M. L. llegó el 8 de octubre a Gran Canaria en una patera con 18 personas más. La travesía comenzó cuatro noches antes en Dajla, y un trayecto que podía ser de dos días se prolongó hasta cinco cuando los ocupantes de la embarcación perdieron el rumbo. De pronto, Salvamento Marítimo acudió a su rescate y desembarcaron en el muelle de Arguineguín, a donde esa jornada llegaron en total 107 personas. Dos días más tarde, sobre las manos de M. L. recayó el final de su paso por Europa: una orden de devolución firmada por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y a la que ha tenido acceso este medio. Según ha explicado M. L., antes de recibir el documento no había hablado con ningún abogado para conocer sus derechos. La única información que recibió le fue dada en el complejo extrahotelero al que fue derivado. Allí, agentes de la Policía Nacional le dijeron que iba a ser expulsado.
Esta situación se ha repetido en varias ocasiones en los últimos días en el Archipiélago. Tal y como ha publicado la Cadena SER, “desde hace meses no se está garantizando la mínima asistencia letrada a los inmigrantes”, no solo en Gran Canaria, sino también en Lanzarote y en Tenerife, a pesar de que tienen derecho a recibirla en las primeras 72 horas desde su llegada. En esta última isla, Cruz Roja asegura que “sí da asistencia y apoyo en materia jurídica” una vez que los migrantes entran en sus recursos de acogida. La ONG Entre Mares ha señalado que en Fuerteventura también se reproducen estas prácticas. “No es ninguna novedad. Llevamos 26 años en la misma situación. Además, antes de la pandemia, intentamos acceder al albergue de Tefía para hablar con los migrantes y la ONG que lo gestiona nos echó. Hablamos con ellos desde el otro lado del muro y nos contaron que nadie les había asesorado jurídicamente. Si no se hacía antes de la COVID-19, cuando la presión migratoria era menor, ahora menos”, subrayan desde la entidad.
Fuentes de la Abogacía han señalado a este medio que algunos letrados se justifican apelando a la insalubridad del muelle de Arguineguín. Por ello, “se limitan a firmar el papel” que les da la Policía, sin entrevistarse con los migrantes tampoco en los hoteles donde son acogidos cuando los resultados de la PCR prueban que han dado negativo en coronavirus.
La subdirectora para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, Judith Sunderland, ha respondido a Canarias Ahora que, durante su visita a Arguineguín, las personas que entrevistaron fuera del muelle y que habían pasado tiempo allí declararon que “no habían hablado con ningún abogado ni recordaban la presencia de letrados”. Respecto a la presencia de intérpretes, “un par de personas dijeron que había una mujer que hablaba francés y otro hombre africano que hablaba francés”. “Todos me dijeron que no habían entendido que el papel que les daban era una orden de devolución. Los que entendieron algo me dijeron que la Policía les explicó que con ese papel eran fichados y el papel servía para identificarlos si eran parados por la Policía”, subraya Sunderland.
Distintos abogados han asegurado a la Cadena SER que solo disponen de un traductor por patera o cayuco, embarcaciones que en ocasiones están ocupadas por más de 160 personas. Además, los letrados insisten en que los tradauctores se limitan a traducir que firmen el papel.
Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno de España que establezca un mecanismo de emergencia con instalaciones adecuadas que saque a las personas del puerto de Arguineguín para que tengan garantizados todos sus derechos, en especial las más vulnerables como las víctimas de trata. “No solo no se han acondicionado las instalaciones, sino que además hay que lamentar que la asistencia letrada es cada vez más deficitaria. De hecho, se están tramitando órdenes de devolución sin que las personas hayan recibido una adecuada asistencia letrada, tal y como exige el derecho internacional de los derechos humanos”. Además, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha tildado de “grave irregularidad” decretar órdenes de devolución directamente sin que las personas hayan recibido atención jurídica individualizada en espacios adecuados y con traductores.
