Contratos millonarios para centros precarios: el monopolio de las ONG con los menores migrantes en Canarias

Canarias ha cronificado la emergencia en la acogida de menores migrantes. En 2020, el Gobierno regional abría centros por esta vía ante la “llegada masiva” de niños extranjeros no acompañados. Ahora lo hace por la “saturación de los recursos existentes”.

Millones de euros se mueven en los contratos que el Ejecutivo autonómico adjudica a las ONG para la gestión de las instalaciones de atención. El gasto total desde noviembre hasta la actualidad asciende a 16,68 millones, según las licitaciones de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. Sin embargo, el dinero no siempre se traduce en una acogida digna. En el Archipiélago se acumulan las denuncias por hacinamiento, malos tratos o desprotección infantil, y la tramitación de las adjudicaciones por emergencia obstaculiza los controles y la fiscalización de los fondos.

“Todavía no tenemos un sistema de acogida, sino de recogida. No se busca el beneficio de los menores, sino que no molesten. Si pueden sepultarlos directamente en el Atlántico, parece que mejor”, sentencia el sociólogo y secretario de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC), Teodoro Bondyale. 

El Gobierno canario lleva años utilizando el procedimiento de urgencia para externalizar la administración de los centros. Es un sistema excepcional que permite dar contratos a dedo prácticamente descolgando el teléfono, sin abrir expediente y con muy pocos controles y transparencia.

La ley de contratación pública limita esta vía a tres supuestos muy claros: acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional. Canarias lleva empleándola para contratar a asociaciones y que estas se encarguen de la tutela de los menores migrantes desde 2019, incluso antes de la crisis de acogida.

“Es un chicle que están estirando con la excusa de la emergencia. Hace siete años que empecé a trabajar con menores y siguen con lo mismo. Todo es apagar fuegos”, resume Abdel Belattar, que ha trabajado en varias instalaciones por el estilo en España.

Entre 2020 y 2021, el Ejecutivo regional gastó 43,82 millones de euros en el mantenimiento de los dispositivos para menores, un total de 45. Esa cantidad fue repartida entre seis ONG, pero solo dos se llevaron más de la mitad (58,51%) del dinero: las asociaciones Quorum Social 77 y Coliseo. Desde noviembre de 2023 hasta ahora, el desembolso asciende a 16,68 millones, y de nuevo las dos fundaciones citadas copan la mayor parte del presupuesto, llevándose dos de cada tres euros abonados (67,9%).

Quorum Social 77, Coliseo, Fundación SAMU y el resto de las organizaciones contratadas por el Gobierno canario son sin ánimo de lucro, es decir, todas sus ganancias deben ser reinvertidas en la misma asociación para conseguir los fines sociales por los que fueron constituidas. Al ser de este tipo, no están obligadas a publicar sus cuentas con carácter general. Tan solo tendrían que hacerlo en caso de recibir subvenciones por valores por encima de los 60.000 euros anuales.

Las únicas ONG que han sido beneficiarias recientemente de ayudas son las entidades Oportunidades de Vida, presidida por el líder de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Canarias, Rafael Hernández, investigado por la presunta explotación de menores migrantes en una de sus fincas, la Asociación Solidaria Nuevo Mundo y la Fundación Cruz Blanca.

Estas dos últimas han engordado su patrimonio neto, según sus últimas memorias de cuentas, en 307.000 y 724.000 euros, respectivamente. La Fundación SAMU, que también las tiene publicadas en su página web, ha aumentado igualmente su patrimonio en 347.000 euros.

Los centros más allá de los contratos

Los requisitos plasmados en los contratos que el Gobierno de Canarias firma con estas asociaciones se difuminan en el día a día de los recursos. Quorum Social 77 resultó adjudicataria de una licitación valorada en 1,59 millones de euros para gestionar un dispositivo en Hoya Fría, instalado en un edificio de colombofilia en Santa Cruz de Tenerife y con capacidad para 200 personas.

Entre las condiciones incluidas en el acuerdo están el alojamiento y la manutención, el apoyo para la elaboración de su proyecto de vida, enseñar español, favorecer la autonomía y facilitar a los niños y adolescentes espacios seguros. Pero eso no coincide con la realidad de Madou.

Él nació en Senegal y desde Hoya Fría ha ido aprendiendo el idioma por su cuenta. El espacio seguro del que hablan los contratos es inexistente, sugiere. “Yo no hablo con los educadores porque a la mínima hay problemas”. Una extrabajadora del centro asegura que los usuarios duermen en una especie de “zulo”, en literas amontonadas y entre las que apenas hay espacio. El número de jóvenes alojados, según los últimos datos obtenidos por Canarias Ahora, asciende ya a 300.

