Vox ha aprovechado la manifestación vecinal organizada en el municipio de Mogán, apoyada por la alcaldesa Onalia Bueno (Ciuca), para colar mensajes alarmistas en contra de los movimientos migratorios que atraviesan el Archipiélago en la actualidad. “Canarias se pone en pie contra la inmigración ilegal masiva”, celebró el partido de extrema derecha en su cuenta de Twitter el mismo día de la marcha a la que acudió el diputado de Vox por Las Palmas, Alberto Rodríguez. Los asistentes de la protesta exigían al Gobierno el desmantelamiento del campamento de emergencia para migrantes levantado en el muelle de Arguineguín y que ha llegado a reunir a más de 1.300 personas en condiciones precarias. Bajo lemas como “viva España”, “no a la invasión” o “expulsión de los inmigrantes ilegales ya”, decenas de personas se congregaron en el sur de Gran Canaria reivindicando “más seguridad para el pueblo”.
El partido de extrema derecha ha reproducido gracias a esta manifestación mitos contra la población migrante que, según Vox, “desborda nuestros servicios, abarata la mano de obra y destroza nuestros barrios”. Preguntado por este medio, el diputado canario ha asegurado que “abarata la mano de obra porque, en un momento como el de ahora con un paro estructural alto, la llegada de más mano de obra desprecia el valor del salario. Va en la línea de los equilibrios de la oferta y demanda del mercado de trabajo”. La web pública StopRumores, financiada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y cofinanciada por el Fondo de Asilo, Migración e Integración, explica que este tipo de discursos se repiten con mayor asiduidad en tiempos de crisis.
En el caso de los migrantes en situación administrativa irregular, las dificultades y obstáculos para regularizar su estado en el país hacen que queden abocados a la economía sumergida, con trabajos precarios como la venta ambulante. Muchas mujeres incluso se ven obligadas a sufrir la prostitución. El secretario de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC), Teodoro Bondyale, advirtió durante el confinamiento de que muchos migrantes en situación administrativa irregular en Canarias habían enfrentado la pandemia con 50 euros en el bolsillo. “Muchos vivían al día y al borde de la marginalidad vendiendo en mercadillos y ganando unos 50 euros a la semana”. La crisis sanitaria y económica que golpea a España desde el estallido de la pandemia de la COVID-19 ha afectado también a las comunidades migrantes que exigen una regularización colectiva. “No podemos hacer frente a la violencia y al virus en igualdad de condiciones”, subrayan.
Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, recogidos por la agencia StopRumores, la crisis no provoca la sustitución de trabajadores españoles por trabajadores extranjeros en situación regular. “En casi todas las ocupaciones en las que los españoles pierden ocupados, también los pierden los extranjeros”. “Apenas 1 de cada 10 personas empleadas en España es extranjera. Sufren las consecuencias de la crisis con mayor intensidad que la población española”. De acuerdo con la última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de paro entre la población española es de un 14,77%, mientras que entre la población extranjera el desempleo alcanza un 25,65%.
Los inmigrantes “se enfrentan en ocasiones al rechazo de los empleadores por su color de piel, su religión o su forma de vestir”. Sus estudios y titulaciones “no siempre son reconocidos en España”, por lo que no pueden acceder a trabajos cualificados. Esto conduce a una mayor precarización de los empleos, con condiciones laborales negativas en sectores inestables. Es el caso de los temporeros o los empleados de la construcción y del hogar.
Vox ha exigido la expulsión inmediata de los “inmigrantes ilegales”. La Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria obliga a España a ofrecer acogida humanitaria a aquellas personas que hayan alcanzado el territorio por tener en su país de origen “un temor fundado a ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual”.
Aquellas personas que hayan llegado por vía marítima y no cumplan con estos requisitos, son internadas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) mientras se tramita su deportación. Una práctica rechazada por múltiples organizaciones especializadas que apelan al derecho del libre movimiento y denuncian la privación de libertad a la que se somete a los migrantes en los CIE en condiciones que “vulneran los derechos humanos”. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ya anunció que este mes de noviembre se retomarán las conexiones aéreas con Marruecos que permitirán reactivar las expulsiones a este país.
Asimismo, tras la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Mauritania, se ordenó la reapertura de los CIE de toda España, clausurados durante la pandemia ante la imposibilidad de expulsar migrantes por el cierre de fronteras. En el caso de Barranco Seco, en Gran Canaria, el desalojo fue ordenado además por las condiciones de hacinamiento que favorecieron la propagación del virus en las instalaciones. Entre los últimos meses de 2019 y a comienzos de 2020 se procedió a la expulsión de más de un centenar de malienses a Mauritania.
Según Acnur, ninguna persona procedente de las regiones afectadas por el conflicto debería ser devuelta de manera forzosa, puesto que el resto del país no debe ser considerado como una alternativa adecuada al asilo hasta el momento en que la situación de seguridad, el estado de derecho y los derechos humanos hayan mejorado significativamente. Así, Acnur insta a los Estados a proporcionar acceso al territorio y a los procedimientos de asilo a las personas que huyen del conflicto en Malí.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, reconoce que hubo “conatos de racismo” en la manifestación. “Es lo que tiene vivir en una sociedad democrática”, justificó en una entrevista concedida a una radio local en la que, además, culpó del crecimiento de Vox a la gestión migratoria del Gobierno central . Por su parte, el diputado Alberto Rodríguez asegura que “lo único que hizo el partido” fue apoyar a la plataforma vecinal que se siente “abandonada”. “El muelle ha estado desbordado con miles de personas por la improvisación del ministro Escrivá. El Gobierno llega muy tarde”, subrayó el diputado, que propone reforzar la vigilancia en las fronteras para reducir “la brecha de seguridad”.
Rodríguez considera, además, que la llegada de migrantes a las costas canarias provoca un “desprestigio de las Islas como destino turístico”. La economista y catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Josefa Martín insiste en que la caída turística actual está motivada por la pandemia y que, pese a este contexto internacional, los visitantes siguen llegando a Canarias porque se trata de un destino seguro. “Los migrantes no generan ningún disturbio. Pensar eso es dejarse llevar por el mal uso del fenómeno por parte de los partidos políticos”, apunta. Desde su punto de vista, la manipulación impulsada por las formaciones políticas debe combatirse con una respuesta eficaz por parte de las administraciones ante la llegada de migrantes, habilitando espacios y combatiendo a las mafias que ponen en riesgo la vida de las personas que quieren continuar su proyecto migratorio en Europa.
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