El uso de la inmigración como baza política es un juego tan antiguo como la presencia del fenómeno en Canarias. Mientras los partidos descargan sus responsabilidades históricas en el resto y los vecinos compensan la deshumanización de las llegadas por vía marítima a las Islas, algunas escenas que ya vivió el Archipiélago en 2001 y en la denominada crisis de los cayucos de 2006 se repiten de forma incesante. Este martes, 17 de noviembre, la Policía Nacional sacó a 227 migrantes del muelle de Arguineguín dejándolos en situación de calle, siguiendo una orden cuyo origen es hasta el momento desconocido y que ha aumentado la presión sobre el Ministerio de Interior por parte de las administraciones locales, que exigen la dimisión de Fernando Grande-Marlaska. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), mostró una aparente preocupación por la negativa de los agentes a que los migrantes permanecieran dentro del campamento de Cruz Roja. Después, fletó tres guaguas para sacar a los magrebíes del municipio y enviarlos a la Plaza de la Feria, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí permanecieron durante seis horas, abasteciéndose con la comida y el agua que llevaron al lugar residentes de distintos puntos de la Isla.
Los intentos por librarse de responsabilidades respecto a los migrantes en Canarias se remontan a 2001. Ese año, la presión migratoria que vivió la provincia de Las Palmas forzó a personas llegadas por vía marítima a dormir en la calle. Muchas de ellas, acabaron en el parque de Santa Catalina, ubicado en la capital grancanaria. José Manuel Soria, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria entre 1995 y 2003 y también expresidente del PP en la comunidad autónoma, dio órdenes de que fueran expulsados a manguerazos unos doscientos migrantes de esa plaza. Esa misma noche, los envió a Madrid en un vuelo nocturno de Iberia sin coordinarse previamente con las autoridades de la capital de España y tampoco con las ONG de la Península. El libro Cayucos, del periodista José Naranjo, relata cómo el alcalde, con el apoyo de la Policía Local, compró todos los pasajes. A partir de entonces, el Gobierno central comenzó a derivar a otras comunidades a grupos de migrantes semanalmente. En esta ocasión, en viajes financiados por el Ejecutivo estatal.
El origen de lo que sucedió en ese momento coincide con las razones que motivaron lo que Gran Canaria vivió este martes: la falta de una red estable de acogida y un plan de acción claro en materia migratoria. La intensidad de las llegadas de pateras y cayucos a Fuerteventura y Lanzarote desde 1999 hizo que se habilitara un espacio de forma improvisada como centro de internamiento de emergencia, una terminal del aeropuerto de Fuerteventura. Las condiciones eran precarias y causaron enfermedades en la piel a los migrantes que albergaba, algo similar a lo que sucede en este momento en el muelle de Arguineguín.
“Es un lugar pequeño, veinte por veinte metros, para mucha gente. Entre 200 y 500 personas dependiendo del día, en donde no hay privacidad, ni ventilación, no te puedes mover. Todo esto para gente joven que ni siquiera ha cometido un crimen”, denunció en un informe Human Rights Watch. “Las instalaciones son cerradas y la única luz natural que existe se filtra a través de pequeñas ventanas en el techo. No tienen permitido salir del recinto y no pueden realizar ninguna forma de ejercicio. Tampoco tienen acceso al aire fresco ni existe en las instalaciones un sistema apropiado de ventilación”, añade el documento. Esta organización que también ha visitado en las últimas semanas el puerto del sur de Gran Canaria y que ha asegurado que las condiciones de este espacio perjudican a la salud de sus ocupantes.
La imposibilidad de expulsar a los migrantes pasado el tiempo legal que permite que estén retenidos en estos centros de internamiento hizo que el Ejecutivo central y el regional acordaran enviarlos a Gran Canaria por ser una isla con mayor capacidad, y evitar así que quedaran en situación de calle en las dos islas no capitalinas. Una vez allí, Soria impuso un punto de vigilancia permanente por parte de la Policía Local para evitar que pernoctaran en las calles de la ciudad que dirigía y comenzó su estrategia para expulsarlos de allí.
