Desalojado un centro de menores migrantes gestionado por el presidente de la COAG, acusado de explotación laboral

El centro de menores migrantes instalado en el colegio Camilo José Cela, en Gran Canaria, ha sido desalojado. El recurso estaba gestionado por la Asociación Oportunidades de Vida, presidida por Rafael Hernández, responsable de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Canarias y acusado de explotación laboral por haber empleado supuestamente a menores migrantes en sus fincas de forma ilegal.

Según han explicado fuentes de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias a este periódico, el dispositivo ha sido desmantelado por orden judicial y el caso está bajo secreto de sumario. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local Canaria, tal y como ha adelantado Canarias 7. Por su parte, los 120 jóvenes que estaban allí alojados han sido reubicados en diferentes centros de Gran Canaria.

La Fiscalía de Extranjería presentó una querella contra Rafael Hernández por presuntos delitos de trata de personas en concurso con explotación laboral de menores migrantes y falsedad documental. La querella también se dirigía contra su hija Elisa Hernández; el marido de ella, Christian Ruano; el secretario de la COAG, Manuel Redondo; una trabajadora social de Oportunidades de Vida, Kathy Godoy; la propia ONG, y la empresa Sociedad Agrícola de Transformación Agrocanarias.

En junio de 2023, la Inspección de Trabajo se personó en una de las fincas de la COAG, donde encontró a diez menores migrantes trabajando. La visita se saldó con la apertura de un expediente sancionador, que se suspendió cautelarmente con motivo de la investigación penal que se está desarrollando contra Hernández a raíz de una denuncia anónima.

Los jóvenes que supuestamente eran objeto de explotación estaban tutelados por el Gobierno de Canarias y se alojaban en el centro Tagoror de Gran Canaria, dirigido por la hija de Rafael Hernández. Según informó entonces Canarias 7, a los menores les pagaba entre 20 y 25 euros por largas jornadas de trabajo y, si no tenían un comportamiento correcto en el centro en el que dormían, les descontaba dinero.

Tanto Rafael Hernández como su hija fueron citados por la Fiscalía en el marco de la investigación, pero ambos se acogieron a su derecho a no declarar.