Malienses internados
El internamiento de 29 malienses en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Gran Canaria, ya hizo saltar las alarmas. En ese momento, el juez de control, Arcadio Díaz Tejera, ya advirtió de que “no habían sido informados” acerca de sus derechos tras su llegada en patera a las costas de la Isla. Entre este grupo de nacionales de Malí había un joven albino que fue internado a pesar del doble riesgo que sufre en su país de origen. Por un lado, por tratarse de un Estado en Guerra. Por otro, por ser uno de los países en los que se persigue a las personas albinas para utilizar partes de su cuerpo en rituales, al creer que tienen propiedades mágicas. Sin embargo, “nadie se dio cuenta de que era albino” y acabó en Barranco Seco.
“Los inmigrantes indocumentados que llegan a España deben conocer sus derechos a través de un abogado y de un intérprete, de forma individual y privada”, aseveró. Fue el propio magistrado el que, una vez internados en el CIE, se dirigió a ellos para explicarles su derecho a solicitar protección internacional al proceder de un país en conflicto. Según Acnur, ninguna persona procedente de las regiones afectadas por el conflicto de Malí debería ser devuelta de manera forzosa, puesto que el resto del país no debe ser considerado como una alternativa adecuada al asilo hasta el momento en que la seguridad haya mejorado significativamente. Así, Acnur insta a los Estados a proporcionar acceso al territorio y a los procedimientos de asilo a las personas que huyen del conflicto en Malí.
Al acogerse a este derecho, los malienses fueron puestos en libertad, quedando en el CIE 22 personas que fueron expulsadas a Mauritania este martes 10 de noviembre, a pesar de que solo una de ellas fuera de nacionalidad mauritania. Del resto, 18 procedían de Senegal, dos de Gambia y una de Guinea Bissau. Las autoridades mauritanas confirmaron que esa misma noche, los migrantes deportados desde Canarias serían expulsados hacia Senegal.
En Tenerife, una jueza evitó el internamiento de 31 malienses en el CIE de Hoya Fría, aplicando la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoce a los Juzgados de Instrucción la competencia para ofrecer la posibilidad a los migrantes de solicitar protección internacional después de escuchar sus testimonios. El objetivo es agilizar los trámites y evitar posibles expulsiones injustas, como la que se produjo en 2019 con la expulsión del maliense V. L.
Expulsiones sin garantías
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha lamentado la “clara indefensión jurídica” que sufren las personas que llegan a Canarias por vía marítima. La organización ha mostrado su preocupación al conocerse que los abogados deben procurarse sus propios equipos sanitarios y que los acuerdos de devolución se tramitan por grupos y sin asistencia letrada.
CEAR advierte de que estas prácticas vulneran el derecho a la asistencia jurídica de estas personas y el de información para posibles solicitantes de asilo, con independencia de su nacionalidad.
“Es fundamental que cualquier persona que llegue a nuestro país tenga garantizado el acceso a la asistencia letrada y si hay un proceso de devolución, este cuente con todas las garantías”, defiende Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR en Canarias.
La reactivación hace ya un año de la ruta canaria y el consecuente incremento de llegadas ha provocado también que en el suelo del muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, duerman más de 1.800 personas. Muchas de ellas duermen sobre el asfalto y a la intemperie ante la ausencia de carpas suficientes. CEAR pide al Ministerio del Interior que deje de poner trabas a las derivaciones a la Península desde el Archipiélago.
“Canarias no puede convertirse en un agujero negro en materia de derechos, como lo han sido las islas griegas, ni el coronavirus puede ser la excusa para no afrontar un incremento de llegadas que lleva produciéndose desde hace más de un año. Busquemos alternativas más coherentes con la realidad”, propuso Lorenzo.
El Defensor del Pueblo abre una investigación
El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, investiga la queja elevada por el Colegio de Abogados de Las Palmas sobre la garantías en la asistencia jurídica de las personas migrantes que llegan a Canarias por vía marítima.
Esta falta de asistencia letrada se está produciendo “de manera sistemática” en los últimos meses, por lo que el Consejo General de la Abogacía y los letrados del Colegio de Abogados reclaman que los migrantes cuenten con la “preceptiva asistencia jurídica que les informe de sus derechos y les guíe en todo el proceso”.
Por ello, la Abogacía Española exige a las autoridades responsables que se proporcionen los medios necesarios para que pueda prestarse “un servicio digno y de calidad y con todas las medidas de seguridad sanitaria que requiere la situación actual, tal y como corresponde a un Estado de Derecho”.