Desalojado el recurso de acogida donde se denunciaron supuestos abusos sexuales a menores migrantes

Los apartamentos Puerto Bello, al sur de Gran Canaria, dejarán de ser a partir de este jueves un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias en pateras y cayucos. Fuentes de la Consejería de Derechos Sociales han confirmado que este 15 de julio las 63 personas que quedaban en el establecimiento han sido reubicadas en otros espacios de la misma isla. En mayo, una denuncia anónima de los trabajadores del recurso alertaba de supuestos abusos sexuales a menores en las instalaciones y de casos de prostitución entre los usuarios. Esta polémica, sumada al mal estado del centro y la situación de estrés que sufrían los trabajadores, ha hecho que el Gobierno de Canarias decida adelantar el cierre, previsto para agosto.

Diferentes factores han alimentado el mal funcionamiento de este centro, gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Entre ellos, la convivencia entre adultos y menores de edad. En febrero, un altercado protagonizado por usuarios que tenían más de 18 años generó importantes desperfectos en el mobiliario y las instalaciones del recurso. El conflicto se saldó con al menos cuatro detenidos.

En junio, las alarmas saltaron cuando un informe emitido de forma anónima por empleados de Puerto Bello aseguraba que un menor había sufrido abusos sexuales en reiteradas ocasiones por parte de dos usuarios que, según el documento, eran adultos y estaban a la espera de ser derivados a otro recurso. La misma denuncia relata que al menos tres menores del centro habían sufrido explotación sexual, tanto en el interior con otros menores como fuera, con personas mayores de edad.

Según los trabajadores, algunos niños sufrieron supuestamente agresiones físicas por algunos empleados, con ''contenciones físicas desproporcionadas en las que los auxiliares colocaban la rodilla sobre el cuello de los usuarios''. También se dieron casos, según esta carta, de ''intimidación'' de los usuarios, ''realizando golpes violentos contra la pared con un palo de madera por parte de un auxiliar, insultos de manera continuada y vejatoria a los menores, haciendo referencia a su origen, edad, apariencia física, higiene y orientación sexual''. 

La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia tuvo constancia de estos supuestos hechos el 31 de mayo, a través de un correo electrónico sin firma. Diez días después, el área ordenó una inspección, cuyas conclusiones no permitieron confirmar que estos hechos se habían producido. Los trabajadores también remitieron la denuncia al Ayuntamiento de Mogán, que quince días más tarde, cuando la información apareció en los medios de comunicación, aseguraron que pondrían la denuncia en conocimiento de la Fiscalía de Las Palmas.

La tarde del 15 de julio, la fiscal jefa de Las Palmas, Beatriz Sánchez, llamó a declarar al director del centro. Hace dos semanas también fue llamado a declarar uno de los trabajadores que participó en la elaboración del documento.