El contenido de la mayoría de las adjudicaciones se repite, así como también se reproducen en diferentes islas las carencias de los recursos. “No se invierte el dinero en lo que se tiene que invertir. Casi no se les compra ropa, muy poca, y si se te rompe… A ver qué pasa. Lo que más fallaba era la comida, era de muy mala calidad”, relata otra extrabajadora que ha pasado por diferentes instalaciones de emergencia abiertas en Gran Canaria.

Para ella, los pequeños centros, conocidos como hogares, funcionan mucho mejor. “Les ponen psicólogos si hace falta. O les apuntan en actividades extraescolares que les gusten y facilitan el material”, afirma.

“Tenemos muchísimo trabajo que hacer. Hay que decirle a los que toman decisiones que lo que se demanda es amor y humanidad, no solo comida y papeles”, valora Bondyale. Para él, el sistema de atención percibe a los jóvenes “como una forma de ganar dinero”. “No son relaciones de cuidado, sino de interés y económicas”, subraya. 

Las condiciones de los centros son parcialmente ignoradas por el Ejecutivo canario, que apenas fiscaliza qué ocurre en ellos. En 2021, un año en el que llegaron a las Islas 2.600 menores, la Administración solo realizó nueve inspecciones en los recursos de acogida, según una resolución obtenida por este periódico a través del Portal de Transparencia. De esas nueve, seis fueron llevadas a cabo en verano. Personas que han trabajado en dispositivos de atención aclaran que en muchas ocasiones son conocedoras de la actuación inspectora antes de que suceda, lo que limita su impacto.

Esta redacción solicitó a la Consejería de Bienestar Social datos actualizados en este sentido. También intentó conocer si se han rescindido contratos con las entidades por no cumplir las condiciones exigidas y cómo se controla y garantiza que las organizaciones gastan el dinero en los centros, ya que al menos una de ellas, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, está siendo investigada por el desvío de fondos públicos. Después de tres semanas, aún no hay respuesta oficial. 

Regulación de documentación que nunca llega

Otra de las prestaciones ofertadas por los recursos de acogida es la regulación de documentación. No obstante, algunos jóvenes sostienen que han salido de sus centros al cumplir la mayoría de edad sin haber iniciado el procedimiento de solicitud del permiso de residencia.

En la Fundación Adsis de Las Palmas de Gran Canaria llevan tiempo asesorando administrativamente a migrantes que dejan de estar bajo el sistema de protección a la infancia, pero no cuentan con documentación ni con alguna entidad que les respalde para iniciar el trámite. Una de sus trabajadoras, Abrah Suárez, puntualiza algunos motivos que pueden propiciar esta situación.

En primer lugar, depende del nivel de saturación del centro, ya que algunos pueden alojar a más de 100 menores y cuentan con pocos trabajadores sociales. Por otra parte, si el menor ha entrado en Canarias sin documentación, se inicia con los consulados de sus respectivos países la solicitud de pasaporte, documento que puede tardar meses y llegar cuando el joven ya está fuera del recurso o está próxima su salida y no da tiempo a tramitar la residencial legal.

Suárez sí destaca que, en estos casos, Extranjería acepta que los jóvenes extutelados puedan solicitar el permiso de residencia justo al abandonar el centro porque se presupone que si no lo hicieron antes es porque no contaban con el pasaporte. En sus casos, al cotejar la fecha de entrada del menor en España y la de nacimiento, se comprueba que, aunque ya esté fuera del recurso, ha sido un menor tutelado y tiene derecho a la autorización de residencia.

Sin embargo, estas dilaciones en el tiempo pueden suponer un perjuicio para el joven, pues mientras espera la llegada de su documentación no puede trabajar. Son perfiles especialmente vulnerables, ya que se suma que apenas hay centros de emancipación en el Archipiélago y, una vez ponen un pie fuera del recurso al cumplir los 18 años, pueden quedar en situación de calle.

Suárez subraya que, según los datos que maneja la fundación, la mayoría de los chicos extutelados sin hogar en Gran Canaria son marroquíes, como Mouad, un joven que llegó a Lanzarote con 14 años y salió el pasado mes de abril para vivir directamente en la calle. No se le ofreció alternativa habitacional y, aunque en su caso sí se había iniciado el proceso del permiso de residencia, no contaba con la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), por lo que no pudo buscar empleo hasta que se le autorizó recoger su documento en julio, tres meses después de marcharse del centro.

Abdellatif y Abderahime han tenido que iniciar los trámites a posteriori. Estos dos jóvenes marroquíes, que han cumplido recientemente 18 años, señalan que durante su estancia en dos recursos de Gran Canaria no se iniciaron sus procesos de solicitud de permiso de residencia. Ellos han tenido algo de suerte, puesto que no han quedado en situación de calle. Residen en un recurso de emergencia en Las Palmas de Gran Canaria a la espera de regularizar su situación.

