Las entradas a través de la frontera entre Marruecos y España de 6.000 personas por Ceuta en un solo día no tiene precedentes en la frontera sur de la Unión Europea. El incremento se ha producido después de una relajación del control por parte de Rabat después de la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por razones humanitarias en un hospital de Logroño desde abril. La embajadora del país alauí en España ha afirmado incluso que en las relaciones entre ambos países hay actos que tienen consecuencias, “y se tienen que asumir”.
Pero aunque nunca se había experimentado tal flujo en las fronteras españolas, esta situación no es nueva. El año pasado, Canarias registró la llegada de más de 23.000 personas, más del 50% procedentes de Marruecos y, en gran parte, con salida desde Dajla (Sáhara Occidental). Además de factores como el cierre de fronteras por la COVID-19, impidiendo el paso hacia las rutas del Estrecho, o las situaciones económicas y sociales en origen, también han influido el conflicto con el Sáhara Occidental o las aspiraciones sobre las aguas entre España y Marruecos como factores del fenómeno.
“Marruecos intenta obligar al Gobierno de España, mediante la presión migratoria, para que entre en negociaciones y de paso le reconozca que las aguas del Sáhara forman parte de Rabat”. Son palabras del representante para España del Frente Polisario, Abdulah Arabi, pronunciadas durante una exposición en el Cabildo Gran Canaria el pasado mes de febrero, para conmemorar el 45 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática.
La Corporación de la isla que más llegadas recibió en 2020, gobernada por la izquierda nacionalista y prosaharaui de Nueva Canarias desde 2015, ha izado en varias ocasiones la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática en su sede, ha visitado los campamentos de refugiados en Argelia, ofreciendo ayuda y cooperación, y se ha posicionado a favor del referéndum de autodeterminación. La propuesta de Naciones Unidas para dar una salida al conflicto que se prolonga durante más de 40 años, desde que España abandonara el territorio y fuera ocupado por Rabat, está lejos de cumplirse por la negativa de Marruecos. Y la escalada de tensión del conflicto ha aumentado desde la ruptura del alto al fuego en noviembre de 2020.
A pesar de que la reunión al más alto nivel entre el Gobierno de España y Rabat estaba fijada para diciembre de 2020, esta quedó aplazada y siguen sin fecha. En noviembre, sí viajo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el objetivo de activar mecanismos de repatriación ante el aumento del flujo de llegadas de personas desde Marruecos a Canarias y reforzar la vigilancia de las costas. Fruto de estas reuniones, cada semana volaban desde Gran Canaria cuatro aviones con 40 inmigrantes cada uno que aterrizan en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, en un operativo que de forma indirecta reconocía la soberanía de Marruecos. Desde el 30 de marzo, el acuerdo permanece suspendido al decretar el cierre del espacio aéreo con España y Francia por razones sanitarias.
A inicios de 2020 (el año anterior Canarias había recibido la llegada de 2.698 migrantes a través de la ruta atlántica) tuvo lugar otra fricción con Marruecos, cuando el Gobierno de Rabat aprobó dos leyes para delimitar su espacio marítimo, designando como propias las aguas saharauis y solapándose con las españolas. Con su decisión, Rabat también se atribuía el acceso a los recursos del monte submarino Tropic, que alberga un alto nivel de telurio, un material estratégico para fabricar paneles solares.
El presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, cerró filas y reiteró que el país alauí no tocaría “ni un milímetro” de las aguas españolas cercanas a las Islas. Además, también recordó que Marruecos no podía reclamar esa soberanía porque las aguas pertenecen al Sáhara Occidental. El Gobierno de España, por su parte, apeló al consenso y al mutuo acuerdo para establecer una frontera de derecho.
La ruta migratoria hacia Canarias ha estado activa desde que se tiene constancia de la primera llegada en 1994. Fueron dos saharauis que alcanzaron Fuerteventura. Desde entonces hasta principios del siglo XXI, ningún año superó las llegadas que se han producido en Ceuta en un solo día. Pero en 2002, la cifra se incrementó hasta las 9.875 personas. Rabat, “por acción o por omisión, y amparado en la dificultad de controlar sus costas, había permitido el flujo de personas hacia España, tanto de los subsaharianos como de sus propios nacionales”, cuenta el periodista Pepe Naranjo en su libro Cayucos.
Tras una escalada de tensión diplomática entre el Gobierno de José María Aznar y el régimen de Mohamed VI, en julio de 2002 soldados ocuparon de forma temporal el islote deshabitado de titularidad española. Después de nueve días de conflicto, un comando de operaciones espaciales se desplazó a la zona y clavó una bandera española en el islote, poniendo fin al incidente armado. Fue aquel sonado parte de guerra del ministro de Defensa Federico Trillo (PP): “Al alba y con tiempo duro de Levante, con fuerte Levante...”.
Al año siguiente también se producen más de 9.000 llegadas, pero partir de la Presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno de España en 2004, las relaciones con Marruecos mejoran. Se pasa de un flujo migratorio de 8.426 personas ese año a las 4.175 de 2005 pues, como recuerda el libro Cayucos, “los socialistas abandonaron la tradicional posición neutral y de respecto a los dictámenes de la ONU para escorarse hacia las tesis marroquíes”.
Además de este posicionamiento, Rabat recibió cantidades económicas para controlar la franja costera del Sáhara Occidental. La llegada de pateras disminuyó, pero las salidas se desplazaron cada vez más al sur desencadenando la llamada crisis de los cayucos de 2006, cuando alcanzaron las islas más de 31.000 personas desde las costas subsaharianas.
Este año, las llegadas a través de la ruta canaria han experimento un descenso respecto al final del año pasado, pero si se comparan con los datos de los primeros cuatro meses de 2020, la cifra es mayor: 4.411 personas en 2021 frente a 1.886 migrantes de enero a abril de 2020. Y a partir del verano se espera un incremento en el flujo de la ruta atlántica ante la llegada del bueno tiempo, la tensión entre Marruecos y España, los conflictos en El Sahel o las consecuencias de la pandemia.
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