En Tenerife, durante la crisis de los cayucos, la entonces alcaldesa de La Laguna y actual diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, tampoco quería migrantes en sus calles. El Ministerio de Defensa e Interior acordaron habilitar el acuartelamiento de Las Canteras, con capacidad para 3.000 personas. Se compraron calefacciones, camas, se instaló una ducha y se puso una cocina. Sin embargo, no pudo abrir. Oramas se negó y Fernando Clavijo, su sucesor en la Alcaldía, suscribió este rechazo cuando estuvo a los mandos.
En este momento, la colaboración de las corporaciones locales ha resultado crucial para el Ministerio de Migraciones. Un ejemplo es el acuerdo con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, dirigido por Augusto Hidalgo (PSOE), para ceder el Colegio León como espacio de acogida. Por el contrario, los desencuentros con el Ayuntamiento de Agüimes provocaron el bloqueo en la instalación del centro de emergencia de Arinaga que preveía crear el departamento de José Luis Escrivá.
San Bartolomé de Tirajana también respondió de forma negativa al traslado de migrantes que llevaban más de tres días en Arguineguín a Tunte, alegando que utilizar un municipio turístico con estos fines “no era adecuado”.
El caos generado este martes en Gran Canaria no ha hecho dimitir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pese a las peticiones de otros grupos políticos, incluido Podemos, socio de Gobierno del PSOE tanto en el Gobierno de España como en Canarias. Por su parte, Marlaska ha avanzado que se ha abierto una investigación interna para determinar si ha habido fallos de coordinación. El Ministerio de Defensa ha respondido ofreciendo 200 plazas más a Interior para descongestionar el muelle de Arguineguín. Se suman a las 800 habilitadas en el campamento militar de Barranco Seco, que funcionará como Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) para la reseña policial. Migraciones, durante la tarde de ayer y en cuanto tuvo constancia de lo que se estaba produciendo en la Isla, ordenó el traslado inmediato de los migrantes abandonados en la Plaza de la Feria a complejos hoteleros habilitados como espacios de acogida.
Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha anunciado medidas judiciales contra Interior por el desalojo de migrantes en Arguineguín. “Lo ocurrido evidencia descoordinación entre administraciones y genera miedo, lo que produce racismo y xenofobia”, concluye Morales.
Mientras tanto, se desconoce quién dio la orden de sacar a los migrantes de Arguineguín. La Delegación niega que haya tomado la decisión y descarta insistir más en el asunto, asegurando que la estampa que se vivió no se volverá a repetir. Por su parte, la alcaldesa de Mogán acusa a la Delegación del Gobierno. “Se podrían haber ahorrado este espectáculo”, aseveró Onalia Bueno.
A su lado estuvo el concejal de Seguridad de Mogán, Mencey Navarro, que criticó ante los medios de comunicación la acción de la Policía al “poner a los migrantes en la calle sin recursos, sin comida, bebida, ni destino al que ir”.
Fuentes del Ayuntamiento de Mogán han señalado además que esta misma semana, el concejal de Seguridad estuvo presente en el juicio contra dos policías locales del municipio, para los que se piden trece años y medio de cárcel por torturas y lesiones al haber dado, presuntamente, una paliza a un vendedor ambulante senegalés, que sufrió lesiones que le impidieron trabajar durante un año. Según estas fuentes, el concejal ha querido acudir a la vista para mostrar su apoyo a los agentes. En una de las sesiones, un oficial de la Policía Local que declaró como testigo subrayó que los agentes investigados eran conocidos como “los intocables”, y tenían “carta blanca” para actuar porque el padre de uno de ellos era teniente de alcalde de la corporación municipal y concejal de Policía.
También estuvo presente en la distribución de los migrantes en tres guaguas hacia la capital Israel Salas, ex vicesecretario de Organización de Vox en la provincia de Las Palmas y número 3 en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Fuentes del partido han confirmado a este periódico que Salas, que también fue Guardia Civil, dimitió hace unos pocos meses y que no mantiene una buena relación con la directiva actual. Además, estas fuentes aseguran que tiene un vínculo familiar con el dueño de Amanda Bus S.L., la compañía que trasladó a los migrantes desalojados. El partido de extrema derecha ha resurgido en la provincia de Las Palmas gracias a la crisis migratoria, encabezando manifestaciones contra la presencia de personas en el muelle bajo el lema “no a la invasión”.
Mientras tanto, en Arguineguín permanecen hacinadas 2.247 personas y se prevé que 200 sean trasladadas al campamento militar de Barranco Seco esta misma tarde.