No abordar la acogida ''a golpe de emergencia'', contratar a personal formado y transformar el debate político. Estas son algunas de las propuestas para mejorar la atención de los menores migrantes en Canarias que recoge el informe sobre Vulneraciones de Derechos Humanos en Canarias 2024: Infancia migrante y criminalización, publicado este miércoles y elaborado por los centros Irídia y Novact en colaboración con la Red de Solidaridad con las Personas Migrantes en Lanzarote.
La investigación advierte de que el tira y afloja entre partidos y gobiernos para reformar la Ley de Extranjería y sacar adelante el traslado obligatorio de jóvenes hacia la Península consolida una ''narrativa criminalizadora'' que contribuye a presentar la inmigración como una amenaza. Los menores migrantes ''se han convertido en el foco de negociaciones poíticas y discursos de odio'' que, lejos de poner el centro en el interés superior de los niños y niñas, usa su llegada como arma arrojadiza.
El texto subraya que para poder proteger a la infancia migrante es clave la colaboración y la coordinación de todas las comunidades autónomas y del gobierno central. Sin embargo, añade, impera un ''recurrente conflicto'' derivado de ''la falta de voluntad política y falta de compromiso con la protección de la infancia migrante''. Tratar en el debate público ''una situación estructural como una crisis puntual'' alimenta la confrontación política, ''dejando de lado la garantía de derechos''.
Una emergencia crónica
Gestionar la llegada de menores no acompañados ''a golpe de crisis y de emergencia'' y no como algo estructural es, según el informe, un error. ''En 2020 se aprobó un decreto en el que se suspendían las garantías que establece la ley de protección del menor para aumentar los ratios y permitir que se usaran centros que no estaban diseñados para eso. En octubre de 2023 se volvió a declarar la situación de emergencia'', insistieron desde Novact en una rueda de prensa convocada este miércoles en Barcelona y retransmitida también online. ''La migración de la infancia tiene que abordarse como un fenómeno estructural y desde una perspectiva de derechos'', insisten.
La declaración de la emergencia declarada a finales de 2023 ha permitido al Gobierno de Canarias abrir diferentes centros por todas las islas para acoger a los menores llegados a las islas en pateras y cayucos. En la actualidad, el Ejecutivo regional cuenta con 86 recursos para atender a 5.500 personas. Tal y como han reiterado desde el propio gobierno autonómico, en estos dispositivos de emergencia no siempre se garantizan los derechos fundamentales de los jóvenes.
''El enfoque de emergencia tiene como consecuencia la disminución de garantías'', indica el análisis. En diferentes ocasiones, trabajadores y usuarios han denunciado las condiciones insalubres de algunos recursos, así como supuestas agresiones y malos tratos hacia los migrantes. Es el caso del centro de Hoya Fría, habilitado en un centro de colombofilia de Santa Cruz de Tenerife. Este recinto, ''una nave de grandes dimensiones y no un espacio habitacional'', ha llegado a alojar a más de 300 personas. En una de sus plantas se instalaron decenas de literas, con poco espacio entre ellas y que revelaban ''una clara sobresaturación del espacio''.
Según el informe, aunque varias personas entrevistadas señalaron los malos tratos como un problema que se ha repetido en varios centros de menores, existen “pocas denuncias formales”. “Los propios jóvenes expresaron sus inquietudes y temores a la hora de denunciar”, incide el texto. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y la dificultad para acceder a sistemas de denuncia accesibles, seguros y eficaces son algunas de las causas que explican su temor, dice el estudio.
Un sistema ''opaco''
La adjudicación por la vía de emergencia de los contratos para la gestión de los centros contribuye a dibujar un sistema ''opaco'', ha subrayado en la rueda de prensa Leticia Marthe, de la Red de Solidaridad de Lanzarote. ''No sabemos cómo se elige a las entidades que llevan los centros'', alertó. En cuanto al personal que trabaja en los recursos, Marthe insiste en que son perfiles “de portero de discoteca o de persona que practica la lucha canaria'' en lugar de educadores.
''En un marco de emergencia, se deja de lado la perspectiva de derechos de la infancia, centrada en la acogida y en un proyecto educativo sólido'', insiste el informe. Según el texto, en la selección del personal se valoran aptitudes relacionadas con el mantenimiento de la seguridad y no la formación en acogida, protección internacional y migraciones.
''Se trata de un colectivo particularmente vulnerable, expuesto a sufrir formas extremas de violencia, trata de seres humanos, abusos físicos, psicológicos y sexuales antes, durante y depsués de su llegada al territorio de la UE'', indica el informe. Por ello, añade, es clave la presencia de personal especializado que pueda identificarlos y acompañarlos garantizando su protección desde la llegada.
La identificación
La investigación también detecta deficiencias en la correcta identificación de los menores en Canarias, un momento clave en el proyecto migratorio de los supervivientes al ser ''la puerta de entrada al resto de garantías y de derechos''. La mala identificación de los jóvenes tiene importantes consecuencias para ellos, al terminar en centros para adultos o ''en situación de calle tanto en Canarias como en la Península''.
Las deficiencias en la identificación han empujado a menores a centros para mayores y también a adultos a centros reservados para niños. En febrero de este año, el Gobierno de Canarias reconoció que había alojado a 140 menores en un espacio separado dentro del campamento de Las Raíces, un centro para adultos, ante la falta de ''espacio físico'' en el resto del Archipiélago.
Por otro lado, los errores en la reseña de los supervivientes han empujado a almenos 15 menores a la cárcel acusados de ser patrones de patera ''en procedimientos penales donde no se han garantizado sus derechos fundamentales''. En esta línea, las entidades defienden la presencia de personal especializado en infancia tanto en el momento del desembarco como en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). ''Para poder proteger a la infancia, el requisito inicial es poder identificarla'', concluye el texto.
Acceso a protección internacional
La legislación de protección a la infancia no excluye del derecho de los menores al asilo. Según Irídia y Novact, en 2023 se registraron 31 solicitudes de protección internacional en Canarias por parte de niños y niñas sin referentes adultos. ''Son cifras muy bajas teniendo en cuenta que el Acnur señalaba que el 55% de la infancia no acompañada llegada a Canarias podría ser sujeto de protección internacional'', indica el informe, que también advierte del aumento de las llegadas de menores malienses, una nacionalidad que cuenta con una tasa de reconocimiento del 98%.
De acuerdo con el estudio, Unicef ha advertido de la falta de formación en materia de protección internacional entre el personal de los centros. Por ello, en junio de 2024, el Gobierno de Canarias y Acnur aprobaron un protocolo para la identificación y el acompañamiento de menores con necesidades de protección internacional. El objetivo: ''garantizar el derecho de la menor y el menor migrante a ser informado de sus derechos'' e impartir formación específica a las personas que trabajan con la infancia en movimiento.