El trámite lo iniciaron con ayuda de una ONG en mayo de este año, una vez cumplieron la mayoría de edad. Manifiestan que en sus centros les tramitaron las respectivas tarjetas de identificación y pasaporte. Aparte de ello, los documentos necesarios para este trámite son un poder de representación de la persona que presenta la solicitud y la resolución de desamparo que refleje que el joven está o ha estado tutelado.

Pero son el pasaporte y, en su defecto, la cédula de inscripción los que suponen un quebradero de cabeza, tanto para las entidades como para los menores.

Sobre el último, se trata de un documento que se solicita en aquellos casos en los que es casi imposible que el consulado pueda proporcionar un pasaporte. Esto le puede ocurrir a jóvenes de países que no tienen representación consular en España. Para pedirlo, se debe emitir un informe que demuestre que se ha intentado su solicitud, pero que no ha sido posible su obtención.

En Adsis, la mayoría de los chicos recurren al pasaporte. Suárez detalla que gran parte de los trámites que la entidad ha hecho al respecto han sido con el Consulado de Marruecos en la capital grancanaria, al ser el grupo más numeroso al que prestan asesoramiento.

“Ellos tienen que ir al Consulado, decir que son ciudadanos marroquíes y que no tienen documentación. Después, la policía de Marruecos tiene que ir a comprobar a casa de sus padres que es verdad lo que estos chicos han dicho y una vez que lo comprueben, empiezan a hacer la documentación. Pero así se pueden ir varios meses”, se lamenta.

Desprotección infantil

En Lanzarote, una denuncia por desprotección infantil llegó hasta la Fiscalía. Dos abogadas alertaron de las malas condiciones en las que los menores eran acogidos en la Casa del Mar de Arrecife. SAMU fue la entidad escogida para dirigir este recurso a través de un contrato valorado en 752.090 euros. La organización debía ofrecer a los menores comida diaria “suficiente, equilibrada y saludable” y servicios de lavandería y limpieza. No obstante, la denuncia reveló que las propias trabajadoras lavaban las sábanas en su casa porque no había lavadoras y que cada día los jóvenes recibían comida “pésima” y “pan duro”.

SAMU tenía también la obligación de facilitar a los jóvenes espacios confidenciales para expresar “sus problemas” y encontrar soluciones. Tal y como los propios usuarios y los trabajadores relataron en la denuncia enviada al Ministerio Público, los jóvenes cayeron en adicciones como el alcohol o los ansiolíticos como mecanismo de evasión. Una trabajadora encontró una caja de Tramadol vacía, pero no se adoptó ninguna medida de prevención. Los adolescentes allí alojados sufrieron la muerte de un compañero, que falleció atropellado. Se enteraron por la prensa. No recibieron asistencia psicológica ni acompañamiento en el duelo y “se ignoraron sus síntomas depresivos”. Por el contrario, las llamadas de atención se tomaban como actos rebeldes que eran reprimidos. 

Por otro lado, en un recurso de Puerto de la Cruz, los jóvenes también denunciaron malos tratos en una zona de aislamiento a la que llamaban “el quinto piso”. “Las agresiones a los menores dentro de los centros no tienen consecuencias. Si te agreden, eres culpable porque te has portado mal”, critica Bondyale.

La falta de formación de los trabajadores de los centros es una de las claves, agrega Belattar. “Hay muy poca gente especializada en migraciones. En la carrera de Educación Social, no se toca. Y quienes trabajan en ello por vocación, pierden la motivación”. Tal y como explica el extrabajador, la mayoría de los empleados “no son ni integradores ni educadores sociales”. “Y ya no hablemos de los directores. Muchos son abogados o gente que no tiene nada que ver con el tema”, subraya. 

Carpas y traslados obligatorios

Hasta ahora, el Gobierno de Canarias no ha encontrado una solución al colapso de la red de acogida. El Ejecutivo que presiden Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) sigue apostándolo todo a que salga adelante en el Congreso la reforma de la Ley de Extranjería, que permitiría al Estado intervenir y fijar una distribución obligatoria de los menores que llegan a Ceuta y al Archipiélago entre todas las autonomías.

Por el momento, esta propuesta está bloqueada después de que Junts y el PP la tumbaran en la Cámara Baja. A la espera de un acuerdo político, Bienestar Social ha comenzado a instalar carpas en los muelles para que los jóvenes pasen “unos días” hasta poder ser realojados en otros centros. “Si vamos improvisando, nos va a desbordar el problema”, concluye Bondyale.