España ha repatriado a un total de 153 personas migrantes desde Canarias hasta sus países de origen entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2021, según ha informado el Gobierno en una respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el Partido Popular (PP).
El Ejecutivo central ha explicado que para los retornos por vía marítima se utiliza a la empresa Transmediterránea y que sus costes se estiman en unos 200.000 euros; mientras que los que se realizan por vía aérea se realizan a través de Air Moroco y tendrán un coste aproximado de 700.000 euros. Este dinero está a cargo de los presupuestos del Ministerio del Interior, explica.
El diputado del PP Carlos Rojas ha cuestionado al Ejecutivo sobre las repatriaciones y las derivaciones a Península tras la comparecencia en el Senado, el pasado 23 de febrero, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que este aseguró que sólo se traslada a migrantes que pertenecen a grupos vulnerables.
Rojas ha preguntado sobre quién decide y cómo qué personas pertenecen a estos grupos vulnerables, así como el número de los traslados realizados en este año y su coste.
En su respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno respalda las declaraciones de Grande-Marlaska, señalando que Interior “no organiza, ni gestiona, ni financia traslados de migrantes desde Canarias hacia la Península”, aunque sí “ha dado autorización” a algunos casos “esporádicos y muy limitados” por ser “personas vulnerables o susceptibles de ser acreedoras de protección internacional”.
Estos colectivos vulnerables, indica la Moncloa, se establecen según la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, en la que se identifican a estos colectivos.
El Gobierno ha explicado que aquellos extranjeros incursos en un expediente sancionador con propuesta de expulsión o sobre los que ya exista una orden de expulsión, tienen unas medidas cautelares para su localización. Así, deben presentarse de forma periódica ante las autoridades; deben tener su residencia obligatoria en determinado lugar; o se les retira el pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad.
Del mismo modo, se puede determinar la detención cautelar de dicha persona o determinar su internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).
El Gobierno de España también ha informado que las peticiones de asilo y de protección internacional formuladas en lo que va de año (a fecha de 9 de abril) son 988, de las cuales se han resuelto unas 400 de forma favorable. De ellas, se han concedido 16 (8 mujeres y 8 hombres) protecciones de asilo; 82 (todas mujeres) protecciones subsidiarias; y 302 (124 hombres y 178 mujeres) protecciones por motivos humanitarios.
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