,2% del PIB, con un déficit de más de 451 millones respecto al objetivo (del 5%), y recuerda que en 2023 esta cantidad ya se había reducido hasta poco más de los 183 millones de euros. Y subraya que en el propio Parlamento se han aprobado hasta cuatro proposiciones no de ley instando al Gobierno canario a cumplir la ley y aumentar la financiación.
La Plataforma expuso que en la anterior legislatura se pasó del 3,58% al 4,63%, es decir, hubo un incremento de 1,05 puntos porcentuales, pero que en el primer presupuesto de la actual legislatura se recortó en Educación hasta el 4,2% (-0,43 puntos porcentuales, un retroceso que en un sólo ejercicio se come el 40% de lo avanzado en la legislatura anterior), y se elevó el déficit de financiación hasta los 451 millones de euros.
Un sistema educativo infrafinanciado, obsoleto y con falta de profesorado
Este mismo viernes, el portavoz del sindicato educativo STEC, Gerardo Rodríguez, ha denunciado la situación del sistema educativo canario, que adolece de falta de profesorado, financiación adecuada, nuevos centros, modernización de sus infraestructuras y programas formativos, entre otras cuestiones. Rodríguez ha explicado en una rueda de prensa que la Ley Canaria de Educación, aprobada hace diez años, se ha incumplido “en parte o por lo menos no se ha desarrollado lo suficiente” en algunos de sus capítulos más importantes, como apostar por una educación de calidad para que Canarias deje de estar a la cola del informe PISA.
Cabe recordar que el PP fue el único partido que en 2014 votó en contra de esta ley durante su tramitación en el Parlamento regional.
También se incumple lo referido a la inclusividad y equidad, ya que, según ha comentado Rodríguez, la inversión en infraestructura dista mucho de ser la que se requiere y se precisan el doble de programas de inclusión y más formación para el profesorado, ha agregado.
Para este sindicato, tampoco el sistema educativo canario está universalizado, con entre el 22 y 27% de niños escolarizados de entre 0 a 3 años, cuando la media nacional es del 44%.
En cuanto a las infraestructuras, ha señalado que se necesitan centros de nueva creación en las islas capitalinas, fundamentalmente en las zonas tensionadas porque los actuales están al límite de su capacidad y muchas veces se emplean incluso aulas modulares que se ponen en los espacios de recreo de los alumnos para poder aprovechar ese espacio y que haya ahí un habitáculo donde poder dar clase.
Cabe recordar que Canarias ha sido la comunidad autónoma que más ha visto crecer su población en los últimos años, con hasta 500.000 nuevos residentes en menos de 20 años, la mayoría procedentes de la Península, la UE y América Latina.
El portavoz de STEC también ha destacado la importancia de modernizar los centros que tienen más de cincuenta años y adaptarlos a los nuevos tiempos, por ejemplo, al cambio climático y a las olas de calor, ha apuntado el representante del STEC, quien ha denunciado un descenso de los auxiliares este curso para atender al alumnado con necesidades específicas.
A su juicio, la imagen del profesorado, cuya plantilla “es muy corta” y carece de estabilidad laboral, se “ha ido poco a poco erosionando”, por lo que es fundamental un reconocimiento a su labor y que puedan contar con una línea de atención psicológica y jurídica.
El representante del STEC también ha insistido en que, tal y como establece la ley, el 5% del PIB debe estar dedicado a educación para poder así invertir en infraestructuras y personal y no “quebrar” la educación.
En la misma línea, Evelia Déniz, del mismo sindicato, se ha referido a la ley, que es “muy buena” pero no con cuenta con financiación adecuada al no cumplirse la inversión del 5% del PIB. Esta falta de recursos repercute, ha precisado, en unas infraestructuras obsoletas, la falta de especialistas en educación especial, logopedas y trabajadores sociales.
Déniz ha explicado que se están recibiendo “muchos” alumnos inmigrantes que solo hablan el dialecto de su zona y que necesitan apoyo para aprender el español para poderse integrar. “La ley es buena, pero sin una financiación adecuada es imposible que podamos tener unos servicios adecuados y acordes”, ha sentenciado.
El secretario nacional del STEC, Fernando Pellicer, ha recordado que el trámite parlamentario para aprobar la Ley Canaria de Educación, que partió de una iniciativa legislativa popular, fue “complejo, arduo y lento” y que, a su juicio, esta norma tiene “luces y sombras” y aunque no es la que el sindicato hubiese deseado es “una buena norma”, que ha permitido, “aún con sus lagunas”, avanzar en algunos aspectos en el desarrollo del sistema público educativo en Canarias.
Además, ha rememorado que solo el PP, partido que ahora está al frente de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, votó en contra de esta ley.
Pellicer ha lamentado que el PP, que “no creyó en la Ley Canaria de Educación”, va a aprobar unos presupuestos para 2025 que se auguran de los más bajos de la década y que alejan a Canarias “enormemente” del objetivo marcado por la propia ley de llegar al 5% del PIB.
En este sentido, ha denunciado recortes en la formación profesional y en la implantación de la línea educativa de dos años.
“Evidentemente, si el Partido Popular no creyó en 2014 en la Ley Canaria de Educación, obviamente no vamos a pedir que se atenga a la misma y que la cumpla”, ha manifestado.