El juez Arcadio Díaz Tejera, que supervisa el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Gran Canaria, ha manifestado este martes su discrepancia con sus colegas de la Audiencia de Madrid, porque, en su opinión, los menores migrantes no acompañados no son ni un problema social ni un problema político, “son nuestra esperanza y nuestro futuro”.
“Si no es por ellos, los hijos de ustedes no cobrarán pensiones; es egoísmo supino, son los mejores de sus países de origen”, ha dicho en el Parlamento de Canarias este magistrado, al cargo del control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, en alusión al auto que avaló que no se retirase el cartel de Vox sobre los menores migrantes.
En ese auto, la sección segunda de la Audiencia de Madrid sostiene “con independencia de si las cifras que se ofrecen (en el cartel de Vox) son o no veraces, (esos menores) representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio”
El juez Díaz Tejera ha comparecido en la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento canario con meses de retraso desde que fue invitado por Ciudadanos para hablar de la “vergüenza del muelle de Arguineguín”, como llamó al hacinamiento y vulneración de los derechos humanos de miles de migrantes en esa instalación de la costa de Gran Canaria desde agosto a noviembre de 2020.
“Les sugiero que si alguna vez vivimos alguna experiencia semejante no esperen a nadie, desde que vean que hay una violación de derechos fundamentales hay que denunciarlo, da igual quién esté gobernando, sean amigos o hermanos, porque cada uno tiene que cumplir su función”, ha aconsejado a los representantes políticos.
El juez ha subrayado que “nadie estuvo libre y voluntariamente en Arguineguín”, como se dijo para justificar el hacinamiento durante tres meses de quienes llegaban en patera al sur de Gran Canaria; todos “estaban custodiados”.
Además, ha proseguido, “hubo un rosario de denuncias” ante las cuales no tiene que ser necesariamente un juez el que actúe: hubo “un clamoroso silencio de los que hemos jurado la Constitución y los derechos humanos, no debimos haberlo permitido”, ha espetado a los parlamentarios.
El juez ha subrayado que no se explica cómo se llegó a esa situación de vulneración de derechos humanos cuando “había un montón de instalaciones vacías”, salvo que se quisieran mandar mensajes a Bruselas, del tipo “nos portamos bien y los tenemos ahí”, o para los africanos, para que pensaran: “No vamos para allá porque nos van a hacinar en el muelle”.
“Arguineguín fue una flagrante violación de los derechos humanos, lo que me interesa es que no se vuelva a repetir, no me interesa ver quién dio la orden de hacinar hasta 2.600 personas ni que se les sancione, lo que intento es que nunca exista una experiencia como el muelle de Arguineguín”, ha remarcado.
Díaz Tejera ha recordado que él no tiene competencia directa más allá de la supervisión del Centro de Internamiento de Extranjeros de Las Palmas de Gran Canaria, que está vacío porque las fronteras están cerradas y nadie puede ser expulsado a su país.
Pero cada ocho días, en su turno de juez de guardia, es responsable de velar por el cumplimiento de los derechos humanos y aprovecha para supervisar las condiciones de los tres centros de acogida de su jurisdicción en Gran Canaria.
En esos centros, los migrantes pueden estar hasta 72 horas y ha señalado que la principal demanda en el centro de acogida temporal (CATE) es que los internos pasan hambre y frío.
El frío se suele solucionar con más mantas, pero la comida que les dan “es poca y siempre fría”, ha denunciado.
Díaz Tejera ha dicho que no ha visitado el centro de acogida de Tenerife de Las Raíces, en La Laguna, pero, conociendo el frío y la humedad en esa zona, ha comentado que situar ahí esa instalación “es como buscar adrede un lugar donde los chicos lo van a pasar mal”, más aún cuando hay alternativas.
Otro de los asuntos que ha abordado fue el de la asistencia jurídica a la que tienen derecho las personas que llegan a las costas, pero eso sigue siendo “una asignatura pendiente”, porque no existe. Lo que hay es “presencia jurídica”, no asistencia jurídica, que requiere una conversación privada entre un abogado y su cliente con un intérprete en su lengua materna.
También ha denunciado la vulneración de derechos que supone impedir a los migrantes viajar desde Canarias a otros lugares de España a partir de que un alcalde de Andalucía “se escandalizó porque bajaban negros pobres por la escalera del avión”.
El juez ha insistido en que el fenómeno migratorio “nos va a acompañar toda la vida”, la inmensa mayoría de los que llegan son “gente educada, tranquila y noble”, sin perjuicio de que puede llegar también alguien conflictivo y con antecedentes, y ante eso “debemos ser inteligentes”, no repetir errores y “acoger, en vez de recoger”.