La Fiscalía Superior de Canarias ha advertido al Gobierno canario que no permitirá que menores migrantes llegados a las Islas no sean acogidos por los centros de atención tras la publicación del protocolo de este jueves, que permite al Ejecutivo “verificar” si las instalaciones de atención cuentan con plazas suficientes y aumenta la burocracia en la recepción de los niños extranjeros no acompañados.
En un decreto difundido este viernes, la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, da instrucciones a los fiscales del Archipiélago sobre cómo actuar si cualquier fuerza o cuerpo de seguridad del Estado pone en su conocimiento “la negativa de la Dirección General de Protección de la Infancia” a la acogida de un menor migrante en un centro de la Comunidad Autónoma cuando este haya sido “debidamente reseñado” conforme al protocolo nacional de 2014.
El Gobierno de Fernando Clavijo (CC) publicó este jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) un protocolo que detalla cómo pretende actuar a partir de ahora ante el “desorden” que cree que genera el hecho de que la Policía entregue a los niños llegados en patera directamente a los centros sin una identificación detallada y sin cumplir los trámite pautados, poniendo en riesgo sus derechos, a su juicio.
Esa nueva instrucción exige que el menor llegue perfectamente filiado e identificado, que se le haya escuchado y entrevistado para saber si es candidato a refugio o asilo, que el Estado tramite cada expediente de forma individualizada y que la Fiscalía intervenga si hay dudas sobre su edad; y todo ello, antes de trasladarlo a un centro de la comunidad autónoma, siempre y cuando esta confirme que tiene plazas.
Según esta circular de la Fiscalía, el Ministerio Público entiende que el marco de referencia para determinar si el menor ha sido entregado correctamente a la autoridad responsable de su tutela es el protocolo aprobado en 2014, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, por los Ministerios de Justicia, Interior, Servicios Sociales y Exteriores, así como por la propia Fiscalía General del Estado.
Si el fiscal de guardia en cada isla recibe el aviso de la Policía de que un centro del Gobierno canario no acepta a un menor llegado a la costa sin compañía de ningún familiar, librará un oficio a la Dirección General de Protección de la Infancia para “interesar que se adopten las medidas necesarias” para que sea acogido “de forma inmediata” en el centro de protección que considere.
En paralelo, dará instrucciones a la Policía para que le proporcione comida y alojamiento “hasta que el mismo sea recogido por la Dirección General, o bien se indique el centro donde deba ser ingresado, o bien, con arreglo al protocolo, sea entregado a la Policía Autonómica Canaria, en cuyo caso se deberá controlar el tiempo de permanencia de dicho menor en dichas dependencias policiales”.
La fiscal superior de Canarias ordena, además, que se pida a la Policía un informe detallado sobre las circunstancias personales de ese menor, sobre su estado de salud y sobre lo ocurrido en su travesía hasta llegar a las Islas, con detalles sobre cuántos días estuvo en el mar o si murió alguno de sus compañeros.
Además, el fiscal de guardia “identificará de forma detallada a las personas de la Dirección General de Protección de la Infancia que o bien no responden a las llamadas, o bien les contesten que no tienen capacidad de acogida para dichos menores, o bien que no se van a hacer cargo de los mismos con base en el protocolo publicado el día 12 de septiembre del 2024 en el Boletín Oficial de Canarias”.
La finalidad de todo ello, añade la instrucción, es que después los fiscales especializados en Extranjería o Trata de Personas “deberán incoar las correspondientes diligencias preprocesales de investigación ante la posible comisión de un delito de abandono de menores sin perjuicio de cualquier otro delito que pudiera aparecer en el curso de la investigación”.