Un total de 28 cadáveres se acumulan desde el pasado mes de junio en las cámaras del Instituto de Medicina Legal (IML) de Las Palmas de Gran Canaria, la mayoría de migrantes llegados en cayucos o pateras a la isla que murieron en la travesía o tras desembarcar.
Según han informado a Efe fuentes del IML, se trata de un problema que sigue sin resolverse y que preocupa al centro debido a que se guardan en la cámara de catástrofes, destinada a sucesos con múltiples víctimas, que debe estar preparada para este fin y cuya capacidad es de 30 cadáveres.
Además, los cuerpos no se depositan en cámaras congeladoras, sino solo refrigeradas, con lo que terminan deteriorándose y llegan con el tiempo a un estado de putrefacción, lo que supone un foco de infección y un riesgo sanitario, pese a que el personal del Instituto accede con protección, han advertido las fuentes.
En el IML siguen entrando cadáveres y el proceso para llevar a cabo estos enterramientos “va muy lento”, pero no desde el punto judicial, donde “no hay obstáculos” para celebrar los funerales. La mayoría de estos cadáveres pertenecen a migrantes, pero una tercera parte son de extranjeros muertos en otras circunstancias que no han sido reclamados, por lo que están a la espera también de un entierro de beneficiencia, que en España es un coste que recae sobre los ayuntamientos.
Al Ayuntamiento de Mogán le corresponde asumir los sepelios de los migrantes que llegan muertos al puerto de Arguineguín y los ha sufragado durante años, hasta que se ha encontrado con un problema de falta de suelo en su cementerio ante el incremento del número de muertes tras reactivarse la Ruta Canaria.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, reclamó la solidaridad del resto de los municipios de Gran Canaria y la comisión insular de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) llegó a un acuerdo el pasado mes de noviembre para colaborar y ceder espacio en otros ayuntamientos, ha informado a Efe el presidente del citado órgano y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández.
Entonces, en noviembre, cuando Mogán apeló a la solidaridad municipal, eran 24 los cadáveres de migrantes pendientes de enterrar, todos desembarcados en el puerto de Arguineguín.
En el acuerdo, aprobado de forma unánime, cada ayuntamiento se comprometía a inhumar un cadáver, a excepción de Telde, Santa Lucía y Las Palmas de Gran Canaria, los de mayor población, que se responsabilizaban de dos cada uno. Así mismo, se solicitó a la Delegación del Gobierno una reunión para que asumiera los costes económicos derivados de estos funerales, que se celebró dos semanas después del acuerdo con el delegado en Canarias, Anselmo Pestana, quien les trasladó que la competencia de esos entierros era de los ayuntamientos y que su departamento no tenía recursos para afrontar esos gastos.
En esa reunión también se pidió al delegado del Gobierno que asumiera el coste de dar sepultura a los demás extranjeros que fallecen en la isla y no son reclamados por sus familiares.
Desde la Delegación del Gobierno se ha insistido en que los ayuntamientos contarán con “apoyo institucional” y en que no tienen competencias, lo que mismo que asegura la Viceconsejería de Justicia de la comunidad autónoma, según fuentes consultadas por Efe.
Óscar Hernández ha afirmado que el pasado día 11 de febrero le comunicó la directora general de Relaciones con la Justicia del Gobierno de Canarias, Mónica Ceballos, que había un compromiso por parte de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, de asumir los costes para los traslados y enterramiento, cuestión que ha sido negada a Efe por fuentes de ese departamento.
Según Hernández, los ayuntamientos que van a colaborar en los funerales están pendientes de que se les comunique “el día y la hora que van a llegar los cuerpos”.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha asegurado a Efe también que la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la exdirectora de Relaciones con la Administración de Justicia Marta Bonet se comprometieron a asumir los costes de las funerarias, cuando se le trasladó al Gobierno canario el compromiso de la Fecam.
La Viceconsejería de Justicia “asumía las riendas y el coste” como se hizo con los 24 inmigrantes que llegaron fallecidos en un cayuco al puerto de Los Cristianos (Arona) en abril del año pasado y que fueron enterrados en La Candelaria y Santa Cruz de Tenerife, porque es el Gobierno el que se hace cargo cuando se trata de un número elevado, ha señalado Bueno, quien sostiene que los ayuntamientos sufragan los gastos del nicho y del sepulturero.
Bueno, en cualquier caso, considera que si los migrantes fallecen en alta mar, en aguas españolas, como suele ocurrir, debe ser el Gobierno de España el competente y en ningún caso los municipios, que se deben limitar a sufragar los nichos y el sepelio.